Al tiempo que remiten las amenazas de países africanos de retirarse de la CPI, nuevos desafíos para la Corte aparecen en el horizonte desde el Norte. Por NETSANET BELAY y MATTHEW CANNOCK.
El martes, el gobierno de Sudáfrica retiró del Parlamento el proyecto de ley presentado para derogar su adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida tiene lugar tras la decisión adoptada el 8 de marzo de revocar su notificación a la ONU de la intención de Sudáfrica de retirarse del Estatuto de Roma. Esto representa un paso decisivo del gobierno de Sudáfrica en la dirección correcta: reconsiderar su decisión anterior de frustrar la búsqueda de justicia.
La medida es semejante a la adoptada por el gobierno recién elegido del presidente Adama Barrow en Gambia, que el mes pasado anuló la retirada del país del sistema del Estatuto de Roma. A primera vista, Burundi —que se retiró de la CPI en octubre del año pasado— queda más como una anomalía que como creador de tendencias.
Está por ver si la revocación decidida por el gobierno de Sudáfrica señala un giro en su intención de abandonar la CPI, como ocurrió con Gambia. Sin embargo, es indudable que la retirada de Sudáfrica habría debilitado a la Corte, que habría perdido el apoyo político y práctico de un actor de peso regional e internacional. Ver tirar la toalla a países que antes apoyaban firmemente a la CPI habría dado alas a los detractores de la Corte, que no habrían necesitado más invitación para redoblar sus ataques.
Sudáfrica tiene ahora la oportunidad de retomar el camino correcto y avanzar junto a una región africana fuerte y de voz firme en apoyo de la CPI y de su búsqueda de una justicia realmente internacional. No debe desaprovecharla.
El ejemplo previo de cambio de postura del gobierno de Gambia fue una novedad bienvenida que tuvo el efecto inmediato de amortiguar la retórica —y las informaciones de los medios de comunicación— que afirmaba que los gobiernos africanos pretendían una “retirada en masa” de la CPI.
La adopción por la Unión Africana de la llamada “estrategia de retirada de la CPI” en su cumbre de enero se produjo con notables reservas de varios Estados africanos. De hecho, no era en absoluto una “estrategia de retirada”, sino que establecía una hoja de ruta para la continuidad del compromiso de la Unión Africana con la Corte Penal Internacional. Esto siguió a muchas declaraciones de apoyo a la CPI —en particular de Estados africanos— en la última reunión de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, celebrada en noviembre de 2016.
Estos hechos demuestran el apoyo generalizado a la justicia internacional en África. El año 2017 mostrará sin duda que el apoyo de Gambia y otros Estados miembros africanos a la CPI y a la justicia internacional será decisivo para que la Corte pueda hacer frente a los desafíos que se avecinan, en particular aquellos a los que habrá de hacer frente en futuras investigaciones sobre Estados y actores más poderosos.
En 2016, la Fiscalía abrió una investigación sobre la situación en Georgia que incluía los crímenes de derecho internacional presuntamente cometidos por las fuerzas armadas rusas. Esta investigación siguió a la apertura de un examen preliminar sobre crímenes de derecho internacional presuntamente cometidos en Palestina, tanto por los palestinos como por las Fuerzas de Defensa de Israel, en enero de 2015. Según informes, la CPI también está muy cerca de abrir una investigación sobre crímenes de derecho internacional cometidos en Afganistán.
Dado que los crímenes se cometieron en el territorio de Afganistán, Estado Parte en la CPI, la Fiscalía ha afirmado que existe una base razonable para investigar los crímenes cometidos por los talibanes, las fuerzas del gobierno afgano y las fuerzas militares de Estados Unidos. Esto incluye los posibles casos del crimen de guerra de tortura y malos tratos conexos cometidos por las fuerzas estadounidenses desplegadas en Afganistán en instalaciones de detención secreta dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Un aspecto crucial es que estas investigaciones extenderán decisivamente el alcance de la CPI más allá del continente africano, y es muy probable que deban hacer frente a considerables desafíos de índole política y logística, además de las virulentas reacciones de los Estados poderosos cuyos nacionales sean investigados.
En consecuencia, la CPI podría verse sometida a un aislamiento cada vez mayor por parte de sus Estados Parte más poderosos. Varios Estados miembros han cuestionado ya la pertenencia de Palestina a la CPI, y algunas voces en Estados Unidos han cuestionado cualquier posible investigación sobre delitos cometidos por personal estadounidense en Afganistán, aduciendo que tales delitos no son tan graves como otros que se hallan en fase de investigación por la CPI. Un posible signo de lo que puede ocurrir tuvo lugar en la última sesión de la Asamblea de los Estados Partes, donde los Estados que hacen las principales contribuciones económicas, como Reino Unido, Francia, Canadá y Alemania, entre otros, redujeron al límite absoluto la financiación de la CPI. Estos recortes presupuestarios menoscaban la capacidad de la Corte para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos, y podrían entenderse como un método poco limpio para impedir que lleve a cabo su labor.
La CPI también tendrá dificultades para conseguir que los Estados poderosos cuyos nacionales o fuerzas sean objeto de investigación cooperen con las investigaciones. Al carecer de un brazo o mecanismo ejecutivo, la CPI depende por completo de la mediación política de sus miembros para asegurar la cooperación de los Estados, lo que incluye permitir que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones relacionadas con nacionales de países que no son Estados partes, y en su territorio. La CPI sabe ya, por los casos de Kenia y por la no aplicación de la orden de detención del presidente de Sudán, Omar al Bashir, hasta qué punto la falta de cooperación de los Estados puede llegar a impedir el éxito de las investigaciones y de los enjuiciamientos.
Corresponde, pues, a un continente africano fuerte —estimulado por el nuevo compromiso de Sudáfrica y Gambia— redoblar su compromiso con la Corte Penal Internacional, al igual que a los Estados de menor peso político individual y a los bloques regionales de la Corte. Para que la búsqueda de la justicia internacional no se descalifique como parcial o no aplicable a las grandes potencias, la Corte necesita el apoyo de aquellos Estados que individualmente carecen de la influencia política o económica de Estados más grandes, pero cuyo compromiso conjunto y voluntad de que se haga justicia puedan desafiar a los Estados que tratan de injerirse en la labor de la Corte o frenarla. La CPI goza actualmente de un nivel razonable de cooperación de sus Estados Partes, aun cuando sufren presiones de las grandes potencias para que no cooperen con la Corte. No se debe permitir que este pozo de apoyo decisivo se seque.
Todos los Estados Partes de la CPI deben adoptar medidas concretas para apoyar a la Corte, como acordar proporcionarle el presupuesto que necesita y concertar acuerdos de cooperación, por ejemplo para aceptar la reubicación de testigos en situación de riesgo por su testimonio ante la CPI.
Los Estados también pueden prestar su apoyo político y diplomático a la Corte en varios foros. Es fundamental que los Estados denuncien la hipocresía del Consejo de Seguridad de la ONU y aborden el carácter político del ejercicio que éste hace de su poder al remitir (o no) los casos a la Fiscalía de la CPI. Esto debe ir acompañado de un esfuerzo coordinado para reformar esta práctica. Estos Estados también deben presionar activamente al Consejo de Seguridad para que remita situaciones a la CPI, en particular las que puedan ser vetadas únicamente por motivos de realpolitik.
Es imperativo asimismo que los Estados africanos y otros Estados del Sur global sigan alentando y presionando a los Estados poderosos, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, para que se unan al Estatuto de Roma.
Seamos claros: 2017 no será el fin de la CPI. Sin embargo, a medida que se haga realidad su promesa de convertirse en un auténtico “tribunal mundial” mediante la investigación de los presuntos delitos cometidos en todos los continentes, habrá de hacer frente a desafíos aún mayores. La Corte y los Estados Partes que la defienden deben hacer frente a estos desafíos para que la justicia internacional sea realmente universal, eficaz e imparcial.
La sociedad civil y los Estados miembros, en particular los del Sur global, deben levantarse y hacerse oír en la defensa de la Corte frente a nuevos ataques, vengan de donde vengan. — Daily Maverick
Netsanet Belay es director de Investigación y Trabajo de Incidencia sobre África de Amnistía Internacional, y Matthew Cannock es director de Justicia Internacional de Amnistía Internacional.
Foto: Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, espera el comienzo del juicio contra el ex ex vicepresidente del Congo, Jean-Pierre Bemba, su abogado y un legislador congoleño en la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, el 27 de noviembre de 2013. EPA/Peter Dejong / POOL