A 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR, el camino a la justicia es lento y revictimizante
En el vigésimo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Estado peruano, sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Perú, entre los años 1980 y 2000, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el lento y parcial cumplimiento de las recomendaciones formuladas, lo cual se expresa en miles de víctimas y familiares que continúan a la espera de justicia y reparación integral efectiva. Esta situación, sumada a que persisten las condiciones en las que se desarrolló el conflicto armado interno, no permite que se generen las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
28 agosto 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Venezuela: Nueva investigación muestra cómo la represión calculada del gobierno de Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución
La política de represión en Venezuela se ha sustentado en la coordinación entre los ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación con conexiones al gobierno de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, con un marcado carácter de discriminación política, concluye una nueva investigación de Amnistía Internacional publicada hoy en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
10 febrero 2022
Ministro de Justicia se reunió con la directora de Amnistía Perú
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sostuvo una reunión con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas en defensa de los derechos humanos.
28 septiembre 2021
Ataques contra las personas defensoras deben detenerse
Amnistía Internacional repudia el ataque contra el líder asháninka Mario López Huanca, quien se encuentra gravemente herido, producto de un disparo con perdigón en la cabeza, en Pasco. Demandamos a las autoridades medidas inmediatas de investigación, protección y justicia.
01 julio 2021
Esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles
En el marco de las audiencias de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exfuncionarios de su gobierno, acusados de ordenar esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, mayoritariamente indígenas y campesinas hablantes de quechua, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú dijo:
“Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas.”
“Esto significa que el derecho a verdad, justicia y reparaciones de las víctimas no puede extinguirse por el paso del tiempo y que los presuntos responsables de tales crímenes deben comparecer ante la justicia ordinaria y, de ser hallados culpables en juicios justos, deben ser sancionados conforme a la gravedad de sus conductas. Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación plena e integral, que incluya medidas efectivas de restitución, indemnización, rehabilitación de daños físicos y psicológicos, más otras medidas simbólicas destinadas a paliar su sufrimiento y el de sus familiares y ayudarlas a rehacer sus vidas.”
14 junio 2021
PERÚ: EL DERECHO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS NO PRESCRIBE
Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado Peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles Las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones y no puede haber más dilaciones ni excusas, dijo hoy Amnistia Internacional en el marco de las audiencias de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exministros de Salud de su gobierno, acusados por ordenar esterilizaciones forzadas a unas 270,000 mujeres, en su mayoría indígenas, campesinas y Quechua hablantes.
11 junio 2021
AMNISTÍA INTERNACIONAL: NO PUEDE DILATARSE EL DERECHO A REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS
Amnistía Internacional saluda la demanda de amparo, y su reciente admisión a trámite constitucional, presentada por diversas organizaciones de víctimas e instituciones que conforman el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF). Esta demanda busca que se subsane la omisión del otorgamiento de reparaciones a las víctimas de esterilizaciones forzadas, y se ordene al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) que implemente un programa de reparaciones para las víctimas que se encuentran inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), que está cargo del propio MINJUSDH.
03 junio 2021
EXIGIMOS INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN PARA LOS RESPONSABLES DEL ATAQUE AL MURAL SOBRE MUJERES DESAPARECIDAS EN SJL
Desde Amnistía Internacional, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Mujeres Desaparecidas Perú, organizaciones que forman parte de la campaña #Búscalas, expresamos nuestro rechazo al ataque contra el mural artístico realizado los días 16 y 17 de enero en San Juan de Lurigancho para visibilizar y exigir justicia en los casos de mujeres desaparecidas.
21 enero 2021
A dos meses del #14N aún no hay justicia ni reparación para las víctimas de la represión policial
Amnistía Internacional demanda al Estado peruano que garantice justicia y reparación, de manera oportuna, para todas las víctimas del 14 de noviembre que, ejerciendo su derecho a la protesta, fueron asesinados o heridos por la represión policial. Es fundamental que desde el Estado se reconozca la vulneración cometida, y que las víctimas cuenten con medidas de reparación materiales e inmateriales.
14 enero 2021
AMNISTÍA INTERNACIONAL ENTREGA AL GOBIERNO PERUANO 77 106 FIRMAS PARA QUE SE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy, Amnistía Internacional Perú se reunió con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y entregó al titular de esta cartera, Eduardo Vega, 77 106 firmas de ciudadanos y ciudadanas a favor de los derechos humanos.
10 diciembre 2020
Amnistía Internacional promueve inconstitucionalidad de resoluciones discriminatorias contra personas LGBTI
El día de hoy, Amnistía Internacional, junto al equipo Diversxs Alto Paraná, y con el apoyo de la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS) e It Gets Better Paraguay, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Inconstitucionalidad contra dos resoluciones de la Junta e Intendencia Municipal de la Ciudad de Hernandarias que vulneran los derechos humanos de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI).
14 octubre 2019