En mayo de 2021, un grupo de familias palestinas de Sheikh Jarrah, un barrio de la Jerusalén Oriental ocupada, comenzó a protestar contra el plan de Israel de desalojarlas de sus viviendas para hacer sitio a los colonos judíos. Muchas de las familias son personas refugiadas que se establecieron en Sheikh Jarrah tras ser objeto de desplazamiento forzado en torno a la época en que se creó el Estado de Israel en 1948.  Desde que Israel ocupó Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania en 1967, la población palestina de Sheikh Jarrah es blanco continuo de las autoridades israelíes, que usan leyes discriminatorias para desposeer sistemáticamente a la población palestina de sus tierras y casas para beneficiar a la población israelí judía.  

Ante las manifestaciones en Sheikh Jarrah, miles de palestinos y palestinas de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) organizaron protestas a su vez en apoyo de estas familias y contra su experiencia común de fragmentación, desposesión y segregación a las que las autoridades israelíes respondieron con el uso de fuerza excesiva y de medios letales que causaron heridas, arrestos y detenciones de miles de personas.

Los sucesos de mayo de 2021 fueron representativos de la opresión que sufre la población palestina cada día desde hace décadas. La discriminación, la desposesión, la represión de la disidencia, los homicidios y lesiones son parte de un sistema concebido para privilegiar a la población israelí judía a expensas de la palestina.  

Esto es apartheid. 

La nueva investigación de Amnistía Internacional muestra que Israel impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en todas las zonas bajo su control —en Israel y en los TPO— y a las personas refugiadas palestinas, a fin de beneficiar a la población israelí judía. Esto constituye apartheid y está prohibido por el derecho internacional.

Las leyes, políticas y prácticas concebidas para mantener un sistema cruel de control de la población palestina han dejado a ésta fragmentada geográfica y políticamente, muchas veces empobrecida y en un estado permanente de temor e inseguridad.

El apartheid es una violación del derecho internacional público, una violación grave de derechos humanos protegidos internacionalmente y un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho penal internacional.

El término “apartheid” se usó originalmente para referirse al sistema político de Sudáfrica que imponía expresamente la segregación racial y la dominación y opresión de un grupo racial por otro. Posteriormente, la comunidad internacional lo ha adoptado para condenar y criminalizar este tipo de sistemas y prácticas con independencia del lugar donde existan.

Se comete el crimen de lesa humanidad del apartheid según la Convención contra el Apartheid, el Estatuto de Roma y el derecho internacional consuetudinario cuando se perpetra un acto cruel o inhumano (en esencia una violación grave de derechos humanos) en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro con la intención de mantener ese sistema.

La mejor forma de entender el apartheid es verlo como un sistema de trato discriminatorio prolongado y cruel de un grupo racial a los miembros de otro con la intención de controlar al segundo.

Amnistía Internacional ha creado un curso gratuito de 90 minutos titulado “Deconstruir el apartheid israelí contra la población palestina”. Para saber más sobre el crimen de apartheid en el derecho internacional, cómo es el apartheid en Israel/TPO y cómo afecta a la vida de la población palestina, inscríbete en nuestro curso en la academia de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional.

Personas palestinas que se dirigen al complejo de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén Oriental para las oraciones del primer viernes del mes santo musulmán del Ramadán esperan para pasar por el control de Qalandia entre Ramala y Jerusalén Oriental, ambos en la Cisjordania ocupada, el 2 de junio de 2017. © Abbas Momani / AFP vía Getty Images

El apartheid no es aceptable en ninguna parte del mundo. Entonces ¿por qué el mundo lo acepta contra la población palestina?

La comunidad internacional lleva tiempo dejando de lado los derechos humanos cuando se trata de abordar las décadas de lucha y sufrimiento del pueblo palestino. Los palestinos y palestinas que sufren la brutalidad de la represión de Israel reclaman desde hace más de dos décadas que se entienda el régimen israelí como apartheid. Con el tiempo, ha empezado a cobrar fuerza un reconocimiento internacional más amplio del trato que da Israel a la población palestina como apartheid.

