El Informe 2022/23 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que el doble rasero y las respuestas insuficientes a los abusos contra los derechos humanos alimentaron la impunidad y la inestabilidad en el mundo. Algunos ejemplos son la negativa a hacerle frente al sistema de apartheid israelí contra la población palestina, o la contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania, que contrasta con la deplorable falta de medidas significativas ante graves violaciones de derechos humanos que cometen algunos de sus aliados, como Israel, Arabia Saudí y Egipto.
En Perú, con un marcado sesgo racista, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y letal de la fuerza principalmente contra población indígena y campesina tras las manifestaciones que iniciaron con la crisis política que siguió a la destitución del expresidente Pedro Castillo. Desde el inicio de la crisis, el 7 de diciembre de 2022, 49 personas murieron en el contexto de la represión estatal —11 en bloqueos de carreteras—, además de un policía y seis soldados, y centenares de personas resultaron heridas.
“El pasado año ha sido lamentable para los derechos humanos en Perú. Decenas de personas que protestaban murieron por el uso desproporcionado de las fuerzas del orden, y otras víctimas de la represión policial continuaron sin alcanzar justicia y reparación. El mensaje que se da es que salir a protestar y morir por impacto de armas de fuego puede ser normal en el país, y eso es inaceptable. El avance en la búsqueda de responsabilidades continúa siendo lento y las víctimas piden verdad y justicia”, sostuvo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
De otro lado, la agenda antiderechos siguió avanzando en 2022 en Perú, poniendo en grave riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En un país con altas tasas de embarazo adolescente y violencia machista, la promulgación de la Ley 31498 golpeó la educación sexual integral, y el avance del PL 1520/2021 sobre los derechos del no nacido, pone en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“El ansia de algunos Estados, entre ellos Perú, impulsados por grupos particulares y antiderechos, por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y sus vidas viene dejando un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial. Estas agendas, que vulneran los derechos de millones de mujeres en el país, no deben tener cabida”, dijo Marina Navarro.
En contraste con la intención de controlar sus cuerpos, sus vidas no parecen importar. En 2022 las autoridades no protegieron a las mujeres y las niñas de la violencia machista y eso lo demuestra que aproximadamente cada día 50 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, 137 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y se formularon 11.524 denuncias por la desaparición de niñas y mujeres. Estos indicadores colocaron los derechos de las mujeres en emergencia en 2022 en Perú.
Otro tema de gran preocupación es que siguió sin aprobarse una Ley de Identidad de género, y a las personas trans se les continuó negando su derecho a la identidad. No solo eso, pese a las reiteradas denuncias de crímenes de odio formuladas por organizaciones, las autoridades no anunciaron ni impulsaron acciones o políticas para prevenir y sancionar esta violencia contra la comunidad LGTBIQ+.
“No hemos visto un compromiso y responsabilidad de las autoridades para garantizar los derechos humanos. Por el contrario, el impulso de normas antiderechos, o en algunos casos la inacción e inoperancia de las autoridades, e incluso los discursos estigmatizantes que formularon, agudizaron las violencias que enfrentan las mujeres, entre ellas refugiadas y migrantes, y la comunidad LGTBIQ+”, dijo Ana María González, presidenta de Amnistía Internacional Perú.
Por otro lado, siguió sin abordarse adecuadamente la crisis climática y los compromisos asumidos por el Estado para enfrentar el cambio climático, así como la protección de personas defensoras del medioambiente quedaron en el papel.
“Pese a que miles de personas viven con grave daño a la salud por contaminación con metales pesados, y que las personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente siguen enfrentando amenazas y ataques que han costado la vida de al menos seis de ellos en 2022, vemos con gran preocupación que el Congreso no haya ratificado el Acuerdo de Escazú, herramienta clave para la justicia climática y protección de personas defensoras”, dijo Ana María González.
Esta situación de deterioro en materia de derechos humanos no es exclusiva de Perú. El informe de Amnistía Internacional revela cómo en América Latina los Estados fallaron a su población incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Así como en Perú, millones de personas en las Américas, junto a movimientos sociales y activistas, tomaron las calles para exigir derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente. En muchos países, las autoridades respondieron violando los derechos a la vida, a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física.
El uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad se extendieron en la región, y con frecuencia contra barrios de ingresos bajos y población racializada. En Brasil, el 84% del total de víctimas de homicidios policiales eran personas negras, como las 23 que murieron de forma violenta en una redada que tuvo lugar en Río de Janeiro en mayo. En Estados Unidos, más de 75 personas fueron detenidas en relación con las protestas que tuvieron lugar después de que la policía disparara 46 veces contra Jayland Walker —hombre negro— en Akron (Ohio) en junio.
En Venezuela, según la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), las fuerzas de seguridad efectuaron entre enero y septiembre 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los informes de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacaban la manipulación del sistema judicial con el objeto de proteger de la justicia a los agentes de policía y los militares responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas, e identificaban las cadenas de mando que vinculaban a los presuntos autores con el gobierno de Nicolás Maduro.
Las detenciones arbitrarias siguieron siendo generalizadas en la región. En marzo del año pasado, las autoridades de El Salvador declararon un estado de excepción como respuesta a un aumento notable de los homicidios, presuntamente cometidos por pandillas. Esta medida dio lugar a violaciones masivas de derechos humanos, más de 65.000 detenciones y la generalización de los juicios injustos.
En Nicaragua, hasta diciembre del año pasado, las autoridades habían cancelado la personería jurídica de al menos 3.144 organizaciones, encarcelado a periodistas y hostigado a personas que ejercían el activismo político y pertenecían a la oposición. En febrero de 2023, el gobierno sometió a exilio forzado a 222 personas y despojó a más de 300 de su nacionalidad; entre ellas personas destacadas del ámbito de la defensa de los derechos humanos, la literatura y el periodismo.
Las crisis humanitarias y de derechos humanos que atravesaron las Américas provocaron aumentos bruscos en el número de personas que abandonaban su país en búsqueda de protección. Al menos 7,17 millones de venezolanos y venezolanas han abandonado ya su país, y el número de quienes se marchan de Cuba y Haití también se ha incrementado de manera significativa. Según UNICEF, 5.000 niños, niñas y adolescentes atravesaron el peligroso Tapón del Darién —entre Colombia y Panamá— en el primer semestre de 2022, cifra que duplicaba la registrada en el mismo periodo de 2021.
En Perú, niñas y mujeres refugiadas venezolanas siguieron sufriendo múltiples formas de violencia de género, y la falta de regularización de sus documentos migratorios, así como la discriminación y estereotipos relacionados con su nacionalidad obstaculizaron su acceso a la justicia, la atención médica y otros derechos humanos. En la misma línea, en abril, las autoridades expulsaron sumariamente a 29 ciudadanas extranjeras en la región Piura, sin el debido proceso, vulnerando sus derechos y criminalizando la migración.
Además, los tribunales federales de Estados Unidos confirmaron los Protocolos de Protección a Migrantes y el Título 42 del Código de Estados Unidos, lo que causó daños irreparables a decenas de miles de personas solicitantes de asilo que fueron expulsadas a México, donde su vida corría peligro.
Estados Unidos ha criticado abiertamente las violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania y ha recibido a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra; sin embargo, en aplicación de unas políticas y prácticas basadas en el racismo contra la población negra, expulsó a más de 25.000 personas haitianas entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, y sometió a muchas de ellas a detención arbitraria y tratos humillantes que constituían tortura por motivos raciales.
La invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 desencadenó numerosos crímenes de guerra, una crisis energética y alimentaria mundial y alteró aún más el sistema multilateral. También puso de manifiesto la hipocresía de los Estados occidentales que reaccionaron con contundencia a la agresión del Kremlin, pero consienten graves violaciones de los derechos humanos en otros lugares.
“A pesar de los grandes desafíos que enfrentamos, es esperanzador ver cómo activistas levantan su voz contra las injusticias. En Perú, hemos visto mujeres luchando por su derecho a decidir sobre sus cuerpos, personas denunciando la represión estatal o luchando por la justicia climática. Ante las violaciones de derechos humanos no se acalla la voz e ímpetu de cada vez más activistas que exigen justicia y los cambios necesarios que garanticen los derechos de todas las personas”, dijo Marina Navarro.