El anuncio hecho público hoy de que la Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación sobre los delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto que azota Malí desde hace un año es un paso fundamental hacia la justicia para las víctimas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.El anuncio de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha tenido lugar tras la petición realizada el pasado julio por el gobierno de Malí de que se investigaran delitos de derecho internacional cometidos desde enero de 2012, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura, desapariciones forzadas y uso de niños y niñas soldados."Es una importante oportunidad de conseguir justicia para las víctimas de delitos de derecho internacional cometidos durante el año pasado en Malí, y transmite a quienes planean y cometen esos delitos un importante mensaje de que no pueden actuar impunemente y que pueden ser llevados ante la justicia", ha manifestado Paule Rigaud, directora adjunta del Programa para África de Amnistía Internacional.El 18 de julio de 2012, seis meses después de comenzar el conflicto, el ministro de Justicia de Malí, Malick Coulibaly, entregó a la fiscal de la CPI una carta en la que le remitía la situación de su país, sobre la base de que las autoridades nacionales no pueden investigar y enjuiciar los delitos.Una vez más, Amnistía Internacional insta a la fiscal de la CPI a investigar exhaustivamente los delitos cometidos por todas las partes del conflicto en todo el país."Aunque se ha prestado mucha atención a la situación en el norte de Malí, es fundamental que la CPI examine la totalidad de los presuntos delitos cometidos en todo el país, incluidos los perpetrados por las fuerzas de seguridad malienses", ha manifestado Paule Rigaud.Desde que comenzó el conflicto armado en el norte de Malí en enero de 2012, Amnistía Internacional ha documentado delitos de derecho internacional cometidos por todas las partes enfrentadas.Los tuareg y los grupos armados de oposición islamistas han cometido abusos contra los derechos humanos, tales como tortura y homicidios de soldados malienses capturados, violación de mujeres y niñas y reclutamiento de niños y niñas soldados. También han atacado y destruido lugares culturales y religiosos.Las fuerzas de seguridad de Malí también han cometido violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales de civiles tuareg, bombardeos indiscriminados de campamentos nómadas tuareg y matanzas de ganado del que la población nómada depende para sobrevivir.Los delitos no se limitan al norte del país. Amnistía Internacional también ha documentado casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y ataques contra dirigentes políticos, periodistas y otras personas que manifestaban su disidencia pacíficamente en el sur, donde se encuentra la capital, Bamako.El gobierno de Malí debe tomar también medidas para garantizar la justicia, la verdad y la reparación para todas las víctimas. Pese a que se han abierto varias investigaciones sobre algunos de esos casos, ninguno de ellos ha llegado a los tribunales nacionales."La CPI sólo podrá enjuiciar un reducido número de casos. Es fundamental que se tomen medidas efectivas para fortalecer el sistema de justicia maliense con el fin de investigar y -cuando existan pruebas admisibles suficientes- enjuiciar otros delitos de los que la CPI no puede hacerse cargo, y para garantizar que las víctimas conocen la verdad y obtienen una reparación, y pueden así rehacer sus vidas", ha manifestado Paule Rigaud.El anuncio de la CPI ha tenido lugar tan sólo unos días después de que tropas francesas, a petición del gobierno maliense, lanzaran una contraofensiva contra grupos armados islamistas para impedir la captura de ciudades del sur del país.