Aun así, los gobiernos con responsabilidad y poder para hacer algo se niegan a tomar medidas significativas para obligar a Israel a rendir cuentas de sus actos. En su lugar, se esconden tras un proceso de paz moribundo a expensas de los derechos humanos y de la rendición de cuentas. Lamentablemente, la situación actual no muestra ningún avance hacia una solución justa sino el empeoramiento de los derechos humanos para la población palestina.

Amnistía pide a Israel que ponga fin al agravio internacional y el crimen de apartheid desmantelando las medidas de fragmentación, segregación, discriminación y privación actualmente vigentes contra la población palestina.

Desde su creación en 1948, los sucesivos gobiernos de Israel han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimir y dominar a la población palestina. Este sistema se manifiesta de diferentes formas en las diferentes zonas en las que Israel ejerce el control sobre los derechos de la población palestina, pero la intención es siempre la misma: privilegiar a la población israelí judía a expensas de la palestina.

Las autoridades israelíes hacen esto por medio de cuatro estrategias principales:

1. FRAGMENTACIÓN EN DOMINIOS DE CONTROL

Durante la creación de Israel como Estado judío en 1948, Israel expulsó a cientos de miles de personas palestinas y destruyó cientos de pueblos palestinos en lo que constituyó una limpieza étnica.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos han ideado leyes y políticas para garantizar la fragmentación continua de la población palestina. Ésta vive confinada en enclaves en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, y en las comunidades refugiadas, donde es sometida a diferentes regímenes jurídicos y administrativos. Esto tiene el efecto de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre comunidades palestinas y de reprimir la disidencia constante contra el sistema de apartheid; también contribuye a maximizar el control israelí judío sobre la tierra y a mantener una mayoría demográfica judía.

Millones de personas palestinas permanecen desplazadas como refugiadas y continúan aisladas físicamente de las que residen en Israel y los TPO merced a la negación continua por parte de Israel de su derecho a volver a sus casas, pueblos y localidades.

2. DESPOSESIÓN DE TIERRAS Y PROPIEDADES

Desde 1948, Israel ha hecho confiscaciones masivas y crueles de tierras para desposeer a la población palestina de sus tierras y casas. Aunque la población palestina en Israel y los TPO está sometida a regímenes jurídicos y administrativos diferentes, Israel usa medidas de expropiación de tierras similares en todas las zonas. Por ejemplo, desde 1948, Israel ha expropiado tierras en zonas de importancia estratégica que incluyen poblaciones palestinas significativas como Galilea y el Néguev/Naqab, y ha usado medidas similares en los TPO tras la ocupación militar por Israel en 1967. Para maximizar el control israelí judío sobre la tierra y reducir al mínimo la presencia palestina, la población palestina está confinada en enclaves separados y densamente poblados. Mientras tanto, las políticas israelíes permiten la asignación discriminatoria de tierras estatales para ser utilizadas casi exclusivamente para beneficiar a personas israelíes judías tanto dentro de Israel como en los TPO.

3. SEGREGACIÓN Y CONTROL

Los sucesivos gobiernos israelíes persiguen la estrategia de establecer la dominación a través de leyes y políticas discriminatorias que segregan a la población palestina en enclaves basándose en su condición jurídica y su estatuto de residencia.

Israel niega a su ciudadanía palestina sus derechos a la igualdad en la nacionalidad y la condición jurídica, mientras que la población palestina en los TPO sufre graves restricciones a la libertad de circulación. Israel también limita los derechos de la población palestina a la agrupación familiar de un modo muy discriminatorio: por ejemplo, las personas palestinas de los TPO no pueden obtener la residencia ni la ciudadanía mediante el matrimonio, algo que sí está alcance de las personas israelíes judías.

Israel impone asimismo limitaciones severas a los derechos civiles y políticos de la población palestina a fin de reprimir la disidencia y mantener el sistema de opresión y dominación. Por ejemplo, millones de personas palestinas de Cisjordania siguen estando sometidas al régimen militar israelí y a las draconianas órdenes militares adoptadas a partir de 1967.

4. PRIVACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Estas medidas han dejado a la población palestina marginada, empobrecida y económicamente desfavorecida en Israel y los TPO.

