Habitantes de las comunidades indígenas del Pueblo K’ana en la provincia de Espinar tienen altos niveles de metales y sustancias tóxicas en su cuerpo y el Estado peruano está fallando en su obligación de garantizarles el derecho a la salud, dijo Amnistía Internacional hoy en el nuevo informe Estado de salud fallido: Emergencia de salud en Pueblos Indígenas de Espinar, Perú.  

“Esta evidencia científica e independiente demuestra que las comunidades de Espinar enfrentan una crisis de salud que requiere una respuesta urgente y contundente del gobierno. Las autoridades deben actuar para garantizar el derecho a la salud de la población y evitar que Espinar siga siendo un ejemplo más del estado fallido del sistema de salud peruano”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La investigación fue realizada en colaboración con la organización Derechos Humanos Sin Fronteras y el experto en salud ambiental Fernando Serrano, de la Universidad de Saint Louis, Missouri, entre 2018 y 2020, en 11 comunidades indígenas que se encuentran en el área de influencia del proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, propiedad de la transnacional anglo-suiza Glencore.

Junto con expertos de laboratorios contratados, el equipo de investigación tomó muestras de sangre y orina a 150 personas voluntarias de las comunidades. De ellas, un 78% (117 personas) presentaron niveles de metales y sustancias tóxicas por encima de los valores de referencia, lo cual representa un riesgo para su salud.

Existe suficiente evidencia científica sobre los daños a la salud relacionados con la exposición al plomo, arsénico, cadmio, mercurio y manganeso. A excepción del manganeso, que es un elemento útil en el cuerpo humano en cantidades muy pequeñas, ninguno de los otros metales y sustancias tóxicas mencionadas cumple una función esencial en el funcionamiento del cuerpo humano. Al contrario, el plomo, el cadmio y el mercurio son tóxicos aún en niveles bajos en el cuerpo, y el arsénico, especialmente el arsénico inorgánico, es altamente tóxico. De las personas analizadas:

• Más de un 58% presentaron niveles elevados de arsénico en su organismo, lo que puede producir náusea y vómitos, disminución del número de glóbulos rojos y blancos en la sangre y ritmo cardíaco anormal.
• Más del 29% presentaron niveles elevados de manganeso en su organismo, que puede ser tóxico y acumularse en el cerebro, huesos, hígado, riñones y páncreas.
• Más del 12% presentaron niveles elevados de cadmio en su organismo, que puede producir enfermedad renal, daños de pulmón y fragilidad de los huesos.
• Más del 4% presentaron niveles elevados de plomo en su organismo, que puede afectar a casi todos los órganos y sistemas en el cuerpo. Los efectos del plomo incluyen anemia y presión alta, daño en los riñones, debilidad en los dedos, las muñecas o los tobillos, y daño cerebral grave cuando el plomo es elevado.
• Más del 3% presentaron niveles elevados de mercurio en su organismo, que puede ser tóxico para el sistema nervioso, para el sistema de defensa contra las infecciones, y para el aparato digestivo, la piel y los pulmones, riñones y ojos. El contacto con el mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud.

Asimismo, el informe de Amnistía Internacional documenta otras condiciones a las cuales estas comunidades están expuestas, como falta de agua potable, contaminación ambiental y falta de acceso a un nivel de vida adecuado. La exposición a metales y sustancias tóxicas tiene mayor impacto en personas y comunidades que se encuentran en estado de desprotección y exclusión frente amenazas a su salud física, mental y social, y que enfrentan barreras para ejercer sus derechos, como las de Espinar. Tanto la exposición como el impacto combinado y acumulado de estas sustancias, incrementa el riesgo. Todas estas circunstancias, sumadas a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo.

“Las autoridades deben tomar el liderazgo para resolver la grave crisis de salud en Espinar y, en particular, garantizar la implementación de la Estrategia de Emergencia ordenada por el Poder Judicial en diciembre de 2020. No puede normalizarse el que las personas vivan con metales y sustancias tóxicas en sus cuerpos. Es una situación que debe resolverse sin demoras y con las garantías de que no se vuelva a repetir”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, tras señalar que Espinar vive hoy una doble crisis sanitaria, por la pandemia y por la contaminación.

Al 3 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud (MINSA) había reportado 1,814,127 casos confirmados del COVID-19 y 62,375 muertes relacionadas con la enfermedad.  Por su parte, al 1º de mayo de 2021, la Red de Salud Canas Canchis Espinar, de la Dirección Regional de Salud de Cusco, reportó 3,828 casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia y 27 muertes relacionadas con la enfermedad producidas entre el 25 de abril y el 1º de mayo de 2021 solo en Espinar. 

Mientras tanto, el MINSA ha establecido que, al año 2020, más del 31% de la población (10,162,380) de todo el país estaban en riesgo de exposición a metales pesados y otras sustancias químicas, más del 20% (6,812,575) a metaloides cómo el arsénico y más del 6% (1,997,797) a hidrocarburos. Desde hace años, las comunidades indígenas de Espinar han denunciado la presencia de enfermedades, contaminación ambiental y metales y sustancias tóxicas en su población ante la ausencia de monitoreo ambiental adecuado, agua limpia y segura y atención médica especializada. Sin embargo, hasta el momento las autoridades peruanas han dado una respuesta tardía e insuficiente a esta crisis.

Gerson López, un comerciante de 22 años de la comunidad Alto Huancané, dice que ha sufrido náuseas, vómitos y calambres frecuentes en las manos y los pies y que su familia ha padecido enfermedades raras que los doctores no han podido explicar. “Estamos muriendo, estamos perdiendo a nuestras familias, estamos perdiendo a nuestro ganado”, dice Gerson. “El gobierno no nos ha ayudado en nada. Está olvidándose de nosotros… Estamos pidiendo salud y respeto al medio ambiente. Quiero aprovechar mi vida, porque sólo una vida tengo”.

La falta de seguimiento de la salud de las víctimas y de identificación y tratamiento de los riesgos para la salud a largo plazo ha negado a la población un aspecto significativo de su derecho a la salud: el no ser expuesto a metales y sustancias tóxicas y saber cuáles son los problemas de salud a largo plazo que pueden causar dicha exposición y cómo pueden tratarse. Asimismo, las personas tienen derecho a saber la causa de la contaminación, cómo los metales y las sustancias tóxicas han llegado a su cuerpo y cuál es el plan de mitigación y reparación para que eso no ocurra más.

El 30 de diciembre de 2020, la Corte Superior de Justicia de Cusco emitió una sentencia definitiva e inapelable mediante la cual ordenó al MINSA diseñar e implementar una Estrategia de Salud Pública de Emergencia Sanitaria para Espinar relacionada a la exposición a metales y sustancias tóxicas.

El 20 de abril de 2021, Amnistía Internacional envió los resultados de esta investigación a la presidenta del Consejo de Ministros y al MINSA, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días para ser incluidos, en lo pertinente, en el informe antes de su publicación. A la fecha, no se ha recibido respuesta.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

Cecilia Niezen (Amnistía Internacional Perú): +51 997 945 826, c.niezen@amnistia.org.pe