1.- Médicos debían cumplir con metas de esterilizaciones

Según la Defensoría del Pueblo e informes periodísticos se establecieron cuotas mínimas de esterilizaciones que se debían cumplir en los centros médicos de las zonas más pobres del país. Esto ocasionó que se lleve a mujeres con engaños, amenazas e información falsa para realizarles operaciones contra su voluntad.

2.- No existe una cifra oficial.

Según la Defensoría del Pueblo existe un estimado de 272 mil mujeres que fueron sometidas intervenciones quirúrgicas de esterilización. Esta información se obtuvo de informes del Ministerio de Salud de finales de los años noventa. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de mujeres y hombres que fueron esterilizados contra su voluntad o sin su consentimiento libre e informado.

3.- Solo un caso judicializado.

Actualmente existen 2074 casos en investigación en el Ministerio Público. El Estado solo ha reconocido responsabilidad en el caso de Mamérita Mestanza ante la CIDH. Producto de este acuerdo se asumió el compromiso de “revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, para que se individualice y se sancione debidamente a los responsables”. Hasta la fecha las investigaciones en la fiscalía se han reabierto hasta en tres ocasiones y sigue sin darse respuesta a las demandas de justicia de las víctimas.

4.- Violaciones  graves a los Derechos Humanos de mujeres campesinas e indígenas.

El Ministerio de Justicia define la esterilización forzada como “un procedimiento quirúrgico, realizado a varones o mujeres en contra de su voluntad o sin su consentimiento libre e informado”. Según la Defensoría del Pueblo, las esterilizaciones forzadas aplicadas a mujeres de zonas rurales, en su mayoría quechua hablantes, constituye un problema de violencia de género, además de una grave afectación a los derechos a la vida, la salud física y mental, e integridad de las víctimas.

5.- Creación del REVIESFO (Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas) y reparación a las víctimas.

Organizaciones de víctimas de todo el país y organizaciones de la sociedad civil y Amnistía Internacional apostaron durante el 2015 por exigir al gobierno de turno la creación de un registro de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. Luego de su creación se inició la inscripción de mujeres en diversas regiones del país. A pesar de algunas fallas en el proceso van más de tres mil mujeres registradas por el Minjus.

Este registro servirá para el desarrollo de una política integral de reparaciones, compromiso realizado en la campaña por el presidente Kuczynski.