-Informe Anual de Amnistía Internacional 2022-2023 revela que represión e impunidad en 2022 menoscabaron los derechos humanos

-Informe será presentado en Chiclayo el viernes 21 de abril a las 6:00 p.m. en Hotel Winmeier

Chiclayo, 21 de abril de 2023. El Informe 2022/23 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que el doble rasero y las respuestas insuficientes a los abusos contra los derechos humanos alimentaron la impunidad y la inestabilidad en el mundo. Un ejemplo es la contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania, que contrasta con la deplorable falta de medidas significativas ante graves violaciones de derechos humanos que cometen algunos de sus aliados, como Israel, Arabia Saudí y Egipto.

En Perú, con un marcado sesgo racista, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y letal de la fuerza principalmente contra  población indígena y campesina tras las manifestaciones que iniciaron con la crisis política que inició en diciembre. Desde el inicio de la crisis, el 7 de diciembre de 2022, 49 personas murieron en el contexto de la represión estatal —11 en bloqueos de carreteras—, además de un policía y seis soldados, y centenares de personas resultaron heridas.

“El pasado año ha sido lamentable para los derechos humanos en Perú. Decenas de personas que protestaban murieron por el uso desproporcionado de las fuerzas del orden, y otras víctimas de la represión policial continuaron sin alcanzar justicia y reparación. El mensaje que se da es que salir a protestar y morir por impacto de armas de fuego puede ser normal en el país, y eso es inaceptable”, sostuvo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

De otro lado, la agenda antiderechos siguió avanzando. En un país con altas tasas de embarazo adolescente y violencia machista, la promulgación de la Ley 31498 golpeó la educación sexual integral, y la aprobación en el Congreso del PL 1520/2021 sobre los derechos del no nacido, ha puesto en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Esta tendencia se da a pesar de que en 2022 cada día 50 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en el país, y que 1 623 niñas, de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres, la mayoría producto de violación sexual. En el caso de la región Lambayeque, 63 niñas de ese grupo etario dieron a luz, según el Sistema del Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud. Se trata de una estadística preocupante que mostró un incremento con respecto a las 49 menores de entre 11 a 14 años que fueron forzadas a dar a luz en 2021 en esta región.

En contraste con la intención de controlar sus cuerpos, sus vidas no parecen importar y la violencia machista siguió golpeando a mujeres y niñas. En 2022, 137 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país y se formularon 11 524 denuncias por la desaparición de niñas y mujeres.

Lambayeque fue la cuarta región del país con más denuncias por desaparición de mujeres en 2022, luego de Lima, Cusco y Junín. En esta región se registraron 657 denuncias por desaparición de mujeres, de las cuales 400 fueron ubicadas.

Además, 599 mujeres buscaron asistencia en los centros de emergencia mujer de la región, luego de haber sufrido violencia sexual. Este es solo uno de los canales por los que se denuncia la violencia machista.

“Los índices de violencia confirman que los derechos de las mujeres están en emergencia en Perú. En Lambayeque, región que presenta una alta tasa de embarazo adolescente y desaparición de mujeres, demandamos a las autoridades fortalecer los protocolos de prevención de la violencia de género y atención de las mujeres víctimas, actuando con la debida diligencia y rapidez ante las denuncias”, dijo Ana María González, presidenta de Amnistía Internacional Perú.

Otro tema de gran preocupación es que siguió sin aprobarse una Ley de Identidad de género, y a las personas trans se les continuó negando su derecho a la identidad. No solo eso, pese a las reiteradas denuncias de crímenes de odio en diferentes regiones, formuladas por organizaciones, las autoridades no impulsaron acciones o políticas para prevenir y sancionar esta violencia contra la comunidad LGTBIQ+. 

Por otro lado, siguió sin abordarse adecuadamente la crisis climática y los compromisos asumidos por el Estado para enfrentar el cambio climático, así como la protección de personas defensoras del medioambiente quedaron en el papel.

“El cambio climático no es solo un problema ambiental. Es una crisis de derechos humanos que impacta la salud, la economía y la seguridad de las personas. Esta situación la vemos en Perú, con eventos climáticos cada vez más recurrentes. Ante ello, demandamos a las autoridades respectivas un liderazgo para actuar de manera responsable, minimizando sus impactos desde la prevención y mitigación, pero también desde el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el Estado”, señaló Ana María González, presidenta de Amnistía Internacional Perú.

Y pese a que miles de personas viven con grave daño a la salud por contaminación con metales pesados en el país, y que las personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente enfrentan diferentes amenazas y ataques que en 2022 costó la vida de al menos seis defensores, el Congreso siguió sin ratificar el Acuerdo de Escazú, que es una herramienta clave para la justicia climática y la protección de personas defensoras.

Represión implacable de la disidencia

Así como en Perú, millones de personas en el mundo, junto a movimientos sociales y activistas, tomaron las calles para exigir derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente. En muchos países, las autoridades respondieron violando los derechos a la vida, a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física.

Las crisis humanitarias y de derechos humanos que atravesaron las Américas provocaron aumentos bruscos en el número de personas que abandonaban su país en búsqueda de protección. Al menos 7,17 millones de venezolanos y venezolanas han abandonado ya su país, y el número de quienes se marchan de Cuba y Haití también se ha incrementado de manera significativa. Según UNICEF, 5.000 niños, niñas y adolescentes atravesaron el peligroso Tapón del Darién —entre Colombia y Panamá— en el primer semestre de 2022, cifra que duplicaba la registrada en el mismo periodo de 2021.

La invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 desencadenó numerosos crímenes de guerra, una crisis energética y alimentaria mundial y alteró aún más el sistema multilateral. También puso de manifiesto la hipocresía de los Estados occidentales que reaccionaron con contundencia a la agresión del Kremlin, pero consienten graves violaciones de los derechos humanos en otros lugares.

“A pesar de los grandes desafíos, es esperanzador ver cómo activistas levantan su voz contra las injusticias en el mundo. En Perú, hemos visto mujeres luchando por su derecho a decidir sobre sus cuerpos, personas denunciando la represión estatal o luchando por la justicia climática. Ante las violaciones de derechos humanos no se acalla la voz e ímpetu de cada vez más activistas que exigen los cambios necesarios que garanticen los derechos de todas las personas”, manifestó Marina Navarro.