Las fuerzas militares internacionales y afganas deben preservar los modestos avances en derechos humanos conseguidos en estos 12 años y garantizar la protección de los derechos de la población afgana durante y después de la transición en curso en materia de seguridad; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante la reunión que la OTAN celebra esta semana en Bruselas.Los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se reúnen en Bruselas del 4 al 5 de junio para debatir, entre otras cosas, los avances en el traspaso de las responsabilidades en materia de seguridad al ejército nacional afgano por parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS/OTAN) , así como el "periodo de transformación" a partir de 2014."Afganistán está atravesando un momento crítico, en que el traspaso de la seguridad ya está bastante avanzado, y es fundamental que ni el gobierno afgano ni sus socios internacionales se olviden de los derechos humanos durante este proceso", ha afirmado Isabelle Arradon, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía."El país aún se enfrenta a retos enormes en materia de derechos humanos que deben considerarse prioritarios en cualquier agenda relativa al futuro de Afganistán."La población civil continúa sufriendo las peores consecuencias de la violencia en el conflicto afgano, y persiste la preocupación ante la ausencia de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad afganas e internacionales por los daños causados a la población civil y la pérdida de sus medios de subsistencia como consecuencia de sus operaciones militares.Según datos de la ONU, más de 2.700 civiles perdieron la vida en 2012, y las fuerzas afganas y de la FIAS fueron responsables del 80 por ciento de las muertes."Tanto las fuerzas afganas como las internacionales han insistido en su compromiso con la protección de la población civil. A tal fin, tanto la OTAN como la FIAS deben emprender con carácter urgente investigaciones eficaces y exhaustivas sobre todas las denuncias relativas a muertes y daños a civiles resultantes de sus operaciones militares, a fin de evitar un legado de denuncias no resueltas en 2014", ha afirmado Isabelle Arradon, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.Amnistía Internacional reconoce que la FIAS/OTAN ha tomado medidas para reducir el número de víctimas civiles, entre otras cosas impartiendo instrucciones tácticas y orientación operativa.Sin embargo, la Unidad de Seguimiento de Víctimas Civiles de la FIAS debe estar dotada de recursos suficientes y no lo está, y asimismo debe ser ampliada para que abarque todos los "organismos gubernamentales", incluidos los diversos servicios de inteligencia y contratistas privados que realizan operaciones militares en Afganistán.Los Estados que participan en la FIAS/OTAN deben asimismo acelerar las medidas encaminadas a ayudar al gobierno afgano a crear un mecanismo encargado de vigilar e investigar las muertes y lesiones de civiles atribuidas a las Fuerzas de Seguridad Nacionales afganas, y de garantizar remedios eficaces y oportunos cuando se cometan tales actos.Se debe poner más el foco en la formación sobre derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como en la formación sobre la perspectiva de género dirigidas a todo el personal de seguridad afgano pertinente, incluida la policía local afgana.Más de medio millón de personas continúan desplazadas en Afganistán, la mayoría como consecuencia del conflicto, y existe el peligro real de que su número aumente si no hay mejoras significativas a corto plazo en materia de seguridad.Muchos afganos desplazados se ven obligados a vivir en condiciones de asentamiento precario, con saneamiento deficiente y falta de acceso al agua, la alimentación, la educación y la asistencia médica, y amenazados con su desalojo forzoso."Los países de la OTAN deben abordar los efectos del conflicto en el desplazamiento al debatir la transición de las responsabilidades en materia de seguridad. Las fuerzas internacionales y afganas deben hacer más esfuerzos para dar seguimiento a los efectos de las operaciones militares en las poblaciones locales, y adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo del desplazamiento en las zonas afectadas por sus operaciones", ha señalado Arradon.Muchas mujeres afganas han expresado su preocupación porque consideran que los avances en materia de derechos humanos que tanto han costado están en situación precaria y corren el peligro de ser sacrificados por el gobierno afgano en su intento de alcanzar un acuerdo político con los talibanes y otros grupos insurgentes.Todos los Estados, incluidos los contribuyentes de la FIAS/OTAN, y el gobierno de Afganistán deben aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a la seguridad de las mujeres en Afganistán y a su papel en la resolución de conflictos.De los 70 miembros que componen el Consejo Superior para la Paz -el órgano del gobierno afgano encargado de dirigir las conversaciones de reconciliación y paz propuestas con los talibanes y otros grupos armados-, solamente siete son mujeres."Por desgracia, se está marginando incluso a estas mujeres que integran el Consejo Superior para la Paz en negociaciones de paz trascendentales", ha señalado Arradon."La inclusión de las mujeres en las conversaciones de paz debe ser genuina y significativa, y sus preocupaciones prioritarias deberán reflejarse íntegramente."Se procurará que haya paridad de género en todos los equipos de negociación, incluidos los consejos provisionales y las jirgas (consejos tribales) de paz. Como mínimo deberán cumplir las garantías contenidas en la Constitución afgana sobre representación parlamentaria de las mujeres, que establece un cupo del 25 por ciento para las mujeres.