Las violencias que enfrentan las mujeres en Perú se han agudizado en el último año. A pesar de ello, hemos registrado retrocesos en las políticas para promover la igualdad de género, lo cual pone en riesgo los derechos obtenidos en décadas de lucha, señaló Amnistía Internacional Perú a pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

La organización ve con suma preocupación el avance de propuestas que van desde cambiar el nombre y enfoque del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), debilitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o eliminar el lenguaje inclusivo, pese a los alarmantes indicadores de violencia machista. 

Solo en 2023 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) registraron 11 944 casos de violación sexual. La mayoría de víctimas son niñas, niños y adolescentes. Además, según cifras oficiales, el año pasado 1 354 menores de 15 años, entre ellas, cuatro niñas de 11 años, se convirtieron en madres producto de la violencia sexual. 

A pesar de ello se ha debilitado la educación sexual integral, una herramienta que contribuye, entre otros aspectos, a que niñas y adolescentes puedan identificar situaciones de riesgo. Asimismo, se abren paso proyectos que, bajo las premisas de promover la protección de la madre gestante, del niño por nacer, o de reconocer derechos al concebido, obstaculizan el derecho de niñas a acceder a un aborto terapéutico, reforzando el círculo de violencia machista. 

 “Asistimos al desmantelamiento de toda política que busque reconocer la violencia machista y enfrentarla de manera estructural. Así, se le sigue negando, incluso a niñas de 11 años violadas sexualmente, su derecho a acceder a un aborto terapéutico. No podemos permitir esta arremetida antiderechos, que afianza la idea de que las mujeres somos propiedad de alguien”, sostuvo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.    
 
En 2023, 170 mujeres fueron víctimas de feminicidio, la expresión más grave de la violencia machista. Con respecto a 2022, se registra un incremento de 40 casos de mujeres asesinadas por razones de género. A pesar de esta situación de violencia, en el Congreso se aprobó este año un dictamen para cambiar el nombre del MIMP a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, lo cual reduce a la mujer a un rol reproductor y debilitaría la institucionalidad de una entidad que ha contribuido a impulsar un marco a favor de los derechos de las mujeres. 
 
“Bajo sesgos religiosos o morales nos niegan el acceso a nuestros derechos y buscan que las mujeres en este país no podamos decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Lo peor es que nos niegan también el acceso a educación sexual integral. El mismo Estado nos violenta al debilitar un marco que permita que vivamos en igualdad y libres de violencia. Por eso, el 8 de marzo levantamos nuestras voces para exigir a las autoridades que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, adolescentes y niñas, sin discriminación”, señaló Alex Falla, activista de Amnistía Internacional en Arequipa. 
 
Amnistía Internacional invoca a las autoridades a abstenerse de iniciativas que debiliten el marco a favor de los derechos de las mujeres. En lugar de ello, el Estado debe reconocer la violencia machista y sus causas, impulsando un marco que garantice que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.  
 
Bajo el lema “Maternidades por elección, no por imposición”, este 8 de marzo nos sumamos a las movilizaciones en diferentes regiones del país para seguir luchando por los derechos de todas las mujeres.