Lima, 27 de julio de 2023
Estimada señora Presidenta
A pocos días del 28 de Julio, Día de la Independencia del Perú, nos dirigimos a usted en su calidad de Presidenta del Perú para extenderle nuestros saludos y expresarle nuestra preocupación por el actual escenario de retrocesos y vulneraciones a los derechos humanos en el país.
Desde diciembre de 2022 la represión estatal de las protestas ha cobrado la vida de 49 peruanos y peruanas, entre ellas un policía. El informe Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, presentado por Amnistía Internacional en mayo de 2023, evidenció que las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante las protestas, y que al menos 20 muertes representarían ejecuciones extrajudiciales.
Pese a tratarse de una situación de enorme gravedad, que muestra entre otros factores la fractura social histórica del país, su Gobierno, hasta el momento, no ha reconocido responsabilidad ni ha ofrecido disculpas a las familias de las víctimas por estos hechos. Además, los discursos oficiales estigmatizantes, que buscan deslegitimizar y desprestigiar a quienes protestan, persisten, sumando más dolor a quienes perdieron a sus seres queridos, entre ellos menores de edad.
La respuesta a este escenario de crisis debe ser colocar los derechos humanos siempre en el centro, sin cálculos particulares ni políticos. Es por ello que instamos a su Gobierno a dar una señal clara de respeto a los derechos humanos poniendo fin al uso de la fuerza letal y munición prohibida. Ante cualquier atisbo de impunidad, la plena cooperación de su Gobierno con las investigaciones en curso realizadas por la Fiscalía de la Nación es esencial. Solo así podemos transitar a un camino de verdad, justicia y reconciliación.
Compartimos también con usted nuestra preocupación por el avance de una agenda antiderechos que pone en grave riesgo los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres en el Perú. En 2022, 1 623 niñas, de entre 11 y 14 años, se convirtieron en madres en el país, producto de la violencia sexual. Para eliminar esta violencia estructural machista, que perpetua la pobreza, la desigualdad de género, y socava proyectos de vida de miles de menores de edad cada año, es importante una educación basada en derechos humanos. Lejos de ello, en 2022 se aprobó la Ley 31498, que podría significar un freno a la educación sexual integral, herramienta imprescindible para prevenir la violencia de género desde las escuelas. No solo eso, otras iniciativas, como el Proyecto de Ley 785, intentan controlar los cuerpos de las mujeres bajo criterios morales y religiosos, lo cual limitaría el acceso al aborto terapéutico de menores de edad víctimas de violación sexual.
Ante esta situación, recordamos que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, e instamos a su Gobierno a garantizarlos, sin discriminación o sesgos, y rechazando cualquier norma o iniciativa que vaya en su contra. Es importante recordar que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha ordenado al Estado peruano despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, considerando el grave riesgo a la salud y a la vida que representa el embarazo de niñas. Señora Presidenta, su Gobierno tiene la oportunidad de romper el círculo de violencia estatal que enfrentan niñas y mujeres en el país, fortaleciendo la educación sexual integral y, garantizando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos sin que tengan que enfrentar abortos clandestinos e inseguros.
En contraste con el intento de controlar sus cuerpos, las políticas para prevenir y sancionar la violencia de género no se están expresando en resultados positivos, y miles de mujeres en Perú, entre ellas refugiadas y migrantes, siguen sin poder ejercer su derecho a vivir libres de violencia. Los índices de feminicidios y desaparición de niñas y mujeres, graves expresiones de la violencia machista, continúan siendo alarmantes. Ante ello, invocamos a su Gobierno a desplegar todos los recursos humanos y económicos necesarios para revertir esta situación, mejorando las capacidades de funcionarios y funcionarias para prevenir y responder de manera eficaz y oportuna a la violencia de género.
La población LGTBIQ+ es también de especial preocupación para Amnistía Internacional. En la primera encuesta virtual para personas LGTBI en Perú (INEI, 2017) el 63% de las personas encuestadas declaró haber sido víctima de algún tipo de violencia y discriminación, principalmente en espacios públicos y educativos. La población trans enfrenta a diario esta violencia desde la negación del derecho a su identidad de género que les impide contar con un DNI que refleje su nombre social y acceder a derechos fundamentales. Aun así, sigue sin establecerse un procedimiento administrativo para el otorgamiento de identidad de las personas transgénero, y peor aún, la administración pública sigue impugnando mandatos judiciales que otorgan este derecho, desconociendo abiertamente los derechos humanos de esta comunidad en el Perú.
Este año al menos siete mujeres trans han sido asesinadas en Perú según han reportado diferentes organizaciones de personas trans. Esta violencia no puede ser tolerada ni invisibilizada, por lo que pedimos a su Gobierno un mensaje claro contra la LGTBIFobia, que parta por tolerancia cero a los crímenes de odio, pero también por aprobar una ley de identidad de género y una ley de matrimonio igualitario. Recordamos que los derechos humanos son universales y que todo ser humano tiene los mismos derechos a vivir vidas libres de violencia y discriminación.
Otro punto de especial preocupación es la situación de las personas defensoras del medioambiente en el país, cuyas vidas se encuentran en grave riesgo ante el crecimiento de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, entre otras. Si bien en los últimos años se han aprobado instrumentos de protección, como el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras, estos son insuficientes para una real protección de sus vidas y del importante rol que cumplen, por lo que urge mayor voluntad política para enfrentar las prácticas de intimidación que enfrentan a diario.
Observamos también esta desatención hacia las personas afectadas por metales y otras sustancias tóxicas en el país. En 2021 Amnistía Internacional constató la presencia de metales en el cuerpo de personas en comunidades indígenas de Espinar, Cusco. A pesar de los graves riesgos para la salud de esta población, y que en 2022 se aprobó el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, hasta el momento ninguna persona ha sido atendida de manera integral en salud por este tipo de afectación. Ad portas de este aniversario patrio, nos preocupa además que, según cifras del Ministerio de Salud, 10 millones de personas (casi la tercera parte de la población), viva con metales tóxicos en el cuerpo, sin atención en salud.
Señora Presidenta, en medio de la grave crisis de derechos humanos y polarización en la que se encuentra el país, invocamos a su Gobierno a que se comprometa efectivamente con estos derechos a través de acciones políticas claras de respeto por todas las personas. No deje pasar esta oportunidad para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.