Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

La política israelí de expulsar a solicitantes de asilo africanos a dos países africanos sin especificar supone renunciar a sus obligaciones para con las personas refugiadas y es un ejemplo de las despiadadas medidas políticas que fomentan la “crisis global de refugiados”; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, mientras el Tribunal Supremo de Israel examina nuevas pruebas sobre la legalidad de esta política.

El encarcelamiento continuado de la activista palestina adolescente Ahed Tamimi es un flagrante intento de intimidar a quienes se atreven a desafiar las circunstancias de la constante ocupación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que Ahed Tamimi haya sido condenada a una pena de ocho meses de prisión y a una multa de 5.000 séqueles (unos 1.400 dólares estadounidenses), con una pena condicional de tres años, tras llegar a un acuerdo para declararse culpable a cambio de esa pena en el tribunal militar de Ofer, en la Cisjordania ocupada por Israel.

Emilia* cuenta que llevó a su familia a México después de que su hermano y dos de sus hijos fueran asesinados en El Salvador, su país natal. De los miles de personas que huyen de América Central a México, ella fue una de las afortunadas. Después de solicitar asilo, México le dio protección y residencia. La gran mayoría no corre con la misma suerte.

Hace poco estuve varios días hablando con mujeres en campos de refugiados de Lesbos y Samos, dos de las islas griegas donde miles de personas refugiadas permanecen atrapadas como consecuencia de una decisión adoptada por los gobiernos de la UE hace dos años.

México vivió tiempos muy duros hace tres meses, cuando se vio sacudido por un terremoto que, además de ser el segundo en un mes, fue el más letal que el país ha debido afrontar en 30 años. Los terremotos de septiembre de 2017 dejaron cientos de personas muertas y causaron graves daños en las comunidades más cercanas a los epicentros. Durante ese mes, la población mexicana salió a ayudar a sus compatriotas, orgullosa de su lado más humano, e incluso cosechó reconocimiento internacional por el altruismo y las acciones heroicas de sus civiles.

Cuando se cumplen siete años de conflicto en Siria, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades y tome medidas urgentes para poner fin al sufrimiento de millones de sirios y sirias y a los sangrientos ataques contra la población civil sometida a asedio en la Guta oriental y en Afrin.

La ONU acaba de publicar un informe condenatorio sobre la investigación llevada a cabo por el gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. En él se revelan la detención arbitraria y la tortura de sospechosos y la manipulación y ocultación de pruebas, y se subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales llevadas a cabo en México. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Maira Verónica Figueroa Marroquín, de 34 años, que pasó 15 años encarcelada tras sufrir una emergencia obstétrica, fue puesta en libertad el martes tras reducirse su condena de 30 años por “homicidio agravado”, impuesta en virtud de la prohibición total del aborto vigente en El Salvador. En respuesta a su liberación, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado:

Se trata de una decisión desacertada y sumamente lamentable del presidente Duterte, y la señal más reciente de que en Filipinas hay individuos poderosos que tienen más interés en encubrir su propia responsabilidad potencial en homicidios que en garantizar la justicia para las numerosas víctimas de la brutal ‘guerra contra las drogas’ emprendida en el país

La firma del primer acuerdo legalmente vinculante para proteger los derechos de acceso en cuestiones medioambientales en 24 países de Latinoamérica y el Caribe constituye una gran victoria para quienes defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente en la región. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Ante el artículo del New York Times según el cual un informe inédito de la ONU revela que entre 2012 y 2017 Corea del Norte envió en secreto a Siria suministros que podían utilizarse para producir armas químicas prohibidas internacionalmente, Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, ha declarado:

Una se preguntará qué ha cambiado en Guerrero desde hace tres años y medio, cuando 43 jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, en lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denominó un ataque masivo e indiscriminado contra población civil. A pesar de que este análisis pasó desapercibido, significa que en Iguala, se pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad, con la posible participación de los tres niveles del Estado Mexicano.

Como señaló una vez, con gran elocuencia, una célebre presa de conciencia de Amnistía Internacional, “los seres humanos necesitan ser libres, y por mucho que accedan a estar encerrados y oprimidos llegará un momento en que digan: ‘ya está’”.

Los retuits de Donald Trump de comentarios islamófobos de un grupo marginal de extrema derecha británico fueron sólo la punta del iceberg. Desde Myanmar hasta Estados Unidos, en 2017 una avalancha de comentarios online controvertidos suscitaron un debate en gran escala sobre cómo pueden utilizarse las redes sociales para incitar al odio y la discriminación.

Ante las noticias de la intensificación de la campaña de bombardeos del gobierno sirio y su aliada Rusia en la Guta oriental (gobernación de Damasco Rural) que en el último mes ha causado la muerte de decenas de personas y heridas a centenares, Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria, ha declarado: “El gobierno sirio, con el respaldo de Rusia, está atacando deliberadamente a su propia población en la Guta oriental. Las personas no sólo lleva seis años sufriendo un cruel asedio, sino que ahora están atrapadas en una oleada diaria de ataques que las están matando y mutilando deliberadamente y que constituyen crímenes de guerra flagrantes.