Las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión. Al concluir el año habían muerto al menos 22 personas y decenas más, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas —en muchos casos por armas de fuego— en el contexto de la represión ilícita de manifestaciones. Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El derecho a una educación sexual integral se vio amenazado. Las múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas las refugiadas venezolanas, persistieron, como también la discriminación y la violencia contra personas LGBTIQ.