En ocasión del Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional emitió una carta abierta dirigida a los Estados parte de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, actualmente reunidos en Bogotá, exhortándoles a poner los derechos humanos al centro de su nuevo plan de acción regional para la próxima década.
“Cada año, presenciamos cómo cientos de miles de personas en las Américas se ven forzadas a abandonar sus hogares huyendo de violencia, los impactos del cambio climático y violaciones masivas de derechos humanos. Ante esta dolorosa realidad, que va en aumento, la nueva hoja de ruta que están preparando los Estados signatarios de la Declaración de Cartagena para el período 2024-2034 debe renovar su compromiso inequívoco de proteger a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas en nuestra región,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Entre el 19 y 20 de junio, los Estados parte de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados estarán reunidos en Bogotá para celebrar la tercera reunión de consulta temática del año, con miras a la adopción en diciembre, del Plan de Acción y Declaración de Chile que fijará el marco de su actuación para la siguiente década. La discusión estará dedicada a la situación de las personas desplazadas en la región por los impactos del cambio climático y otros desastres. Las consultas previas, celebradas en abril en México y en mayo en Brasil, trataron de la protección de las personas en situación de movilidad y apatridia, y de la inclusión e integración de estas personas mediante soluciones alternativas, integrales y sostenibles.
En este contexto, la carta abierta de Amnistía Internacional hace énfasis particular en los retos que persisten para garantizar la protección de las personas venezolanas y haitianas que huyen de las graves crisis humanitarias y de derechos humanos que asolan sus países de origen. Además, resalta las oportunidades que ofrece la Declaración de Cartagena para proporcionar protección a las personas desplazadas debido a los impactos del cambio climático de aparición lenta o repentina y desastres.
Amnistía Internacional celebra que un número importante de Estados de la región hayan incorporado a sus legislaciones la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena. Sin embargo, la organización deplora que, en la práctica, en la mayoría de estos países las autoridades rara vez recurren a ella para proteger a las personas que lo necesitan, dejando a millones de personas en situaciones de alta vulnerabilidad y desprotección. Al contrario de los retrocesos en países como Chile o Perú, los Estados parte de la Declaración de Cartagena deben retomar el liderazgo global en materia de protección de personas refugiadas que 40 años atrás supuso la firma de dicha Declaración, en especial a las mujeres refugiadas. Amnistía Internacional exhorta a los Estados a actuar en línea con sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de protección internacional y derechos humanos e incorporar una perspectiva interseccional, antirracista y de género.
“Es hora de que los Estados de las Américas se pongan a la altura de los tiempos y se comprometan a proteger a las poblaciones más marginalizadas de la región. Hoy más que nunca, esperamos de los Estados respuestas coordinadas, duraderas y enmarcadas en el respeto de la dignidad de las personas que buscan y requieren protección. Reconocer y darle plena vigencia a la Declaración de Cartagena sería un paso en la dirección correcta,” agregó Ana Piquer.
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 es uno de los instrumentos jurídicos más importantes de las últimas décadas en materia de protección en América Latina y el Caribe. Desde 2004, la región ha adoptado planes de acción decenales –el Plan de Acción de México de 2004 y el Plan de Acción de Brasil de 2014 – para abordar los desafíos cambiantes del desplazamiento. Desde hace años, Amnistía Internacional ha utilizado este instrumento para exigir la protección internacional y protección complementaria de personas con necesidades de protección en las Américas.
En 2024 se cumple el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, que da lugar al proceso de Cartagena+40, auspiciado por el gobierno de Chile con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el cual los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a producir: tres consultas regionales, una por cada eje temático, entre abril y junio; la negociación y adopción de una Declaración política y un Plan de Acción de Chile 2024-2034, cuyas negociaciones se darán en Ginebra entre septiembre y noviembre; y un evento ministerial, que tendrá lugar en el marco de la CEPAL, en Chile, entre el 11-12 de diciembre de 2024, y será el cierre del proceso.