Las décadas de asignación discriminatoria de recursos por las autoridades israelíes en beneficio de la ciudadanía israelí judía en Israel y de los colonos israelíes en los TPO agravan las desigualdades. Por ejemplo, millones de personas palestinas dentro de Israel y Jerusalén Oriental viven en zonas densamente pobladas que, en general, están subdesarrolladas y carecen de servicios esenciales como recogida de basuras, electricidad, transporte público e infraestructura para el agua y el saneamiento.  

Las personas palestinas que viven en todas las zonas bajo control de Israel tienen menos oportunidades para ganarse el sustento y participar en actividades empresariales que las personas israelíes judías. Experimentan limitaciones discriminatorias en el acceso a, y el uso de, las tierras de cultivo, el agua, el gas y el petróleo, entre otros recursos naturales, así como restricciones a la provisión de servicios de salud, educación y otros servicios básicos.

Además, las autoridades israelíes se han apropiado de la inmensa mayoría de los recursos naturales de la población palestina en los TPO para beneficio económico de la ciudadanía judía en Israel y en los asentamientos ilegales.

Pertenencias de una familia palestina esparcidas en el suelo después de que las fuerzas israelíes derribaran su casa ese día en el pueblo de Umm al Khair, en la Cisjordania ocupada, el 9 de agosto de 2016. © Active Stills

NEGACIÓN DE UNA VIVIENDA: DEMOLICIONES Y DESALOJOS FORZOSOS

La población palestina está sometida sistemáticamente a demoliciones de viviendas y desalojos forzosos, y vive con el temor constante de perder su casa. 

Hace más de 73 años que Israel somete a desplazamiento forzado a comunidades palestinas enteras. Se han demolido cientos de miles de viviendas palestinas, lo que ha causado terribles traumas y sufrimientos. Hay más de seis millones de personas palestinas refugiadas que, en su inmensa mayoría, viven en campos de refugiados, algunos de ellos fuera de Israel y los TPO. En los TPO hay alrededor de 100.000 personas palestinas y otras 68.000 dentro de Israel en riesgo inminente de perder su casa, muchas de ellas por segunda o tercera vez.

La población palestina está atrapada en un círculo vicioso: Israel les exige la obtención de un permiso para construir o erigir siquiera una estructura como una tienda, pero —a diferencia de lo que ocurre con los solicitantes israelíes judíos— rara vez se lo concede. Muchas personas palestinas se ven obligadas a construir sin permiso. Israel derriba las viviendas palestinas porque han sido construidas “ilegalmente”. Israel usa estas políticas discriminatorias de planificación urbana y zonificación para crear unas condiciones de vida insoportables y obligar a la población palestina a abandonar sus casas y permitir la expansión de los asentamientos judíos.

Mohammed al Rajabi, residente de la zona de Al Bustan de Silwan, cuya casa fue demolida por las autoridades israelíes el 23 de junio de 2020 por haberse construido “ilegalmente”, contó a Amnistía Internacional el devastador impacto en su familia:

AMOR FRAGMENTADO: SEPARACIÓN DE FAMILIAS PALESTINAS

Israel ha promulgado leyes y políticas discriminatorias que alteran la vida familiar de la población palestina. Desde 2002, Israel aplica la política de prohibir a la población palestina de Cisjordania y Gaza la obtención de una condición jurídica en Israel o en Jerusalén Oriental mediante el matrimonio, lo que impide la agrupación familiar.

Israel usa desde hace tiempo leyes y políticas discriminatorias para separar a las personas palestinas de sus familias. Por ejemplo, las personas palestinas de Cisjordania y Gaza no pueden obtener una condición jurídica en Israel o en la Jerusalén Oriental ocupada a través del matrimonio, lo que niega sus derechos a la agrupación familiar. Esta política obliga a miles de personas palestinas a vivir separadas de sus seres queridos; otras tienen que irse a otros países o vivir con el temor constante de ser detenidas, expulsadas o deportadas.

Estas medidas están dirigidas expresamente a la población palestina, no a la israelí judía, y se basan principalmente en consideraciones de orden demográfico que tienen como objetivo reducir al mínimo la presencia palestina dentro de Israel y los TPO.

