“La detención y enjuiciamiento del rapero marroquí Mohamed Mounir —popularmente conocido como Gnawi— es un ataque flagrante contra el derecho a la libertad de expresión”, ha declarado Amnistía Internacional con motivo de la primera sesión del juicio contra el músico, que se celebrará el 14 de noviembre.

Desde el 18 de octubre, miles de personas se han echado a las calles de Chile en respuesta al aumento de los precios del metro en su capital. Las manifestaciones se ampliaron para reflejar el enfado de la población por el coste de la vida y por la desigualdad. El presidente decretó un estado de emergencia que permite al ejército ejercer labores policiales e imponer un toque de queda. La información inicial da cuenta de varias muertes, detenciones masivas y decenas de personas sometidas a tortura o malos tratos. Pedimos al presidente que aborde las demandas detrás de las protestas y respete el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Es el momento de  tomar acción y exigir al presidente Sebastián Piñera que aborde las demandas de fondo tras las protestas; respete a quienes ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica junto con dejar de emplear a las Fuerzas Armadas en el control de las protestas.

Seis meses después de que las autoridades de Río de Janeiro detuvieran a dos hombres acusados de matar a Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes, y se comprometieran a proseguir con las investigaciones en reuniones sostenidas con Amnistía Internacional y la familia de Marielle, no han realizado todavía ningún progreso digno de mención en la identificación de quienes ordenaron el crimen y sus motivos. En vista de la falta de progresos en la investigación, Amnistía Internacional ha enviado sendas cartas al gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y al fiscal general del estado, Dr. José Eduardo Gussem, en las que reitera sus llamamientos para que resuelvan los crímenes y proporcionen información actualizada sobre las indagaciones policiales en curso y otras medidas de investigación.

Ante el anuncio de la jefa del ejecutivo de Hong Kong Carrie Lam de la retirada oficial del proyecto de ley de reforma de la Ley de Extradición, Man-Kei Tam, director de Amnistía Internacional Hong Kong, ha declarado:  

En la madrugada del 17 de julio, Bryan Murillo López murió a consecuencia de los disparos efectuados por elementos de la policía nacional nicaragüense. Dos familiares de la víctima, su hermano Kener Murillo López y su cuñado Javier Cortez, resultaron también gravemente heridos. Según un comunicado de la policía, los oficiales habrían disparado en defensa propia; sin embargo, la información analizada hasta el momento indicaría que la policía estaba realizando un operativo ilegal durante el cual hizo uso de armamento militar. De acuerdo a información recibida por Amnistía Internacional, las víctimas, que se encontraban desarmadas en el momento de los hechos, pertenecen a una familia abiertamente opositora al gobierno de Daniel Ortega en un contexto de sostenida violencia política contra quienes disienten del gobierno.    

Desde inicios de la semana, miles de personas en Venezuela han salido a las calles en reclamo por la grave crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país. En respuesta, y en vez de procurar soluciones y abrir espacios para atender las demandas, las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro sacan a la calle a funcionarios militares y policiales, aplicando su política de represión.

En reacción a la presentación del “Informe sobre los Hechos de Violencia Ocurridos Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua,” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua) el día de hoy, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó: "El demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sostiene que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis que comenzó el pasado abril. El informe constituye una detallada investigación de los crímenes de derecho internacional y las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por agentes estatales bajo el mando del presidente Ortega, utilizando las instituciones públicas y grupos parapoliciales para crear un aparato represor, con el fin de asesinar y perseguir a aquellas personas que se oponen a sus políticas." "Un informe de tal naturaleza debe ser investigado judicialmente, de modo imparcial y exhaustivo. A tales fines, el papel de la comunidad internacional es crucial para evitar que los crímenes queden impunes. Amnistía Internacional les recuerda a todos los estados que pueden ejercer jurisdicción universal con relación a estos crímenes de lesa humanidad"

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

La vista celebrada hoy en el Senado de Filipinas ha puesto de manifiesto las terribles deficiencias de la actuación policial a la hora de proteger a las personas menores de edad de la “guerra contra las drogas”, ha declarado Amnistía Internacional. La vista se había convocado para tratar el homicidio a manos de la policía la semana pasada del estudiante de 17 años Kian Loyd Delos Santos, cuyo caso ha desencadenado una gran indignación tanto en el país como en el ámbito internacional. Aunque la policía afirma que el homicidio fue en defensa propia, las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de televisión y los testigos presenciales ponen seriamente en duda esta versión.

Una reciente investigación de Amnistía Internacional reveló que en todo México las fuerzas policiales detienen rutinariamente y sin motivos a personas.   Parece tratarse de un intento de las autoridades de mostrar que hacen frente a los brutales carteles de la droga que operan en el país y a los elevados índices de criminalidad. Pero la realidad es diferente.

Las autoridades turcas deben poner en libertad inmediata e incondicional a 10 defensores y defensoras de los derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional después de que se ampliara siete días más su detención en dependencias policiales, que duraba ya una semana.

Nuevas imágenes de video, verificadas de forma independiente por Amnistía Internacional, en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona durante una operación de seguridad en la región central del país, ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales.

Por el Día Internacional Contra la Homofobia y Transfobia (IDAHOT) se realizó una movilización frente al Congreso de la República.

El impactante aumento del 103 % en el índice de homicidios policiales cometidos en Río de Janeiro entre abril y junio de 2015 y de 2016 ha malogrado toda posibilidad de un legado positivo.