A casi 100 días del inicio de las protestas, Perú atraviesa una crisis de derechos humanos que viene agudizando las violencias que enfrentan las mujeres día a día, ha señalado hoy Amnistía Internacional con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.
En las últimas semanas la organización ha registrado patrones de violencia basada en género contra mujeres que participaban de las movilizaciones en diferentes regiones del país, entre ellos, mensajes y acciones machistas y discriminatorias desde las autoridades que vulneran el derecho de ellas a la protesta pacífica.
En este contexto, la agenda pendiente para avanzar en los derechos de las mujeres sigue debilitándose. A pesar de que en 2022 se registraron 11 524 casos de violencia sexual contra menores de 12 a 17 años, y 1 625 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres, en junio se promulgó la Ley 31498. Esta norma deja la puerta abierta a que grupos de padres y madres de familia, bajo criterios religiosos o morales, puedan vetar el contenido de materiales educativos, poniendo en grave riesgo la implementación de la educación sexual integral que es una herramienta esencial para prevenir la violencia de género desde la infancia.
Por otro lado, en los últimos años las cifras de feminicidios y desaparición de mujeres en el país muestran también que la violencia machista no da tregua. En 2022 se reportó la desaparición de 11 524 mujeres y 137 mujeres fueron víctimas de feminicidios.
Las mujeres trans enfrentan una situación particularmente grave. Según la Defensoría del Pueblo, el 95.8 % de ellas ha sido víctima de violencia, y ante la indiferencia de las autoridades, no cuentan con una ley de identidad de género que les permita acceder a derechos fundamentales, como el derecho a la identidad o a la salud.
En el caso de mujeres venezolanas refugiadas y migrantes que han sido víctimas de violencia basada en género en Perú, la organización ha documentado que, por temor a enfrentar represalias por su estatus migratorio, muchas de ellas prefieren no denunciar a sus agresores quedando así en mayor vulnerabilidad y desprotección frente a la violencia machista.
“En esta fecha no dejamos de reconocer las luchas y logros de las mujeres por sus derechos, pero no podemos dejar de denunciar la violencia estatal contra ellas, que se refleja en la desidia e impunidad, así como en el impulso de agendas conservadoras y antiderechos que buscan frenar avances, desprotegiéndolas frente a la violencia machista”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
La organización demanda a las autoridades que garanticen el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencias, desde una educación basada en el respeto e igualdad, políticas de prevención, y una actuación diligente de los operadores de justicia frente a la violencia machista que no permita la impunidad.
“La impunidad de los agresores y la inacción de las autoridades revictimiza y ofrece una pésima señal. Desde Amnistía Internacional pedimos tolerancia cero a la violencia machista”, sostuvo Ana María González, presidenta de Amnistía Internacional Perú.