Amnistía Internacional se suma a los eventos conmemorativos por los seis años de la tragedia en Bagua. Como se recuerda, el 5 de junio de 2009, se produjo una intervención policial de desalojo en dicho lugar, en el cual nativos de las etnias Awajún y Wampis se encontraban protestando durante semanas para proteger la propiedad de las tierras en las que habitan desde hace muchos años. Esta fecha es una oportunidad para informar y reafirmar nuestro compromiso de búsqueda de justicia para las familias de las 34 personas que fallecieron ese día. Así como reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas.Actualmente se están llevando a cabo los juicios orales, con seis procesos abiertos para los nativos y mestizos involucrados, uno para un grupo de policías y ninguno para las autoridades políticas que autorizaron y estuvieron al tanto de un operativo que restringió la presencia de representantes de la Fiscalía de la Nación e impidió el acceso de profesionales de la salud y ayuda humanitaria.
1) Las protestas de los pueblos indígenas que le exigían al Estado peruano un debido proceso de consulta previa se iniciaron en abril de 2009. La carretera Fernando Belaúnde estuvo ocupada por 45 días.
2) Para el 4 de junio, los awajun y wampis habían decidido retirarse al día siguiente a las 10.a.m. El traslado no pudo realizarse antes pues tuvieron que recolectar dinero para el combustible de la movilidad.
3) El 5 de junio, las fuerzas policiales incursionan con un operativo de desalojo que dejó como saldo 33 muertos (23 policías y 10 civiles). Si bien el Mayor Felipe Bazán fue declarado muerto, su cuerpo nunca fue encontrado.4) El día del operativo, y contraviniendo lo que indica la ley, la policía restringió el acceso de representantes de la Fiscalía de la Nación e impidió el acceso de profesionales de la salud y ayuda humanitaria.5) Se han abierto 7 procesos judiciales; uno investiga las responsabilidades de las fuerzas policiales que participaron en el operativo, los otros 6 las de los ciudadanos. Ninguno sobre las responsabilidades de los que ordenaron el operativo con armamento de guerra desde Lima.En setiembre de 2009, Amnistía Internacional publicó un informe sobre lo ocurrido y dio una serie de recomendaciones al Estado peruano para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y tomar medidas para evitar que se repitan enfrentamientos de este tipo.