Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

En el marco de la Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las industrias extractivas en el país –desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre-, diversas organizaciones sociales vinculados al tema de derechos humanos, poblaciones indígenas, entre otros, vienen organizando una serie de actividades enfocadas a políticas de salud en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas.  

Comunidades indígenas en la selva y la sierra de Perú sufren una crisis de salud por exposición a metales pesados y otras sustancias químicas, sus únicas fuentes de agua están contaminadas, y el Estado peruano no les ha brindado la atención que necesitan Estudios demuestran que las personas están expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas nocivas para la salud humana y sus fuentes principales de agua están contaminadas. A pesar de esta realidad, el Estado peruano no les ha proveído de agua potable ni atención médica adecuada vulnerando su derecho a la salud. Necesitamos tu apoyo para que el Estado peruano adopte medidas de emergencia para responder las necesidades urgentes de salud en Cuninico y Espinar.

La decisión de hoy del Tribunal Constitucional de Chile de apoyar la despenalización del aborto en tres circunstancias representa una importante victoria para los derechos humanos y para la protección de la vida y la salud de las mujeres y niñas de todo el país, ha declarado Amnistía Internacional.    

En Estados Unidos, un conjunto de leyes que afirman promover la salud materna e infantil están apartando de hecho a mujeres embarazadas de servicios médicos esenciales, y con ello están poniendo en peligro su bienestar y están violando su derecho a la salud.

“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.   Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia. “Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”. Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes: Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia. Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo. Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero. Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock. La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes: Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas. El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva. Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses. “Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.

Amnistía Internacional presenta hoy su campaña Mi cuerpo mis derechos en Burkina Faso.

Amnistía Internacional exhorta a los gobiernos a respetar sus compromisos ante la ONU en materia de DDHH en medio de esta crisis de salud.

La resolución dictada por el Tribunal Supremo de Filipinas para bloquear la nueva Ley de Salud Reproductiva es un importante retroceso para los derechos humanos en el país.

Queremos mostrar los obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes en todo el mundo a la hora de acceder a servicios de atención a la salud e información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos brillan por su ausencia en las políticas sobre salud sexual y reproductiva de todo el mundo. A las mujeres y las niñas les resulta casi imposible acceder a información y servicios básicos.

Tribunal Constitucional descriminaliza las relaciones consentidas entre menores de 14 y 18 años. Valoramos que se promueva el derecho a la salud sexual y reproductiva en los adolescentes.

Amnistía Internacional ve con satisfacción los pasos que se están dando hacia la despenalización del aborto en Perú y hace un llamado a las autoridades correspondientes para que estos esfuerzos sean pronto concretados en las normas penales. Las propuestas presentadas el pasado martes por la Comisión del Congreso encargada de revisar el Código Penal buscan despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, incluyendo por ejemplo, cuando una mujer o niña queda en estado de embarazo como resultado de una violación sexual. Para poner fin a los abortos inseguros y a otras violaciones de los derechos humanos de las mujeres, deben derogarse todas aquellas normas que prevean penas de prisión u otras sanciones contra las mujeres y niñas por el simple hecho de haber buscado u obtenido un aborto. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de servicios de aborto seguros y legales; que sean accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los soliciten en caso de embarazo no deseado como consecuencia de una violación sexual o incesto, o cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer o conlleve un riesgo grave para su salud.

El presidente Barack Obama debe dar el primer paso para levantar el embargo de Estados Unidos contra Cuba, y para ello debe optar por no renovar las sanciones impuestas contra la isla en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo. Así lo ha manifestado hoy, 2 de septiembre, Amnistía Internacional, mientras se aproxima la fecha límite del 14 de septiembre para la renovación de sanciones en virtud de la Ley. El llamamiento de Amnistía Internacional forma parte de un informe publicado hoy que examina el impacto del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. El informe, titulado El embargo estadounidense contra Cuba: Su impacto en los derechos económicos y sociales, concluye que las sanciones, impuestas por Estados Unidos desde 1962, afectan en especial al acceso de la población cubana a las medicinas y las tecnologías médicas y pone en peligro la salud de millones de personas.

Al menos 11 familias romaníes pueden ser desalojadas forzosamente de sus hogares en un vertedero de la isla griega de Lefkada, y han sido sometidas a otras violaciones de sus derechos a una vivienda adecuada y a la salud. Las familias llevan tres años viviendo en el vertedero, sin acceso a electricidad, alcantarillado y abastecimiento de agua, tras haber sido desalojadas de otro lugar cercano a Lefkada, la capital de la isla. Al menos 11 familias, entre cuyos miembros hay muchos niños y niñas, se enfrentan a desalojo forzoso al haber decidido las autoridades de Lefkada reurbanizar el vertedero. No se ha consultado a la comunidad romaní; las autoridades locales se limitaron a comunicar verbalmente a la comunidad, hace aproximadamente tres semanas, que debía marcharse. Sin embargo, a las familias no se les ha ofrecido ninguna alternativa adecuada de alojamiento. Según informes, se les ofreció oficiosamente la posibilidad de trasladarse a casas prefabricadas más próximas al vertedero, propuesta que la comunidad no consoderó adecuada.