La magistratura iraní debe detener la ejecución de cuatro miembros de la minoría árabe ahwazí de Irán que han sido condenados a muerte, porque se han cometido graves violaciones del debido proceso. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, el Centro de Documentación de Derechos Humanos de Irán y Human Rights Watch. La magistratura debe ordenar que se celebre un nuevo juicio, en el que se cumplan las normas internacionales sobre juicios justos y no quepa la posibilidad de imponer la pena de muerte. Según han contado a los grupos de derechos humanos activistas de los derechos de la minoría árabe ahwazí y familiares de los condenados, éstos se pusieron en contacto con ellos el 16 de julio de 2013 y les dijeron que temían que las autoridades ordenaran llevar a cabo las ejecuciones en cualquier momento.De acuerdo con información recogida por los grupos de derechos humanos, durante su prisión preventiva las autoridades tuvieron meses recluidos en régimen de incomunicación a los condenados, así como a otros tres acusados a quienes han impuesto penas de cárcel. Les negaron el acceso a un abogado y sometieron a hostigamiento y detuvieron a familiares suyos. En el juicio hubo irregularidades de procedimiento, y las sentencias condenatorias estuvieron basadas en "confesiones" que los acusados dijeron haber hecho bajo tortura. No hay constancia de que el tribunal investigara sus denuncias de tortura."La falta de abogados en etapas clave de los procedimientos y la existencia de denuncias creíbles de 'confesión' bajo coacción plantean serias dudas sobre la legitimidad del juicio de estos árabes ahwazíes y, más aún, sobre sus condenas de muerte", ha manifestado Tamara Alrifai, directora de promoción para Oriente Medido de Human Rights Watch. "El hecho de que el gobierno tenga un terrible historial en lo que a los derechos de la minoría árabe ahwazí de Irán se refiere confirma aún más la necesidad de un juicio justo."El tribunal condenó a Ghazi Abbasi, Abdul-Reza Amir-Khanafereh, Abdul-Amir Mojaddami y Jasim Moghaddam Payam a muerte por los imprecisos "delitos" de moharebeh ("enemistad con Dios") e ifsad fil-arz ("corrupción en la tierra"). Tales cargos guardan relación con una serie de atentados con arma de fuego que, presuntamente, causaron la muerte de un agente de policía y un soldado. El tribunal condenó a otros tres acusados --Shahab Abbasi, Sami Jadmavinejad y Hadi Albokhanfarnejad-a tres años de prisión en Ardebil, ciudad del noroeste del país, por participación leve en los atentados. El tribunal de primera instancia dictó sentencia una semana después del juicio, que había durado alrededor de dos horas, según cartas escritas, presuntamente, por los acusados a grupos de defensa de los derechos árabes ahwazíes.Las fuerzas de seguridad y de inteligencia tienen en el punto de mira a los activistas árabes desde de abril de 2005, cuando se tuvo noticia de que el gobierno de Irán pensaba dispersar a los árabes ahwazíes para hacerles perder su identidad como tales.Las autoridades iraníes han ejecutado a decenas de personas desde las controvertidas elecciones presidenciales de 2009, muchas de ellas de minorías étnicas, por presuntos vínculos con grupos armados o "terroristas". Tras unos disturbios que se produjeron en Juzestán en abril de 2011, los grupos de derechos humanos recibieron información no confirmada según la cual se habían llevado a cabo hasta nueve ejecuciones de miembros de la minoría árabe. En junio de 2012 hubo cuatro ejecuciones más, y la información recibida indica que en abril de 2013 se produjeron otras cinco.La Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Ahvaz, capital de la provincia de Juzestán, impuso las condenas el 15 de agosto de 2012. La Sección 32 de Tribunal Supremo de Irán las confirmó en febrero de 2013. Los tribunales revolucionarios están autorizados a conocer de asuntos clasificados por la magistratura como relacionados con cuestiones políticas y de seguridad nacional. Sus juicios se celebran a puerta cerrada, y, en virtud de legislación largo tiempo vigente, sus jueces y fiscales tienen poderes discrecionales extraordinarios, especialmente durante la etapa de instrucción, para limitar o impedir de hecho la participación de abogados de defensores.En la sentencia del tribunal revolucionario, que los grupos de derechos humanos han podido examinar, se declara a los siete hombres culpables de los imprecisos "delitos" de moharebeh ("enemistad con Dios") e ifsad fil-arz ("corrupción en la tierra"). El tribunal determinó que los acusados habían establecido un grupo "étnico separatista", que utilizaba armas y efectuaba disparos para provocar miedo y pánico y menoscabar la seguridad pública".Ninguno de los acusados tenía antecedentes penales, se afirma en la sentencia. Los siete vivían en Shadegan (Fallahiya en árabe), localidad situada unos 100 kilómetros al sur de Ahvaz.En algunas de las cartas, sus autores afirman que las fuerzas de seguridad e inteligencia tuvieron a los siete hombres recluidos en régimen de incomunicación durante meses, los maltrataron para conseguir "confesiones", sometieron también a malos tratos y a detención a familiares suyos con el mismo fin y los juzgaron a todos a la vez en una sola sesión que duró menos dos horas. En las cartas se afirma que ninguno de los seis abogados presentes tuvo oportunidad de hacer una defensa adecuada de sus clientes.En una de ellas, el acusado que la firma manifiesta que, a pesar de la falta de pruebas, los agentes de inteligencia presionaron al tribunal revolucionario para que declarara a los siete hombres culpables de moharebeh e ifsad fil-arz y los condenara a muerte. En otra, los acusados denuncian que en los interrogatorios en prisión preventiva no preguntaron a ninguno de