Amnistía Internacional expresa su preocupación ante el uso indebido del sistema de justicia a través de un infundado proceso penal por usurpación en contra de la defensora de derechos humanos Máxima Acuña, y por la estigmatización en su contra con el fin de desacreditar y deslegitimar su trabajo. El próximo 15 de marzo, la Corte Suprema de Justicia realizará una audiencia en el trámite del recurso de casación en contra de la sentencia de 17 de diciembre de 2014 que declaró inocente a la defensora y a integrantes de su familia, del delito de usurpación, precisamente por falta de pruebas.[1]
En agosto de 2011, la defensora campesina de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya, su esposo Jaime Chaupe Lozano, su hija mayor Isidora Chaupe Acuña y su yerno Elías Rodríguez Chaupe fueron denunciados por el delito de usurpación. La acusación de la Fiscalía se basa en que supuestamente la defensora y su familia habrían despojado “por violencia” y mediante “amenaza” de la posesión del terreno conocido como Tragadero Grande en la región de Cajamarca, Perú, a la empresa Minera Yanacocha. La empresa ha argumentado que este terreno se encuentra dentro de tierras de su propiedad adquiridas en 2001 a la empresa Minas Conga.
Amnistía Internacional tuvo acceso al expediente judicial de la acción penal que se sigue en contra de la defensora e integrantes de su familia por el delito de usurpación, y que actualmente se encuentra en debate de casación ante la Corte Suprema de Justicia del Perú, y pudo concluir que la Fiscalía no presentó ninguna prueba que sustente la acusación de que la defensora y su familia ingresaron al terreno conocido como Tragadero Grande a través del uso de la violencia y/o mediante amenazas.
Por el contrario, Máxima Acuña y su familia han hecho uso de distintos medios legales a su alcance para dirimir pacíficamente la controversia con la empresa Yanacocha. En mayo de 2011, antes de que se presentara denuncia en su contra por usurpación, la defensora de derechos humanos y su esposo habían ya denunciado a personal de la Minera Yanacocha por este mismo delito pues el día 24 de ese mes les fue exigido retirarse del predio que ocupaban. Esta denuncia fue archivada el 11 de agosto de 2011, tan solo unos meses después de haber sido presentada y durante el período de agosto en que la empresa Yanacocha solicitó a la policía y a la fiscalía que acudieran para retirar de Tragadero Grande a la familia.
Recientemente, el 20 de febrero de este año, la Fiscalía abrió una nueva investigación contra varias personas que ocupan posiciones gerenciales en la empresa Yanacocha, por la presunta comisión del delito de usurpación en su modalidad de daños simples en agravio de Máxima Acuña y Jaime Chaupe en relación con la defensa posesoria ejercida por la empresa el 4 de octubre de 2016 en el predio en litigio. Esta nueva investigación se viene a sumar a los múltiples procesos judiciales que se han desarrollado y se están desarrollando en este caso.
De otra parte, la Fiscalía decidió continuar, sin sustento probatorio, la investigación penal en que la empresa minera Yanacocha era la parte agraviada. La Fiscalía ni otra parte dentro del proceso presentaron prueba alguna del uso de violencia o de amenazas por parte de la familia, por lo que no hay pruebas de un presunto delito de usurpación. Amnistía Internacional considera que, en estas circunstancias, el proceso por usurpación que se le sigue a la defensora de derechos humanos Máxima Acuña constituye una táctica para hostigar y desarticular el ejercicio del derecho a promover y defender los derechos humanos mediante el uso indebido del sistema de justicia penal. En este sentido, las autoridades debieron cerrar la investigación y remitir a las partes a la jurisdicción civil para que allí se determinara los derechos sobre el bien objeto de litigio de cada una de las partes en disputa.
La criminalización de la defensora Máxima Acuña se ve reforzada por la estigmatización que ha sufrido. De acuerdo con rumores que circulan en la zona en dónde vive, Máxima se estaría enriqueciendo por su trabajo con los derechos humanos. A partir de dichos rumores, ha sido incluso tildada de “sinvergüenza” por algunas personas de la comunidad. A los rumores falsos se suman expresiones utilizadas por representantes de la empresa minera Yanacocha, en medios y comunicados de prensa de 29 de abril, 22 de mayo, 22 de julio y 12 de agosto de 2015, y 2 de febrero y 12 de marzo de 2016, para referirse a las actividades de la defensora como invasiones, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras esté pendiente de resolución judicial.
La estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos generan serios impactos negativos que afectan incluso a las organizaciones y movimientos sociales a los que pertenecen. De una parte, crean la imagen ante la sociedad de que las personas defensoras de derechos humanos son “delincuentes” y por esta vía deslegitiman la importante labor que realizan. De otra parte, contribuyen a consolidar un ambiente hostil al derecho a promover y defender los derechos humanos, que facilita, a su vez, la comisión de agresiones físicas e incluso asesinatos contra quienes defienden derechos humanos.
Amnistía Internacional hace un llamado a la Fiscalía del Perú a que adopte las medidas necesarias para evitar la continuación de la criminalización contra Máxima Acuña y su familia, y tome medidas eficaces para prevenir el uso indebido del sistema de justicia en contra de personas defensoras de derechos humanos ligados a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Igualmente insta las autoridades, así como a las personas que representan a la Minera Yanacocha, se abstengan de utilizar expresiones que estigmatizan a Máxima Acuña y su familia, incluyendo en particular la expresión “invasores”.
[1]Esta sentencia revocó la del 5 de agosto de 2014 en que el Juzgado Unipersonal de la Provincia de Celendín condenó a la defensora y su familia en primera instancia.