De Nadine Marroushi

Eran las 8:45 de la noche cuando sonó el teléfono.

“Ali ya no está en Salfit, ha huido a Israel”, dijo la voz ronca de un agente de seguridad palestino al otro lado de la línea.

Esa llamada telefónica el 12 de marzo de 2002 fue la última información oficial que recibió la familia Al Khdair sobre su hijo y hermano Ali.

Quince años después, aún esperan averiguar si Ali al Khdair está vivo o muerto y qué le pasó realmente.

Unos agentes de seguridad palestinos detuvieron a Ali y a otros cinco hombres palestinos en sus domicilios entre febrero y agosto de 2001. Estuvieron 13 meses recluidos en un centro de detención dirigido por el Servicio General de Seguridad (GIS) de la ciudad de Salfit, en el centro de Cisjordania. Según sus familias, dijeron que habían sido sometidos a tortura y otros malos tratos bajo custodia.

Sus familias afirman que los agentes de seguridad palestinos que los detuvieron los acusaron de colaborar con los servicios de inteligencia israelíes. Sin embargo, no hay noticia de que se hayan formulado cargos contra ellos, y nunca fueron enjuiciados.

Los seis hombres se desvanecieron sin dejar rastro en 2002. Estuvieron 13 meses bajo custodia del servicio de inteligencia palestino en Cisjordania. Quince años después, siguen desaparecidos.

Desde 2002 los seis hombres se desvanecieron sin dejar rastro. Amnistía Internacional los considera víctimas de desaparición forzada a manos de las autoridades palestinas.

La desaparición forzada se define como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

En realidad, las personas objeto de desaparición forzada no se han desvanecido sin más. Su suerte y paradero están ocultos al mundo exterior, pero alguien los conoce. Alguien es responsable de estos crímenes.

Hasta la fecha, las autoridades palestinas no han investigado las denuncias de tortura de los seis desaparecidos y nadie ha comparecido ante la justicia para responder de su desaparición forzada.

Inaam, hermana de Ali, recibió la noticia de la supuesta “fuga” con sorpresa e incredulidad. Había visto a su hermano apenas cinco días antes. Durante la visita semanal, rezaron para que terminara su pesadilla y Ali recuperase pronto su libertad.

Inaam dice que la versión que les han dado de la “fuga” de Ali no encaja con lo que oyeron que había sucedido al día siguiente en el centro de detención de Salfit: que todos los detenidos habían sido puestos en libertad.

“¿Por qué pusieron en libertad a todos y sólo estos seis hombres no aparecen en ninguna parte?”, me dijo esta semana por teléfono desde Salfit. “Sólo Dios sabe lo que les hicieron.”

El día de su detención, el 9 de febrero de 2001, Ali acababa de cumplir 26 años. Inaam dijo que era un “hombre sencillo” que trabajaba como constructor, y que la familia dependía de él económicamente.

“La gente tiene miedo tanto de la Autoridad Palestina como de Israel”, añadió. “Aquí los seres humanos no valen nada.”

Inaam contó que cuando visitó a su hermano bajo custodia había visto marcas de quemaduras de cigarrillo en su cuerpo y hematomas en las manos y los pies, donde Ali dijo que había estado en posturas dolorosas y lo habían golpeado.

Cuando Amnistía Internacional expuso el caso de estos hombres ante las autoridades palestinas, incluido el director GIS, el teniente Majid Faraj, durante una visita a los Territorios Palestinos Ocupados en 2014, éste reconoció la necesidad de que las autoridades abordasen el asunto, pero no facilitó detalles sobre las medidas que iban a tomar o los plazos en los que se tomarían. Amnistía Internacional no ha recibido ninguna nueva noticia desde entonces.

Quince años después de su desaparición, el legado de impunidad sigue alimentando los abusos que perpetran las fuerzas de seguridad palestinas. La tortura y otros malos tratos de detenidos siguen siendo habituales en los centros de detención palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza.

Basel al Araj, el activista palestino que murió el 6 de marzo de 2017 a manos de las fuerzas de seguridad israelíes, también había denunciado abusos a manos de agentes del GIS palestino durante su detención en una unidad de Inteligencia de Ramala. Según la ONG palestina Addameer, durante una vista judicial celebrada el 11 de abril de 2016, Basel al Araj declaró que él y otros detenidos habían sido sometidos a posturas en tensión, privación de sueño, palizas en todo el cuerpo, insultos y denegación del uso del baño.

La Comisión Independiente por los Derechos Humanos, institución nacional de derechos humanos del Estado de Palestina, informó de que entre enero de 2016 y enero de 2017 había recibido un total de 522 denuncias de tortura de Cisjordania y Gaza. Aun así, la rendición de cuentas por estos abusos es mínima.

Las autoridades palestinas deben hacer públicas las conclusiones de cualquier investigación que hayan llevado a cabo sobre la desaparición de estos seis hombres. También tienen la responsabilidad de determinar la verdad sobre su suerte y de hacer que los perpetradores de su desaparición forzada comparezcan ante la justicia, así como de firmar tratados internacionales que protejan a las personas de estas violaciones de derechos humanos para poner fin a esta práctica de una vez por todas.

“Para nosotros la justica sería saber dónde está Ali: ¿está vivo o muerto? La máxima justicia sería que Ali volviera y lo que suceda después, pero no es menos importante que recupere sus derechos”, dijo Inaam, la hermana de Ali.

“[Hasta entonces] es como si hubiéramos perdido totalmente nuestra vida sin él.”

Las familias de las personas desaparecidas sufren la angustia de desconocer la suerte o el paradero de sus seres queridos. Ellas también son víctimas de esta terrible y continua violación de derechos humanos. Sin investigaciones independientes, imparciales y transparentes para determinar la verdad sobre la suerte de todas las personas desaparecidas, las perspectivas de que se haga justicia son escasas.