Más de 45 mil denuncias entre 2023 y 2025; el 58% corresponde a mujeres. La falta de presupuesto y ejecución limita la respuesta estatal en las primeras horas, las más decisivas para encontrarlas. 

El Presupuesto General creció 17.2%, pero ese incremento no se reflejó en más recursos operativos efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. 

El Estado peruano ejecuta solo una parte de los recursos públicos vinculados a la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, lo que limita su capacidad de respuesta en las primeras horas, consideradas clave para encontrarlas con vida. Esta baja ejecución de recursos públicos impacta directamente en la operatividad de las instituciones encargadas de la búsqueda y en la protección de quienes se encuentran en mayor riesgo de violencia, trata o feminicidio.  

En este contexto, entre enero de 2023 y mayo de 2025 se registraron 45,073 denuncias por desaparición, de las cuales el 58% corresponde a mujeres. Las adolescentes de 12 a 17 años concentran casi la mitad de los casos, y solo el 52% de las personas reportadas fueron ubicadas, lo que evidencia una respuesta estatal deficiente.

Se necesita ejecutar los recursos 

Como parte de la campaña Búscalas, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional, con el apoyo de la Unión Europea, presentaron el Informe de Análisis de Presupuestos Públicos (2023–2025). En el estudio se evidencia que, si bien el Presupuesto General de la República creció 17.2% en dicho periodo, este incremento no se tradujo en una mejora de la capacidad operativa del Estado. Por el contrario, se observa una reducción en los recursos destinados a bienes y servicios, que son fundamentales para la logística, las intervenciones territoriales y las acciones de búsqueda e investigación, así como la ausencia de instrumentos presupuestales adecuados, como un clasificador específico, que permita conocer cuánto invierte realmente el Estado en esta problemática. 

“La desaparición de una mujer o una niña es una emergencia de derechos humanos que exige una respuesta inmediata del Estado. El tiempo es el factor más crítico en estos casos, y cuando las instituciones no tienen los recursos operativos para actuar en las primeras horas, se incumple con la debida diligencia reforzada que el derecho internacional obliga. Perú tiene las herramientas legales, pero carece de voluntad política traducida en presupuesto real”, enfatizó Jennie Dador Tozzini, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. 

Por su parte, Liz Meléndez, directora ejecutiva del CMP Flora Tristán, señaló que la desaparición es una manifestación grave de la violencia de género. “No solo la falta de recursos limita la búsqueda, sino también los estereotipos como ‘se habrá ido con el enamorado’ que todavía persisten. Sin voluntad política para una ejecución efectiva, las respuestas llegan tarde y el dolor de las familias se vuelve permanente. No basta con tener leyes si el Estado no pone los recursos para cumplirlas”, señaló. 

Esta situación refleja limitaciones en la priorización y gestión efectiva de los recursos públicos, lo que se traduce en cifras alarmantes: el Programa de Seguridad Ciudadana, responsable de financiar las funciones policiales de búsqueda, dejó de gastar más de la mitad de sus recursos, ejecutando apenas el 48.4% de lo planificado. Sin este financiamiento real, herramientas como la Línea 114 pierden efectividad, dejando a las víctimas a merced de un sistema que carece de operatividad en las horas más críticas

Costos irreparable

Durante la presentación del informe, Carlos Rodríguez, padre de Solsiret Rodríguez, dio su testimonio sobre el abandono institucional a las familias de las mujeres y niñas desaparecidas. “Recibimos el peor trato de la Policía y la Fiscalía. Tuve que hacerme cargo personalmente de las investigaciones porque las normas solo están en el papel. En el Perú, la víctima pierde automáticamente sus derechos, mientras el victimario los mantiene. La tragedia que vivimos afectó a toda la familia, incluyendo a mis nietos que padecen el trauma hoy en día”, lamentó. 

La campaña Búscalas busca fortalecer la debida diligencia en la prevención, búsqueda y acceso a la justicia, visibilizando que cada minuto sin recursos operativos suficientes aumenta el riesgo y la vulnerabilidad de las víctimas. Con esta reciente publicación, exigimos la creación urgente de un clasificador presupuestal específico para monitorear la calidad del gasto.