Mansoureh Mills, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irán

“Niña casada”, “delincuente”, “menor infractora”.... Son algunos de los numerosos calificativos aplicados a Zeinab Sekaanvand en su brevísima vida. Rara vez se vio a Sekaanvand, ejecutada el martes en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental (Irán), como quien realmente era: una joven vulnerable atrapada en un círculo vicioso de violencia y abusos sexuales desde la infancia.

Sekaanvand, que tenía 24 años cuando fue ahorcada, había pasado casi un tercio de su vida en detención. En febrero de 2012 fue arrestada y procesada por el asesinato de su esposo, cometido cuando ella tenía 17 años. Ella había denunciado que había sido violada por su cuñado y torturada por la policía tras su detención.

Lo más escalofriante del caso de Sekaanvand es la cantidad de ocasiones en que las autoridades iraníes podían haber intervenido para ayudarla. Sekaanvand denunció los abusos que sufría. Alzó su voz, pero no le hicieron caso.

Una situación que muchas mujeres y niñas conocen muy bien. Pero, como Sekaanvand vivía en Irán, su caso se tornó incluso más siniestro.

Hay muchos casos como el de Sekaanvand en Irán, uno de los pocos países en el mundo que siguen ejecutando a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Actualmente hay al menos 88 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, y algunas llevan consumiéndose en prisión más de una década. Concretamente, el caso de Zeinab recuerda al de Fatemeh Salbehi, ejecutada en 2015 a la edad de 23 años por el asesinato de su esposo, con quien había sido obligada a casarse cuando tenía 16.

Si se analiza con más detenimiento, el caso de Sekaanvand parece un texto explicativo sobre las incontables maneras en que el sistema de justicia iraní perjudica a las mujeres.

Nacida en el noroeste de Irán, en el seno de una familia kurda iraní culturalmente conservadora, Sekaanvand tenía 15 años cuando se escapó de su casa para casarse con un hombre llamado Hossein Sarmadi. Zeinab había dicho que veía en el matrimonio su única oportunidad de tener una vida mejor. Pero su esposo era un hombre violento y pronto aparecieron los insultos y las agresiones físicas en su relación.

Sekaanvand pidió el divorcio en más de una ocasión, pero su esposo se lo denegó. En Irán, la discriminación contra mujeres y niñas está profundamente arraigada en el sistema de justicia, lo que a menudo les impide divorciarse, incluso aunque sean víctimas de violencia en el ámbito familiar.

Aunque Sekaanvand presentó varias denuncias en comisaría contra su esposo por violentos abusos, la policía no atendió ninguna de sus peticiones de ayuda ni abrió una investigación sobre él.

Desesperada, Sekaanvand trató de volver con sus progenitores, pero la habían repudiado por escaparse. Mientras, según contó, el hermano de Hossein estuvo violándola periódicamente.

Todavía menor de edad, estaba sometida a dos hombres violentos que abusaban de ella, y nadie la ayudaba.

En febrero de 2012, Sekaanvand fue detenida por el asesinato de su esposo. Se le denegó acceso a un abogado y, según su testimonio, fue torturada y golpeada por agentes de policía durante su interrogatorio. Fue en esas circunstancias en las que Sekaanvand “confesó” haber apuñalado a su esposo.

Las autoridades no le proporcionaron asistencia letrada hasta la última vista del juicio, tres años después de su detención. Entonces se retractó de su “confesión”, diciéndole al juez que el autor del asesinato había sido el hermano de su esposo, su presunto violador.

Sekaanvand declaró ante el tribunal que su cuñado le había dicho que, si aceptaba la responsabilidad, la indultaría. Según la legislación iraní, los familiares de una víctima de asesinato tienen la facultad de indultar al asesino y aceptar a cambio una indemnización.

Pero, en lugar de solicitar nuevas investigaciones, las autoridades desestimaron la declaración de Sekaanvand, la declararon culpable y la condenaron a morir en la horca.

El suplicio de Sekaanvand no terminó ahí. En 2015, mientras estaba en la cárcel de Urmía, Sekaanvand se quedó embarazada tras contraer matrimonio con un preso. Dio a luz un bebé muerto en septiembre de 2015. Según el personal médico, el bebé había muerto en el útero debido a una conmoción alrededor de dos días antes, más o menos cuando había tenido lugar la ejecución de su mejor amiga y compañera de celda. Las autoridades forzaron el regreso a prisión de Sekaanvand al día siguiente del parto del bebé muerto y no le proporcionaron cuidados después del parto ni apoyo psicosocial.

Antes de ejecutar a Sekaanvand esta semana, las autoridades le realizaron una prueba de embarazo. Al ver que el resultado era negativo, consideraron que podían ejecutarla.

La vida de Sekaanvand estuvo determinada por un sistema de justicia que perjudica descaradamente a las mujeres. Que establece la edad de responsabilidad penal en 9 años para las niñas y 15 para los niños, y determina que las niñas pueden casarse a partir de los 13 años. Que no penaliza la violación de una mujer por su esposo.

Que impone violentamente a mujeres jóvenes y adultas el uso del hiyab (velo), una práctica abusiva, discriminatoria y degradante, y mete en prisión a las que hacen campaña contra él.

Un sistema en el cual el testimonio de una mujer vale menos que el de un hombre. Y por eso ninguna persona con autoridad escuchó la historia de Sekaanvand. En su lugar, prefirieron ponerle fin.

Este artículo fue publicado por primera vez en Time.