La tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando las detenciones arbitrarias y dando lugar a tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México demuestra la manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas. Además, los agentes a menudo colocan pruebas falsas en un intento de demostrar que están haciendo algo para abordar la delincuencia, o de castigar a personas por su activismo de derechos humanos. El informe se basa en entrevistas confidenciales con agentes de policía y miembros del sistema de justicia.

“El sistema de justicia de México es totalmente inadecuado para su propósito y, por tanto, está fallando masivamente a la población”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La policía parece estar deteniendo a personas sin más motivo que fingir que está actuando para hacer frente a la delincuencia. En última instancia, con esto no se consigue nada, más que poner a todas las personas del país en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos.”

Las detenciones arbitrarias pueden dar lugar fácilmente a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

El 25 de febrero de 2016, unos policías de X-Can, una pequeña comunidad de la península de Yucatán, en el sur de México, detuvieron arbitrariamente a José Adrián, un muchacho de 14 años con discapacidad al que acusaron de arrojar piedras contra su automóvil.

Los policías no dijeron a José Adrián por qué lo detenían, y no se pusieron en contacto con su familia. En lugar de eso, lo golpearon, le quitaron la camisa y lo esposaron. Luego lo llevaron a una comisaría cercana, donde lo colgaron por las esposas y, mientras estaba colgado, lo golpearon para obligarlo a confesar.

Cuando los padres de José Adrián finalmente lo encontraron, descubrieron que les pedían el pago de unos 138 dólares estadounidenses por los daños en el automóvil, y 39 dólares de multa. Las autoridades locales les dijeron que, si no pagaban, José Adrián no sería puesto en libertad, así que finalmente los padres consiguieron reunir el dinero y pagar la multa.

La familia presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el ministro fiscal, pero 18 meses después aún no les han informado de ningún progreso en la investigación.

En junio de 2016, México implementó en todo el país un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que otorgaba a la policía poderes adicionales para llevar a cabo investigaciones. El Código pretendía acelerar las investigaciones penales.

Sin embargo, en la práctica, la ley no se está implementando debidamente, y muchos policías no cuentan con formación adecuada y no respetan el principio básico de la presunción de inocencia: un derecho humano fundamental.

En una escandalosa admisión, un policía dijo a Amnistía Internacional que no veía la importancia de hacer que los detenidos conocieran sus derechos. Esto refleja la actitud de un gran número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, de forma descarada y sin ningún arrepentimiento, violan los derechos humanos de las personas con las que interactúan.

Los miembros del poder judicial no suelen cuestionar la fuente de las pruebas que les presenta la policía, pese a que saben que, en muchos casos, los agentes colocan pruebas para incriminar a personas, especialmente en delitos relacionados con robos, armas y tráfico de drogas.

Varios miembros de la judicatura, la policía y el ministerio público se quejaron a Amnistía Internacional de la falta de recursos (por ejemplo, personal, vehículos, teléfonos y expertos forenses y periciales) para resolver los delitos. Los miembros de la judicatura admitieron que sufrían presiones de sus superiores, e incluso del poder ejecutivo, para que dictaran determinadas sentencias en casos destacados.

Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario y activista de derechos humanos, se consume en una prisión federal de máxima seguridad en el estado de Jalisco desde que fue detenido ilegalmente por policías federales vestidos de civil en Ciudad de México en mayo de 2013.

Desde el momento de su detención, Enrique fue golpeado y humillado. Luego lo llevaron a un lugar no identificado donde lo torturaron con palizas, asfixia y amenazas a su familia, mientras lo interrogaban sobre su trabajo de derechos humanos.

Un día después lo llevaron ante la Procuraduría de Justicia, donde lo torturaron de nuevo mientras la policía intentaba obligarlo a confesar un secuestro (cosa que él se negó a hacer). Posteriormente lo interrogaron y lo acusaron de implicación en el crimen organizado y de secuestro junto con otras 12 personas que también afirmaron haber sido torturadas para obligarlas a confesar. Cuatro años después de su detención, Enrique continúa en prisión preventiva.

“Esta investigación muestra que todo el mundo corre peligro de sufrir detención arbitraria en México, y que este peligro aumenta enormemente si eres pobre, si llevas la ropa indebida o si trabajas para defender los derechos humanos. El sistema en México parece estar diseñado para hacer lo que sea necesario para mantener las prisiones llenas. Esto tiene que cambiar, y deprisa.”