ellos sobre el supuesto grupo armado - Kita'eb Al Ahrar- al que las autoridades afirman que pertenecen, pese a que la magistratura se basó en su pertenencia a él para imponerles la pena de muerte.En un alegato de la defensa en que se critica la sentencia del tribunal de primera instancia, de la que los grupos de derechos humanos han podido examinar una copia, uno de los abogados afirma que el fallo es criticable por varios motivos, entre ellos que el tribunal no tuviera en cuenta que los acusados habían denunciado que sus "confesiones" se habían obtenido mediante tortura.Los grupos de derechos humanos no pudieron verificar de manera independiente la autenticidad de las cartas ni el alegado de la defensa.Una persona que había estado detenida y que habló con los grupos de derechos humanos con la condición de que se la mantuviera en el anonimato dijo que, en 2011, estuvo durante alrededor de dos semanas en la misma ala de la prisión de Karun que los cuatro condenados a muerte. Explicó que Amir-Khanafereh y Ghazi Abbasi le habían dicho que, durante el tiempo que pasaron en el centro de detención del Ministerio de Información de Ahvaz, los agentes les vendaron los ojos, los sujetaron boca abajo a una cama con correas y los golpearon con cables en la espalda y los pies para hacerlos confesar haber utilizado armas de fuego.La misma fuente contó que había visto que Amir-Khanafereh y Ghazi Abbasi tenían marcas negras alrededor de las piernas y los tobillos, causadas, dijeron, por un aparato de descargas eléctricas que les habían aplicado en el centro de detención del Ministerio de Información. Explicó que había visto las mismas marcas negras en las piernas de otros activistas árabes durante su reclusión en Karun. Añadió que Amir-Khanafereh y Ghazi Abbasi le dijeron que no les permitían recibir ninguna visita y que los agentes del Ministerio de Información los habían tenido meses recluidos en régimen de incomunicación.En la sentencia, basada fundamentalmente en las presuntas "confesiones" de los acusados y en pruebas circunstanciales, se afirmaba que, entre otras cosas, los miembros de ese grupo habían participado en varios atentados con arma fuego contra agentes de policía y sus bienes, como consecuencia de los cuales habían muerto al menos dos agentes.En la sentencia del Tribunal Supremo, de la que los grupos de derechos humanos han examinado una copia, se confirmó el fallo del tribunal de primera instancia y se identificó a las víctimas de los atentados como el agente de policía Behrouz Taghavi, muerto a tiros delante de un banco el 26 de febrero de 2009, y el recluta Habib Jadhani, muerto también por disparos en la primavera de 2008. Tanto en la sentencia de tribunal de primera instancia como en la del Supremo se reconoce que algunos de los acusados se retractaron en el juicio de sus confesiones porque las habían hecho bajo tortura física y psicológica, pero en ninguna de las dos se reconoce la validez de las retractaciones. No se tiene noticia de que alguno de los dos tribunales abriera una investigación sobre la presunta tortura.Según los artículos 183 y 190-191 del Código Penal de Irán, toda persona que haya utilizado "armas para provocar terror y miedo o menoscabar la seguridad pública y la libertad" puede ser declarada culpable de moharebeh o ifsad fil-arz. Entre las penas por estos cargos figura la ejecución en la horca."Es horrible que se determinara condenar a los cuatro ahwazíes a muerte tras un juicio básicamente injusto, en el que se incumplieron de manera manifiesta garantías fundamentales como el derecho de defensa básica y no se atendieron las denuncias de tortura y malos tratos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. "Como mínimo debe garantizarse a los acusados un nuevo juicio y la capacidad de defenderse debidamente en él. De lo contrario se correrá el riesgo de que estos hombres sean ejecutados por un delito que podrían perfectamente no haber cometido."El artículo 38 de la Constitución iraní prohíbe todas las formas de tortura practicada "con el fin de conseguir confesiones". Asimismo, el Código Penal de Irán prevé la sanción de los funcionarios que torturen a ciudadanos a fin de obtener "confesiones". A pesar de estas garantías jurídicas y constitucionales acerca de las confesiones obtenidas con coacción, a veces se emiten "confesiones" por televisión incluso antes de haber terminado el juicio, y los tribunales iraníes las aceptan en general como prueba. Tales emisiones constituyen un incumplimiento de la obligación de garantizar juicios justos, incluida la presunción de inocencia, contraída por Irán en virtud del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que es Estado Parte.Las disposiciones del Pacto sobre juicios justos exigen también a Irán garantizar que todos los acusados disponen de tiempo suficiente y medios adecuados para preparar su defensa y comunicarse con un abogado de su elección. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que el respeto estricto de las garantías de juicio justo es especialmente importante en los casos en se puede imponer la pena capital.Desde el 14 de junio, cuando se celebraron las elecciones municipales y presidenciales, fuentes oficiales y no oficiales han informado de al menos 71 ejecuciones. Irán fue uno de los principales verdugos del mundo en 2012, cuando se ahorcó a más de 500 presos en cárceles o públicamente."Cuatro hombres se enfrentan al patíbulo tras haber desestimado el juez su declaración de que hicieron sus confesiones bajo coacción", ha afirmado Gissou Nia, directora ejecutiva del Centro de Documentación de Derechos Humanos de Irán. "Como mínimo merecen un nuevo juicio y una investigación imparcial sobre los abusos a que aseguran que fueron sometidos para hacerlos confesar."