Dos años después de los disparos que acabaron con la vida de la defensora de los derechos humanos y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes, el 14 de marzo de 2018, el crimen sigue sin resolverse y se ha convertido en un ejemplo de la impunidad de la violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“Dos años son demasiado tiempo de espera. La falta de resultados sólidos a la hora de determinar quién ordenó el asesinato o aclarar las circunstancias en que se cometió, que ha sido la tónica de la investigación durante el último año, demuestra que todavía se puede matar a defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil y que estos crímenes quedan impunes”, ha señalado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

“Brasil tiene que dar un paso al frente e indicar a la comunidad internacional que no tolerará tales delitos ni ninguna otra clase de violencia contra las personas que, como Marielle Franco, se movilizan para crear sociedades más justas. Sabemos que la investigación se está llevando a cabo en el más estricto secreto, pero ser transparente no es lo mismo que contar secretos. Las familias de Marielle y Anderson, al igual que el conjunto de la sociedad, tienen derecho a saber qué se ha hecho y qué avances ha habido en la investigación.”

La detención preventiva, el 12 de marzo de 2019, de dos hombres acusados de matar a Marielle y a Anderson ha sido un importante avance en la investigación, pero no parece que desde entonces se haya progresado mucho a la hora de aclarar las circunstancias de los homicidios, quién los ordenó y por qué.

El 13 de marzo de 2019, Amnistía Internacional y la familia de Marielle Franco se reunieron con el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y con el fiscal general del estado, Eduardo Gussem, quienes prometieron avanzar en la investigación de los homicidios hasta resolverlos, así como garantizar que se hace con rapidez, independencia y transparencia.  Sin embargo, no está ocurriendo así, pues el último año se ha caracterizado por una falta de información sobre el caso que hace pensar que las autoridades están atrapadas en un laberinto.

“No podemos dejar de rogar, luchar y pedir justicia para Marielle, quien se esforzaba por mejorar la vida de la gente. Ni podemos tampoco quedarnos de brazos cruzados, sin acudir a las autoridades pertinentes ni ir a ningún sitio a pedir justicia e intentar descubrir quién ordenó el homicidio de Marielle Franco y por qué. Vamos a seguir adelante con todo el apoyo que venimos recibiendo del mundo entero, porque Marielle es ya un símbolo de resistencia para todas las personas, en especial para las mujeres”, ha afirmado Marinete da Silva, madre de Marielle Franco

Monica Benicio, la viuda de la concejala asesinada, ha dicho que acumula ya “dos años de gran dolor y lucha”. Convertir la aflicción en lucha no ha sido sólo una forma de seguir viviendo sin su pareja, sino también un modo de entender que combatir para que se haga justicia por su asesinato equivale a honrar la lucha de Marielle como defensora de los derechos humanos para garantizar que nunca más vuelve a producirse la brutal violencia que se cometió contra ella. El mensaje que el Estado brasileño está transmitiendo al mundo es que unas vidas valen más que otras y que lo ocurrido puede volver a producirse, porque hay impunidad para quienes matan a una mujer negra y LGBTI de origen humilde. ¿Cuántas más Marielle deben morir en Brasil?”

Amnistía Internacional ha solicitado reunirse de nuevo con el gobernador de Río de Janeiro y el fiscal general del estado con la esperanza de que expliquen qué se ha hecho durante el último año para avanzar en la investigación y de que se renueve la presión mundial sobre ellos para que proporcionen respuestas. Las reuniones estaban programadas para el viernes 13 de marzo. Desde el primer día de este caso, 983.000 personas de todo el mundo han participado en la campaña de Amnistía Internacional por la verdad y la justicia.

“Queremos que resuenen aún más las voces de las 983.000 personas que durante los dos últimos años han ayudado a Amnistía Internacional en sus esfuerzos por presionar a las autoridades para que se haga justicia. Queremos que sean todavía más las personas que comprenden la importancia de lo que hacía Marielle por las comunidades más necesitadas de Río de Janeiro y de Brasil, así como su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Marielle no era mejor que nadie y no habría querido recibir ningún trato especial, pero cuando se silencia a una defensora o defensor de los derechos humanos, están amenazados los derechos de todas las personas”, ha añadido Jurema Werneck.

En su informe anual de 2019 sobre la situación de los derechos humanos en las Américas, publicado el pasado 27 de febrero, Amnistía Internacional señala que América Latina es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En el último año, las autoridades públicas brasileñas han puesto en práctica la retórica contra los derechos humanos por medio de medidas administrativas y legislativas que han tenido efectos tangibles en los derechos de la gente, restringiéndolos y violándolos.