Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.
“Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en Perú viven en riesgo pues el Estado en lugar de reconocer su valiente trabajo viene creando sistemáticamente mecanismos para perseguirles y callar sus voces” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú. “La falta de investigación sobre las muertes ocurridas en el contexto de conflictos sociales en los últimos años y los convenios entre la PNP y empresas mineras también son fuente de desconfianza en personas que defiende los derechos humanos hacia las autoridades”.
Amnistía Internacional constató la existencia de un patrón del uso indebido del sistema judicial para criminalizar la labor de personas defensoras de derechos humanos vinculados a la tierra, al territorio y al ambiente. En ese sentido, Amnistía Internacional identifica una receta que contiene tres ingredientes básicos: la estigmatización, el desalojo forzado de comunidades y la apertura de expedientes judiciales en contra de ese grupo de personas defensoras.
De los testimonios de las personas defensoras entrevistadas, Amnistía Internacional pudo identificar que esta receta para criminalizar tiene serias implicaciones sobre el derecho a defender los derechos humanos, y genera graves impactos en el bienestar físico, mental y emocional de quienes de forma valiente levantan su voz en contra de la injusticia; así como de sus familias y sus redes sociales de apoyo más cercanas; y en los movimientos, organizaciones y comunidades a las que pertenecen.
Amnistía Internacional recibió relatos de personas que por su labor fueron catalogadas como “enemigas” del desarrollo, terroristas, criminales, turbas, haraganes, etc. La utilización de lenguaje que tiene la intención de deslegitimar a activistas ambientales cobra gran relevancia, pues pone en riesgo a las personas defensoras y a quienes les prestan asistencia de tipo legal o en acompañamiento, ya que genera un ambiente favorable a ataques en su contra.
Además como parte de la investigación se identificó la utilización arbitraria de distintas normas para desalojar forzadamente a pueblos Indígenas y comunidades campesinas o urbanas que se oponen a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, y que reclaman su derecho al territorio y al medio ambiente, así como aquellos vinculados a la tierra. En Perú, por ejemplo, la figura de la defensa posesoria extrajudicial podría ser utilizada para desalojar forzadamente a comunidades de sus tierras.
Es preocupante la situación que vive la defensora de derechos humanos Máxima Acuña y su familia en la región de Cajamarca, quienes consideran que las defensas posesorias son un ataque a sus bienes y a su forma de subsistencia. Por el contrario, la minera Yanacocha considera que hace un ejercicio legítimo de una figura legal.
Para finalizar se ha registrado que con frecuencia las defensoras y los defensores del territorio, ambiente y de los derechos humanos vinculados a la tierra enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos. En muchas ocasiones, estos procesos se derivan meramente de su rol como líderes comunitarios y lideresas comunitarias o del ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y por su derecho a la manifestación pacífica.
Emperatriz Bolaños es una lideresa rondera de Sorochuco (Cajamarca) que ha sufrido de hostigamiento, amenazas y criminalización en el contexto de las protestas frente al proyecto minero Conga en la región Cajamarca. Fue acusada junto con 16 líderes y lideresas de las rondas campesinas de los delitos de secuestro agravado, y en forma subsidiaria, del delito de coacción. Durante la audiencia de juzgamiento de 28 de marzo de 2017, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de Cajamarca, al resolver en segunda instancia el caso, declaró la denuncia infundada.
En Espinar (Cusco) se encuentran los casos de Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, quienes enfrentan cargos por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios. Las acusaciones de la Fiscalía en contra de los defensores de derechos humanos se basan únicamente en su rol como líderes comunitarios, considerándolos automáticamente organizadores de las manifestaciones y responsables por cualquier daño o delito causado, conducta que se contrapone a las normas internacionales de derechos humanos. El 17 de julio de 2017, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica declaró inocentes a los tres líderes comunitarios, al considerar que la Fiscalía se limitó a realizar la acusación con ausencias para determinar la acreditación de la causa probable de un delito. Actualmente el proceso sigue abierto debido a que se aprobó la apelación presentada por la fiscalía.
Organizaciones de la sociedad civil han demostrado desasosiego porque las autoridades recurrentemente declaran estados de emergencia cuando se desatan protestas en contra de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, lo que pudiera representar un intento de las autoridades de estigmatizar a dichas comunidades y brindar mayores herramientas a las autoridades para reprimir y contener el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y manifestación pacífica.
Amnistía Internacional ha identificado que por parte de las personas defensoras hay gran desconfianza a las fuerzas de seguridad. En particular, organizaciones de la sociedad civil han destacado como fuente de tal desconfianza los Convenios de Prestación de Servicios entre empresas mineras y la policía nacional mediante los cuales la corporación de seguridad brinda servicios de seguridad a entes privados. Una de las principales preocupaciones de la sociedad civil se debe a la percepción de falta de imparcialidad ya que la autoridad presta sus servicios a las empresas, en particular, en el contexto de manifestaciones públicas y protestas sociales.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la policía nacional ha suscrito 31 convenios para el cuidado de instalaciones estratégicas, entre las que están las zonas donde se desarrollan proyectos extractivos, de energía e infraestructura. El Ministerio del Interior anunció que iba a publicar todos los convenios y que el Estado piensa adherirse a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, pero hasta la fecha no lo ha hecho. En el marco de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2017 sobre industrias extractivas en Perú, celebrada durante el 162 periodo de sesiones, representantes del Estado peruano afirmaron que existían al menos 10 convenios vigentes, sin embargo no especificó cuáles eran.
En Perú, en los últimos cuatro años, al menos 78 personas han perdido la vida en situaciones en las que las fuerzas de seguridad han hecho uso indiscriminado de la fuerza para reprimir protestas, incluso a través de armas de fuego. En la mayoría de los casos no hay registro de progreso en la pesquisa sobre estas muertes ni se tiene conocimiento de que elementos policiales hayan sido suspendidos mientras se conduce la investigación. La persistente impunidad en la que se mantienen los ataques y amenazas en su contra agrava la situación, pues envía el mensaje de que estos actos no serán sancionados.
Amnistía Internacional hace un llamado al estado peruano a asegurar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo en un ambiente seguro y propicio, de forma libre y sin miedo a sufrir represalias. Para ello es urgente que se adopte una política pública de protección de las personas defensoras de derechos humanos tal como se define en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en consulta con ellas y se reconozca públicamente, a través de declaraciones o campañas públicas, que el trabajo realizado por las personas que defienden la tierra, el agua y el medio ambiente es legítimo e importante. Finalmente, insta al estado a abstenerse de utilizar el derecho penal contra los y las defensoras como una forma de criminalizar la defensa de los derechos humanos e identifique los procesos penales abiertos en su contra donde no hay base para continuarlos, y los archive o solicite a los jueces respectivos, su cierre por falta de fundamento.