El 27 de septiembre de 2018, el gobierno peruano firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe (Acuerdo de Escazú), el acuerdo más importante sobre derechos humanos y protección ambiental en la región. Hoy, su implementación depende del Congreso de la República. 

Amnistía Internacional invoca a todos los congresistas a priorizar en sus agendas la ratificación de este acuerdo, pues se trata de una herramienta clave para la protección del medio ambiente y para acceder a la justicia ambiental.

La crisis que enfrentamos por el Covid-19, y sus impactos en la salud de las personas, nos muestran la importancia de avanzar hacia un desarrollo sostenible y fortalecer mecanismos de participación y acceso a la información en temáticas ambientales.

En ese sentido, el acuerdo garantiza el derecho de todas las personas a acceder a información ambiental  de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas, y a acceder a justicia ambiental en temas como el uso sostenible de los recursos naturales y el cambio climático.

Además, las partes firmantes deben garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. En América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el medioambiente y el territorio, esto es fundamental.

El acuerdo debe ser aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y luego en el Pleno. A la fecha, nueve países lo han ratificado. Para que entre en vigor, se requiere que sean 11 países los firmantes hasta el 26 de setiembre de 2020.

 “El Congreso puede hacer historia ratificando una herramienta clave, no solo para la participación y el acceso a la información ambiental, sino también  para que miles de personas que defienden el medio ambiente en nuestra región puedan hacerlo de manera segura sin ataques ni amenazas”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Entre las acciones que Amnistía Internacional ha desplegado para que el Acuerdo de Escazú sea una realidad, se ha lanzado una petición para que los congresistas lo ratifiquen. Además, se han enviado cartas a los congresistas para que pongan en la agenda del Congreso de manera urgente este tema.

¡Ayúdanos a pedirle al Congreso que apruebe Escazú!