(Lima, 13 de junio de 2025). Amnistía Internacional rechaza el proyecto de ley 7549, aprobado por el Congreso en primera votación, que propone brindar amnistías a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía, miembros de comités de autodefensa y funcionarios del Estado sin sentencia firme por “casos vinculados a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000”. Asimismo, establece una “amnistía humanitaria” para personas mayores de 70 años que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o en trámite de ejecución de sentencia.

La aprobación de este proyecto vulnera y pone en riesgo el acceso a la justicia, la verdad y la reparación a miles de víctimas y sus familiares, pues coloca un freno a la acción penal en curso contra presuntos responsables de crímenes de derecho internacional y releva de sanción a quienes han sido hallados responsables de tales crímenes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.

Esta amnistía, de aprobarse definitivamente, impactará en al menos 156 casos con sentencia firme cuyos responsables, que purgan actualmente condena por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, saldrán en libertad. Además, pondría fin a cientos de casos en investigación y proceso de juzgamiento, como el de Putis (Ayacucho), en 1984, donde 123 personas fueron asesinadas.

“Miles de familias llevan décadas buscando justicia, verdad y reparación. Para cerrar las heridas del conflicto armado interno es esencial que todas las víctimas puedan acceder a sus derechos. Es fundamental pensar en el plazo razonable para las víctimas, y para ello es importante fortalecer las investigaciones y fiscalías, y no eliminar procesos y penas a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Los estándares regionales e internacionales de derechos humanos establecen claramente que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. Otorgar amnistías a los presuntos responsables y responsables de estos hechos representa un grave incumplimiento de la obligación internacional adquirida por el Estado peruano de investigar, perseguir y castigar a quienes cometen violaciones graves de derechos humanos, y de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

Por otro lado, velar por la vida y la garantía del derecho a la salud de una persona privada de su libertad es una preocupación legítima, pero cada caso debe ser revisado de manera individual y ser evaluado de manera proporcional, de tal manera que cualquier medida que se adopte no vaya en perjuicio del derecho que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias a la justicia.

“Es muy preocupante que en Perú, en lugar de fortalecerse las garantías de no repetición, se haya aprobado el año pasado una ley que prescribe delitos de lesa humanidad, y que hoy se busque aprobar un proyecto de amnistía generalizada. No se puede dar la espalda a víctimas y familiares que llevan décadas esperando justicia. Seguiremos exigiendo justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y la sociedad peruana”, dijo Navarro.

Ante este riesgo de impunidad, exhortamos al Congreso peruano a rechazar esta iniciativa, y a las autoridades de justicia, a fortalecer las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas.