Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la ley que concede amnistía a perpetradores de violaciones de derechos humanos y establece “amnistía humanitaria” para personas mayores de 70 años que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o en trámite de ejecución de sentencia.

Esta ley, que impactará en al menos 156 casos con sentencia firme, cuyos responsables, que purgan condena por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, podrían salir en libertad, deja un precedente nefasto para el derecho de las personas a la justicia en el país. 

Por otro lado, la cancelación de casos en investigación y proceso de juzgamiento, como el de Putis, Ayacucho (1984), donde 123 personas, entre ellas menores de edad, fueron asesinadas, deja un mensaje de indolencia e indiferencia frente al dolor y derecho de las víctimas y sus familias que llevan décadas buscando justicia.
Recordamos que los estándares regionales e internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. Entre estos crímenes se cuentan desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, entre otros. 

Advertimos a la sociedad sobre un avance del autoritarismo e impunidad en Perú a través de normas que debilitan el espacio cívico y el acceso a la justicia, así como de iniciativas para desacatar compromisos internacionales. Frente a ello, reiteramos al Estado peruano su deber de garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de toda la sociedad, lo cual es solo posible fortaleciendo investigaciones y condenando a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos. 

Para pasar la página, el Estado tiene la obligación de asegurar garantías de no repetición, lo cual es posible enfrentando de manera decidida la impunidad y encontrando a los culpables de crímenes tan atroces como los cometidos en Perú.