Lima 5 de junio de 2024. La contaminación del aire, suelo y agua pone en riesgo la salud de millones de personas en Perú y su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. A ello se suma que cada vez es más letal defender la tierra, el territorio y el medioambiente en el país, ha señalado Amnistía Internacional Perú en el Día Mundial del Medio Ambiente.
En mayo de 2024, residentes de Espinar, Cusco, afectados por la contaminación, manifestaron a Amnistía Internacional que continúan sin recibir atención médica especializada. En 2021 Amnistía Internacional documentó la situación en la investigación "Estado de Salud Fallido. Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar", que reveló la presencia de altos niveles de metales y sustancias tóxicas, como arsénico, manganeso y plomo en los cuerpos de las personas examinadas. Este estudio se suma a otros realizados durante los últimos 10 años que han confirmado la contaminación en grupos de la población y en cuerpos de agua.
Ante ello, Amnistía Internacional demanda a las autoridades asegurar la salud y el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, desde el cumplimiento inmediato del Plan especial multisectorial de metales pesados, metaloides y sustancias químicas tóxicas (2021) y del Plan de acción de salud integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides, en la provincia de Espinar 2021 – 2023.
Cabe señalar que en 2022 y 2023 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió informes de causalidad de contaminación en Espinar, y estableció una seria de medidas administrativas para enfrentarla. Amnistía Internacional considera fundamental determinar las causas de la presencia de elevados niveles de metales y sustancias tóxicas en la sangre de las personas en Espinar, por lo que insta a las autoridades a seguir cumpliendo con su deber de identificar las causas que permitan desplegar acciones y políticas para garantizar el cumplimiento de estándares ambientales y los derechos de las personas a la salud y a vivir en un ambiente sano.
“Hoy es una fecha muy importante para recordar que no tenemos un planeta B y que es nuestro deber proteger los ecosistemas, asegurando que todas las personas, incluyendo las generaciones futuras, puedan vivir en un ambiente sano. Es urgente que las autoridades remedien los daños y erradiquen las fuentes de contaminación para convivir en armonía y respeto con la naturaleza” dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
En este día, no se pueden olvidar los impactos ocasionados en 2022 por el derrame de la refinería La Pampilla, operada por Repsol, de aproximadamente 12 000 barriles de hidrocarburos en el mar de Ventanilla, Callao. A pesar de tratarse de un desastre ambiental sin precedentes en Perú, que vulneró los medios de vida de miles de personas, así como ecosistemas que alojan millones de seres vivos, aún no se ha cumplido con las acciones necesarias para la remediación de los daños ni con la reparación civil a todas las personas afectadas.
En este escenario, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades peruanas para garantizar estándares internacionales de debida diligencia, asegurando una evaluación continua y exhaustiva de los impactos de las actividades económicas. Para este fin, deben establecerse mecanismos efectivos que permitan monitorear, así como sancionar violaciones a los derechos humanos, asegurando la salud de las personas y la reparación de los ecosistemas.
“Es crucial que todos los actores económicos operen con transparencia y con los más altos estándares ambientales y sociales, para garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. Al Estado le corresponde hacer cumplir estos estándares”, sostuvo Navarro.
El rol que ejercen las personas defensoras del medioambiente en Perú es esencial. No obstante, en 2023 la organización registró el asesinato de cuatro personas defensoras, y la impunidad, en la mayoría de los casos, persiste. Los instrumentos y protocolos de protección de las personas defensoras resultan insuficientes para que puedan ejercer su labor de manera segura. Además, las acciones y planes gubernamentales para enfrentar actividades ilícitas, que deforestan bosques y contaminan ríos, no han sido sostenidas en el tiempo, lo cual vulnera ecosistemas y genera espacios cada vez más inseguros para quienes protegen el medioambiente.
En un escenario donde la contaminación del aire, suelo y agua pone en riesgo la salud de millones de personas y amenaza a quienes defienden el medioambiente, la organización hace un llamado a la reflexión e insta a las autoridades a tomar las medidas necesarias para proteger el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado.