Lima, 29 de abril de 2025. La proliferación de políticas y prácticas autoritarias contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica configuraron un retroceso global de los derechos humanos en 2024. Gobiernos de todo el mundo trataron de eludir la rendición de cuentas, afianzar su poder e infundir miedo censurando medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos, y  criminalizando a defensores y defensoras de los derechos humanos, personas que se manifestaban en solidaridad con Gaza y otras voces discrepantes, documenta el informe anual de Amnistía Internacional La situación de los derechos humanos en el mundo.

La campaña del gobierno de Trump contra el reconocimiento de derechos está dando alas a tendencias nocivas, vaciando de contenido salvaguardias internacionales de derechos humanos y poniendo en peligro a miles de millones de personas en todo el planeta. Este “efecto Trump” ha agravado el daño causado por otros dirigentes mundiales en 2024, echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales, y acelerando el hundimiento de la humanidad en una nueva era caracterizada por la combinación de prácticas autoritarias y codicia empresarial. 

En este escenario global, en Perú, avanzaron proyectos para restringir el rol de las organizaciones no gubernamentales y reducir el espacio cívico, iniciativas que se concretaron en abril de 2025 con la promulgación de la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En una tendencia hacia prácticas autoritarias que cierran el espacio a voces críticas en el país, esta norma propone un control indebido al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con financiamiento exterior, y atenta contra la libertad de expresión y el acceso a la justicia de cientos de víctimas en Perú, al limitar el uso de recursos de la cooperación para la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

“Es preocupante que en Perú sigan avanzando normas que, en lugar de buscar garantizar los derechos humanos y responder a las necesidades urgentes de la población, apunten por la censura, el control indebido, y la sanción a las voces disidentes. En 2024 hemos podido ver el deterioro de los derechos y un avance peligroso de prácticas autoritarias que afectan también el trabajo de la prensa, pero lo más grave, es que el derecho al acceso a la justicia, y el derecho de peruanos y peruanas a cuestionar el poder, la corrupción y la violencia, será cada vez más complejo”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

En la misma línea, la aprobación de la ley 32107, que entró en vigor en agosto de 2024, y que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, es un mensaje de tolerancia hacia la impunidad. “Miles de familias de víctimas del periodo de violencia y de diferentes violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas o tortura, continúan esperando justicia. El mensaje que se otorga desde el Estado con esta norma es de tolerancia a la impunidad”, señaló Marina Navarro.

A pesar de los altos índices de violencia sexual y machista, con 162 feminicidios y 8.416 niñas y adolescentes víctimas de violación sexual en 2024, las autoridades siguieron impulsando el cierre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y se siguió obstaculizando el derecho al aborto terapéutico. Además, la discriminación contra las personas LGTBI persistió y se evidenció, incluso, desde las políticas de Estado cuando se declaró el “transexualismo” como problema de salud mental, y con la aprobación, en 2025, de una ley que restringe el acceso a servicios sanitarios de acuerdo al sexo biológico, y que vincula peligrosamente identidad de género con situaciones de peligro para menores de edad.

“Nos preocupa que, bajo sesgos morales y religiosos, y bajo premisas de protección de la familia, de los valores, de la vida, sigan avanzando normas que no responden a las violencias que enfrentan niñas y mujeres día a día en el país. Además, que se refuercen narrativas discriminatorias y estigmatizantes hacia personas de la comunidad LGTBIQ. Es una tendencia normativa contraria a los derechos humanos que se ve reforzada por discursos oficiales. Esta tendencia, sumamente peligrosa, debe cambiar, pues de lo contrario se seguirán agudizando las violencias que documentamos año a año” advirtió Marina Navarro.

Internacional: los conflictos armados ponen de manifiesto fallos reiterados

A medida que los conflictos se multiplicaron en el mundo, las fuerzas estatales y grupos armados actuaban descaradamente, cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. En un informe histórico, Amnistía Internacional documentó el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, y el sistema israelí de apartheid y ocupación ilícita de Cisjordania se hizo cada vez más violento. Mientras tanto, Rusia mató en 2024 a más civiles ucranianos que en el año anterior, y siguió atacando infraestructuras civiles y sometiendo a las personas detenidas a tortura y desaparición forzada.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán infligieron una violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, que constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, mientras que el número de personas internamente desplazadas por los dos años de guerra civil de Sudán ascendió a 11 millones: más que en ningún otro punto del planeta. La indiferencia hacia este conflicto fue casi global y solo suscitó interés en los actores cínicos que aprovecharon la oportunidad para violar el embargo de armas a Darfur.

La comunidad rohinyá siguió sufriendo ataques racistas en Myanmar, lo que obligó a muchas personas a huir de sus hogares en el estado de Rajine. Los recortes masivos de Trump a la ayuda humanitaria exterior agravaron desde entonces la situación, provocando el cierre de hospitales en campos de refugiados de la vecina Tailandia, y exponiendo a la deportación a defensores y defensoras de los derechos humanos que habían huido del país, y poniendo en peligro programas que ayudan a la población a sobrevivir al conflicto. La suspensión inicial de la ayuda exterior estadounidense también afectó servicios de salud y apoyo para niños y niñas separados a la fuerza de sus familias en campos de detención de Siria. 

Esfuerzos decisivos por defender la justicia internacional

A pesar de la creciente oposición de Estados poderosos —agravada este año por las vergonzosas sanciones del gobierno de Trump contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)—, la justicia internacional y los órganos multilaterales han seguido presionando para que se rindan cuentas al más alto nivel, y gobiernos del Sur Global han liderado importantes iniciativas.

La CPI dictó órdenes de detención contra altos cargos estatales y dirigentes de grupos armados de Israel, Gaza, Libia, Myanmar y Rusia. La ONU dio un importante paso para negociar un tratado, sumamente necesario, sobre los crímenes de lesa humanidad, y Filipinas hizo otro tanto al detener el mes pasado al expresidente Rodrigo Duterte en aplicación de una orden de la CPI por el crimen de lesa humanidad de asesinato.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó tres conjuntos de órdenes de medidas cautelares en la causa que Sudáfrica presentó contra Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio, y emitió una opinión consultiva en la que declaraba que la ocupación israelí de territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, es ilícita. La Asamblea General de la ONU también aprobó una resolución en la que pedía que Israel pusiera fin a su ocupación, y en enero de 2025 ocho Estados del Sur Global formaron el Grupo de La Haya, un colectivo comprometido con impedir las transferencias de armas a Israel y hacer que este país rinda cuentas por las violaciones del derecho internacional que ha cometido.

“A pesar de los enormes desafíos, la historia está llena de ejemplos de personas valientes que han vencido a prácticas autoritarias y millones de personas de todo el mundo continúan alzando la voz contra las injusticias y resistiendo regímenes basados en el poder. Nuestro movimiento sigue creciente por la apuesta común que tenemos que es defender la dignidad y los derechos humanos inherentes a todas las personas de este planeta”, sostuvo Navarro.