Si se permite que entre en vigor, la orden ejecutiva de la administración Trump sobre la prohibición de la entrada de musulmanes en Estados Unidos, que está previsto examinar en los tribunales federales de apelación el lunes próximo, perjudicará tanto a inmigrantes como a personas de nacionalidad estadounidense, ha advertido Amnistía Internacional en un documento publicado hoy.

“La orden de prohibición de la entrada en Estados Unidos dictada por el presidente Trump ha separado a familias y transmitido un mensaje de intransigencia e intolerancia”, ha señalado Joanne Mariner, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional. “Esta prohibición dañina y discriminatoria tiene que ser objeto del más estricto escrutinio judicial.”

En el documento publicado hoy, que es una iniciativa conjunta de Amnistía Internacional y CLEAR –proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) sobre creación de rendición de cuentas y responsabilidad en los organismos encargados de hacer cumplir la ley–, se explica por qué la prohibición de la entrada en Estados Unidos a los musulmanes, impuesta por el presidente Trump, es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y viola tratados que Estados Unidos se ha comprometido a hacer valer. Basado en entrevistas con más de 30 personas afectadas por ella, el documento contiene más de una decena de casos donde se describen los daños que la prohibición ha causado a personas y familias de Yemen, Irán, Sudán y otros países.

La primera orden ejecutiva estuvo en vigor sólo una semana, hasta que quedó bloqueada en todo el país por decisión de una corte federal de Seattle, medida que se confirmó en apelación. Incluso durante tan breve periodo, la orden causó estragos en la vida de muchas personas. Las revisiones de la orden original no han reducido la confusión creada.

“Esta orden fue un intento flagrante de incorporar la discriminación de los musulmanes a la legislación”, ha afirmado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Mientras un tribunal tras otro falla en contra de ella, el Congreso tiene la facultad de anularla ya, aprobando legislación que la invalide de una vez por todas. Las familias y las personas sumidas en el caos y la incertidumbre no pueden esperar.”

En el documento se describe el costo humano de la orden ejecutiva, que ha separado a familias, desbaratado planes personales cuidadosamente trazados y causado enorme angustia emocional.

Temiendo que se prohibiera permanentemente la entrada a Estados Unidos a su familia debido a su ciudadanía yemení, Baraa H. (nombre ficticio) y su esposa dejaron a su hijita en Malasia, bajo el cuidado de unos amigos. “Fue una decisión muy cruel”, explicó Baraa a Amnistía Internacional, añadiendo que le parecía que estaba obligado a tomarla.

Un médico sudanés que recibía formación de posgrado en medicina interna se vio separado de su esposa y su bebé de cuatro meses en Dubai, donde temía que quedaran atrapados durante meses. “Fue un sufrimiento enorme para los dos”, afirma. “No sabíamos qué iba a pasar al final.”

Un investigador pakistaní cuya esposa, iraní, se vio afectada por la prohibición y no pudo tomar dos vuelos, recuerda lo ocurrido como “quizá la semana más angustiosa de mi vida”.

Una mujer siria a la que se impidió al principio viajar a Estados Unidos, mientras los tribunales procedían rápidamente a anular la prohibición, puso de relieve el daño y la angustia causados por la orden ejecutiva.

“Lo peor fue el tormento emocional”, explica. Hace que parezca que da igual quién seas, lo que hayas logrado, porque siempre te van a tachar de algo negativo”.

Incluso personas que llevaban decenios viviendo en Estados Unidos se vieron afectadas. Una estadounidense de ascendencia iraní a quien llevaron a vivir a Estados Unidos cuando tenía ocho años dijo que la orden ejecutiva había sido un fuerte golpe para ella.

“Fue terrible”, afirmó, con voz ahogada. “De la noche a la mañana pasé de sentirme estadounidense a sentirme una invasora en mi propio país”.

Explicó: “Fue como si mi país no me quisiera. Como si me fueran a quitar la ciudadanía si pudieran.”

Además de documentar los daños causados por la primera orden ejecutiva del presidente Trump durante el periodo relativamente corto en que estuvo vigente, el documento describe la situación de personas que están todavía esperando el visado de Estados Unidos, algunas de la cuales podrían sufrir daños irreparables si los tribunales estadounidenses determinasen que la segunda orden ejecutiva es constitucional.

Una refugiada iraní transexual, que lleva dos años esperando el reasentamiento en Estados Unidos vive en una situación de hostigamiento y abusos. “No puedo soportarlo más”, dijo. “Lo único que quiero es vivir en un lugar seguro”.

Amnistía Internacional y el proyecto CLEAR trabajaron en colaboración para llevar a cabo la investigación que sirve de base al documento. Cuando la primera orden ejecutiva estuvo en vigor, estudiantes de leyes y profesionales del derecho de CLEAR prestaron asesoramiento jurídico a decenas de personas refugiadas e inmigrantes que habían quedado atrapadas en otros países de camino a Estados Unidos o estaban detenidas en aeropuertos estadounidenses. El personal de CLEAR remitió a algunas de estas personas a Amnistía Internacional para que la organización las entrevistara y proporcionó información y análisis sobre las consecuencias de la orden ejecutiva.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito escuchará los argumentos de una impugnación de la orden ejecutiva del presidente Trump el lunes, 15 de mayo; hace cuatro días, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito escuchó los de una impugnación paralela. Junto con un grupo de catedráticos de Derecho y organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional presentó un informe de amicus curiae ante ambas cortes.

“Si se permite que entre en vigor, la orden de prohibición de la entrada de musulmanes en Estados Unidos causará un sufrimiento terrible a algunas de las personas más vulnerables del mundo”, ha manifestado Joanne Mariner. “Hasta la fecha, los tribunales han hecho bien en bloquear esta vergonzosa política”.