14N: Impunidad no puede ser la respuesta a familias de las víctimas de la represión estatal

(Lima, 13 de noviembre de 2026). A seis años de las movilizaciones de noviembre de 2020, aún no hay responsables por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fueron asesinados en el marco de la represión estatal en Lima.

Como se recuerda, el 14 de noviembre de 2020, miles de jóvenes se movilizaron en diferentes regiones del país. La respuesta represiva de las fuerzas estatales en la capital peruana causó la muerte de dos jóvenes y dejó graves lesiones a decenas de personas.

Amnistía Internacional se suma a la preocupación de las familias por las demoras en las investigaciones y riesgos de que el caso sea archivado. En ese sentido, reitera su pedido a la Fiscalía de avanzar con las diligencias respectivas e investigaciones para identificar responsabilidades que alcancen a toda la cadena de mando, permitiendo, a seis años de los hechos, que las víctimas y sus familias accedan a justicia.

Si bien el proceso penal comprende la acusación de 11 policías por el delito de asesinato con alevosía y lesiones graves en un contexto de violaciones a los derechos humanos, la denuncia contra los presuntos responsables políticos de las muertes de los jóvenes fue archivada por el Congreso de la República en 2022, y se han presentado demoras en las investigaciones del caso.

"A seis años, las familias de Inti Sotelo y Bryan Pintado siguen esperando justicia, en un país donde la impunidad se va institucionalizando por ley. Mientras aún no hay responsables por lo sucedido, normas como la Ley 32735 abren la puerta a que casos de uso de la fuerza contra quienes protestan salgan de la justicia ordinaria. La respuesta a quienes se movilizan pacíficamente no puede ser el uso desproporcionado de la fuerza ni la impunidad", dijo Vanessa Cuentas, coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.

La organización reitera también su preocupación por el persistente patrón de uso desproporcionado de la fuerza contra movilizaciones sociales. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, 50 personas murieron en diferentes regiones del país en escenarios de represión estatal, y en octubre de 2025, el músico Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, murió por el impacto de un disparo de arma de fuego de un agente estatal en el contexto de la represión estatal de protestas en Lima.

Sumado a ello, en los últimos años se han aprobado normas, como la Ley de Protección Policial (Ley 31012) que eliminó el principio de proporcionalidad de uso de la fuerza en la legislación nacional, o la que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria (Ley 32735). La vigencia de estas leyes incrementa los riesgos de impunidad y obstaculiza el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional recuerda que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la fuerza debería utilizarse solo en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional, con un propósito legítimo y sometida siempre a un proceso de rendición de cuentas. Instamos al Estado peruano a derogar toda norma regresiva, así como también, a garantizar justicia para las familias de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y la no repetición de estos hechos.