Amnistía Internacional expresa su preocupación por los procesos penales que enfrentan los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes José Antonio Eguren con base en publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana .
En ese contexto, Amnistía Internacional considera que el uso de leyes penales de difamación con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas contraviene el derecho a la libertad de expresión, tal como lo disponen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos tratados ratificados por el estado peruano. Por ello, los casos de difamación deben tratarse por la vía civil. Aunado a lo anterior, figuras públicas, incluyendo los líderes religiosos, se encuentran sometidas a un mayor nivel de escrutinio por parte de la sociedad y el adelantar procesos penales contra periodistas que realizan dicho escrutinio hacen latente la necesidad, ya señalada en reiteradas oportunidades por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de despenalizar “las críticas a funcionarios públicos, figuras públicas o sobre asuntos de interés público” .
Al respecto, la CIDH ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica […]” .
La Comisión continúa señalando que “la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla” .
Preocupa a Amnistía Internacional que las querellas interpuestas puedan tener el objetivo inhibir la crítica a una figura pública, como lo es el arzobispo, por lo que le hace un llamado a las autoridades peruanas a asegurarse que las querellas no sean utilizadas para impedir o sancionar las críticas contra líderes religiosos. Si bien la organización reconoce que, en limitadas ocasiones, es necesario que los tribunales decidan sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y sus efectos en otros derechos, incluido el derecho a la honra, en este caso Amnistía Internacional está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión.
La organización hace un llamado a las autoridades peruanas a asegurarse que el sistema de justicia no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones que derivan exclusivamente del ejercicio pacifico del derecho a la libertad de expresión.
Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que las autoridades tienen la obligación de asegurar que los procesos judiciales se adelanten de manera independiente e imparcial, sin injerencias indebidas y que no constituyan una afectación al derecho al debido proceso y las garantías judiciales de las personas que ejercen el periodismo.
El 28 de junio de 2018 el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi formuló querella por difamación agravada contra Pedro Salinas y Paola Ugaz. La querella contra Salinas fue admitida el 16 de julio de 2018 por el 1º Juzgado Unipersonal Penal de Piura y se sustenta en publicaciones y entrevistas que hizo el periodista en diversos medios de comunicación en los que de acuerdo con la querella se hicieron afirmaciones falsas que lesionan el honor y reputación social del arzobispo.
La querella contra Ugaz fue admitida el 1º de octubre de 2018 por el 5º Juzgado Unipersonal Penal de Piura y se sustenta en unas publicaciones que la periodista hizo vía Twitter con ocasión de la visita del Papa Francisco a Trujillo. De acuerdo con la querella en cada uno de los tweets se le atribuyen al arzobispo “afirmaciones falsas que lesionan [su] honor y reputación social”.
En ambos casos el arzobispo solicita tres años de pena privativa de libertad y 200,000 soles (60,000 dólares aproximadamente) por concepto de pago por reparación civil. Tras rechazar, en ambos casos, las solicitudes de cambio de competencia por razón del territorio para que el proceso se adelante en la ciudad de Lima, lugar de residencia de los querellados, el proceso continúa en Piura. El juicio oral en el caso de Pedro Salinas inició en diciembre de 2018 y en el caso de Paola Ugaz aún no hay fecha de inicio.
En septiembre de 2017 el Congreso de la República aprobó la creación de una Comisión Investigadora para evaluar y determinar las responsabilidades de los órganos competentes, su nivel de participación y las acciones preventivas adoptadas para evitar la ocurrencia de estos repudiables hechos (violencia sexual sistemática contra menores) en las instituciones educativas públicas y privadas, en albergues, instituciones religiosas en general, así como en cualquier otra institución pública o privada que brinde cualquier tipo de servicio de formación, atención y rehabilitación a menores, la cual ha recibido denuncias y testimonios de hechos ocurridos en el Sodalicio de Vida Cristiana. La Comisión debe entregar un informe final en mayo de 2019.
El 28 de junio de 2018 el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi formuló querella por difamación agravada contra Pedro Salinas y Paola Ugaz. La querella contra Salinas fue admitida el 16 de julio de 2018 por el 1º Juzgado Unipersonal Penal de Piura y se sustenta en publicaciones y entrevistas que hizo el periodista en diversos medios de comunicación en los que de acuerdo con la querella se hicieron afirmaciones falsas que lesionan el honor y reputación social del arzobispo.
La querella contra Ugaz fue admitida el 1º de octubre de 2018 por el 5º Juzgado Unipersonal Penal de Piura y se sustenta en unas publicaciones que la periodista hizo vía Twitter con ocasión de la visita del Papa Francisco a Trujillo. De acuerdo con la querella en cada uno de los tweets se le atribuyen al arzobispo “afirmaciones falsas que lesionan [su] honor y reputación social”.
En ambos casos el arzobispo solicita tres años de pena privativa de libertad y 200,000 soles (60,000 dólares aproximadamente) por concepto de pago por reparación civil. Tras rechazar, en ambos casos, las solicitudes de cambio de competencia por razón del territorio para que el proceso se adelante en la ciudad de Lima, lugar de residencia de los querellados, el proceso continúa en Piura. El juicio oral en el caso de Pedro Salinas inició en diciembre de 2018 y en el caso de Paola Ugaz aún no hay fecha de inicio.
En septiembre de 2017 el Congreso de la República aprobó la creación de una Comisión Investigadora para evaluar y determinar las responsabilidades de los órganos competentes, su nivel de participación y las acciones preventivas adoptadas para evitar la ocurrencia de estos repudiables hechos (violencia sexual sistemática contra menores) en las instituciones educativas públicas y privadas, en albergues, instituciones religiosas en general, así como en cualquier otra institución pública o privada que brinde cualquier tipo de servicio de formación, atención y rehabilitación a menores, la cual ha recibido denuncias y testimonios de hechos ocurridos en el Sodalicio de Vida Cristiana. La Comisión debe entregar un informe final en mayo de 2019.