Lima, 13 de junio de 2024. Amnistía Internacional rechaza la aprobación del dictamen que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por poner en riesgo los derechos a la asociación y libertad de expresión en Perú, debilitando el espacio cívico y, por ende, la participación ciudadana, que son esenciales para la defensa de los derechos humanos.
Bajo el supuesto objetivo de desplegar acciones de supervisión a las ONG, esta iniciativa limitaría el trabajo de numerosas organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las personas, entre ellas de los grupos más vulnerables. Asimismo, limitaría la capacidad de las ONG para proponer o cuestionar políticas públicas o proyectos de ley, pues propone sanciones administrativas desproporcionadas y arbitrarias que abrirían la puerta a la disolución de estas asociaciones sin causa justa y sin un debido proceso.
Si bien es potestad del Estado peruano realizar acciones de supervisión de los recursos económicos y técnicos que gestionan las organizaciones mediante la cooperación internacional, estas acciones no deben suponer restricciones arbitrarias o discrecionales, que vulneren la libertad de asociación, lo cual impactaría negativamente en el ejercicio de derechos humanos en el país. Es importante recordar que la APCI, entre otros organismos, ya realizan acciones de supervisión anuales de las ONG que reciben cooperación internacional.
“Nos preocupa que la propuesta que se viene impulsando debilite la sociedad civil en Perú, que por décadas ha aportado en Perú a denunciar injusticias y vulneraciones de los derechos humanos. La presencia de organizaciones activas y vigilantes es importante para garantizar una sociedad que camine hacia el respeto irrestricto de los derechos humanos”, señaló Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
La organización insta a las autoridades a desistir de toda iniciativa que atente contra el espacio cívico, y por el contrario, generar un entorno favorable para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, esencial para el ejercicio de los derechos humanos en Perú.