Sumaia con su hija en la casa familiar de Lod. © Tanya Habjouqa / NOOR Photos

Sumaia nació y se crio en Lod, en el centro de Israel. En 1998 se casó con un hombre de la Franja de Gaza que se trasladó a Lod para vivir con ella. En 2000, Sumaia y su esposo iniciaron el proceso de solicitar la agrupación familiar para poder vivir juntos legalmente. Este proceso duró 18 años, durante los cuales la pareja vivió con miedo y ansiedad. Sumaia dijo a Amnistía:

BAJO ASEDIO

Desde hace 14 años, más de dos millones de personas palestinas de la Franja de Gaza viven bajo un bloqueo ilegal de Israel. Junto con cuatro importantes ofensivas militares, el bloqueo ha tenido consecuencias catastróficas para la población de Gaza.

Manifestantes palestinos corren para protegerse después de que las fuerzas israelíes lanzaran botes de gas lacrimógeno durante una manifestación junto a la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, al este de la ciudad de Gaza, en la que varias personas palestinas perdieron la vida y sufrieron heridas graves el 22 de junio de 2018. © Mahmud Hams / AFP vía Getty Images.

El bloqueo es una forma de castigo colectivo. Obliga a la población de Gaza —integrada en su mayoría por personas refugiadas o sus descendientes que huyeron en 1948— a vivir en condiciones cada vez más difíciles. Hay una grave escasez de viviendas, agua apta para el consumo, electricidad, medicamentos esenciales y atención médica, alimentos, material educativo y materiales de construcción. En 2020, Gaza tenía la tasa de desempleo más alta del mundo, y más de la mitad de su población vivía por debajo del umbral de la pobreza.

El 30 de marzo de 2018, la población palestina de Gaza lanzó la Gran Marcha del Retorno, una serie de manifestaciones masivas semanales junto a la valla que separa Gaza de Israel.

Exigían su derecho a retornar a sus pueblos y localidades en lo que ahora es Israel, así como el fin del bloqueo de Gaza por Israel. La respuesta fue brutal: al terminar 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, incluidos 46 menores, y causado heridas a más de 8.000 con munición real. De éstas, hubo que practicarles amputaciones a un total de 156. Más de 1.200 pacientes necesitaron durante largo tiempo atención terapéutica y de rehabilitación compleja y costosa, y decenas de miles de personas más necesitaron ayuda psicosocial; ninguno de estos servicios es fácil de encontrar en Gaza.

El bloqueo impide el acceso de la población palestina a atención médica adecuada y, en concreto, a tratamientos médicos que salvan vidas y de urgencia que sólo están disponibles fuera de Gaza. Las autoridades israelíes suelen retrasar la concesión de estos permisos y a veces no los dan.

Adham al Hajjar, de 36 años, es periodista independiente y vive en la ciudad de Gaza. El 6 de abril de 2018, mientras cubría las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno, le dispararon unos francotiradores israelíes situados a lo largo de la valla que separa Gaza de Israel. No puede recibir en Gaza la ayuda médica que necesita debido a la precariedad de los servicios sanitarios de este territorio.

Hace décadas que Israel comete sistemáticamente violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina. Amnistía y otras organizaciones han documentado a fondo violaciones como traslados forzosos, detención administrativa, tortura, homicidios ilegítimos y lesiones graves, y la negación de derechos y libertades fundamentales. Es evidente que el sistema de apartheid israelí se mantiene gracias a estos abusos, que se perpetran con casi total impunidad.

Forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población palestina que se lleva a cabo en el contexto del régimen institucionalizado israelí de opresión y dominación sistemáticas de la población palestina y, por tanto, constituyen crímenes de lesa humanidad de apartheid. 

No hay lugar para el apartheid en nuestro mundo. Es un crimen de lesa humanidad y tiene que acabar.

Las autoridades israelíes llevan demasiado tiempo gozando de impunidad. La inacción internacional a la hora de exigir cuentas a Israel significa que la población palestina sigue sufriendo todos los días. Es hora de denunciar, de solidarizarnos con la población palestina y decirle a Israel que no vamos a tolerar el apartheid.

La población palestina lleva décadas exigiendo el fin de la opresión en la que vive. Con demasiada frecuencia, paga un precio terrible por defender sus derechos y lleva tiempo pidiendo ayuda al resto del mundo.

Hagamos que esto sea el principio del fin del sistema israelí de apartheid contra la población palestina.

Únete a la lucha por la justicia, la libertad y la igualdad para todas las personas.