Lima, 11 de diciembre de 2024. A dos años del inicio de las movilizaciones sociales en Perú, donde 51 personas (50 civiles y un policía) murieron en el contexto de la represión estatal de las protestas y al menos 1 400 resultaron heridas, aún no hay justicia para las víctimas y la ciudadanía siente temor de movilizarse.

En noviembre de este año, Amnistía Internacional encargó una encuesta a Ipsos para conocer la percepción de la ciudadanía sobre su derecho a la protesta. Entre otros puntos, 85% de las personas encuestadas consideró que salir a manifestarse no es seguro y que puede ser víctima de la represión policial. Además, 63% consideró que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, el uso de la fuerza fue excesivo.

“Estos resultados son preocupantes, pues muestran que, ante la respuesta desproporcionada y letal de las fuerzas del orden, que tuvo como consecuencia la muerte de decenas de personas, entre ellas menores de edad, la ciudadanía no se siente segura de ejercer su derecho a la protesta, e incluso, en lugar de confianza, siente temor de las fuerzas del orden. Esta represión, que tuvo un fuerte sesgo racista, ha generado una situación alarmante que abona a favor del abuso, la discriminación y las injusticias”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

En su acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes, la organización ha documentado la situación de numerosas personas que viven con graves lesiones producto del impacto de balas, perdigones y gas lacrimógeno disparados por las fuerzas del orden entre 2022 y 2023. Es el caso de Diego Quispe Livisi (Juliaca), que vive con 100 perdigones en el cuerpo, o de Teófilo Ramírez Ortega (Andahuaylas), cuyo hueso de la pierna izquierda quedó perforado por una bala. Como ellos, decenas de sobrevivientes deben costear sus tratamientos y gastos médicos con sus propios recursos.

“Hay personas que aún no pueden trabajar, que no pueden movilizarse o personas que requieren de intervenciones quirúrgicas. Ellas han tenido que interrumpir sus proyectos de vida y enfrentan día a día las secuelas de la represión estatal. Desde Amnistía Internacional demandamos a las autoridades que cumplan con su deber de asegurar, de manera urgente, la atención en salud de todas las personas heridas hasta su total recuperación”, señaló Navarro.

Sobre el acceso a la justicia de las víctimas mortales y personas heridas, si bien hay avances en las investigaciones, logrando imputaciones individuales contra miembros de las fuerzas armadas y policiales, no sucede lo mismo con las autoridades civiles, y la denuncia constitucional se encuentra entrampada en el Congreso, cuando ya se agotó el plazo para que se emita un informe al respecto. Además, sigue vigente desde 2020 la ley de protección policial, que deja abierta la posibilidad para que el uso desproporcionado de la fuerza pública quede en la impunidad.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a impulsar que las investigaciones se lleven a cabo con la mayor celeridad para que estos hechos no queden impunes. Además, pide al Congreso levantar la inmunidad para que las autoridades políticas implicadas, hasta el más alto nivel, puedan ser investigadas.