Denunciamos el debilitamiento de políticas y herramientas para enfrentar las violencias contras niñas y mujeres
A pocos días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, Amnistía Internacional expresa su preocupación por los alarmantes indicadores de violencia machista que vulneran a diario los derechos a la vida, integridad e igualdad de miles de niñas y mujeres en Perú.
Denunciamos que, a pesar de las consecuencias devastadoras de la violencia de género, que trunca la vida de muchas mujeres y niñas en el país, e incluso provoca muertes, se siguen debilitando las políticas de prevención y protección. Por ejemplo, la promulgación en diciembre de 2025 de la Ley 32535, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, eliminó el enfoque de género, una herramienta de política clave para identificar las causas de la discriminación y violencia y diseñar políticas públicas.
En este contexto, y luego de que se ordenara la eliminación del lenguaje inclusivo dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se ha declarado al sector y todos sus programas en proceso de reorganización por 60 días calendario, una decisión que no debe ser pretexto para que el Estado peruano incumpla sus obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista.
El MIMP, que es justamente la entidad que tiene el encargo de diseñar, promover e implementar políticas púbicas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, discriminación y desprotección, debe ser fortalecido en competencias y recursos para poder responder a esta compleja realidad. Entre enero y octubre de este año 1579 niñas de 14 años o menos, entre ellas tres menores de tan solo 10 años, fueron forzadas a maternar, la mayoría producto de una violación sexual. Además, de los 7170 casos de violación sexual contra mujeres registrados en el primer semestre de este año, el 62% de las víctimas son menores de edad.
“La situación de violencia sexual que han sufrido niñas awajún y wampis en Condorcanqui o la normalización del embarazo infantil donde menores víctimas de violación sexual son forzadas a maternar, muestran el escenario de violencia estructural en el que viven las mujeres en el país. La respuesta ha sido el debilitamiento de políticas de prevención y protección, con medidas que eliminan la educación sexual integral y el enfoque de género, obligando a niñas y mujeres a vivir en círculos de violencia. Eso no se puede permitir. La omisión es también violencia”, dijo Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú.
Amnistía Internacional insta al Estado peruano a derogar la Ley 32535 y restituir el enfoque de género en las políticas públicas. Además, a desistir de impulsar cualquier iniciativa incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de igualdad y no discriminación, fortaleciendo las políticas y mecanismos para garantizar que las mujeres en su diversidad puedan vivir libres de violencia y discriminación. En ese sentido, cualquier proceso de cambio en el MIMP debe asegurar la continuidad de sus servicios, la participación de la sociedad civil organizada y no implicar retrocesos en materia de derechos que las dejen en mayor desprotección y sin acceso a la justicia.
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- Que la Policía Nacional del Perú actúe con debida diligencia, investigue sin prejuicios ni demoras y garantice la búsqueda inmediata de todas las desaparecidas.
- Un sistema especializado y descentralizado, con presupuesto propio y enfoques de género e interseccionalidad, que responde a la urgencia y protege la vida de las mujeres, niñas y adolescentes en todo el país.
- Fortalecer la Comisión multisectorial para la búsqueda de personas desaparecidas, que lidera el Ministerio del Interior, mediante un sistema de información interinstitucional que permita cruzar información entre todos los sectores que lo integran, y dando mayor énfasis en la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres.
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