Víctimas de la represión letal del Estado inician delegación internacional, llevando su voz a líderes en Europa
Dos familiares de las víctimas de la letal represión estatal de las protestas de 2022 y 2023 en Perú viajarán a Europa para reunirse con líderes internacionales y compartir su preocupación ante la falta de justicia tras uno de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente de Perú. Yovanna Mendoza y Mario Ilaquita, cuyos familiares se encontraban entre las 50 personas que murieron a manos de la policía y el ejército durante las protestas, visitarán Londres, Madrid y Ginebra, con el apoyo de Amnistía Internacional.
11 november 2024
Perú: Muertes y lesiones en protestas podrían implicar a presidenta y cadena de mando como responsables penales
Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
18 july 2024
Chile: A 50 años del golpe de Estado ejercitar la memoria histórica es vital para el futuro del país
Para sanar las heridas provocadas por el régimen militar liderada por Augusto Pinochet, Chile debe aprender de su historia y reconstruir las bases de una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, dijo Amnistía Internacional en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio pie a innumerables crímenes de derecho internacional y a crueles violaciones de derechos humanos en el país.
08 september 2023
Amnistía Internacional advierte sobre graves amenazas a la libertad de prensa en Perú
Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico.
Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.
26 august 2022
AMNISTÍA INTERNACIONAL RECHAZA PROPUESTA DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS POR SER CONTRARIA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional rechaza el Proyecto de Ley que modifica el DL 1350 de Migraciones y el Código Penal, ampliando las causales para la expulsión de personas extranjeras, sin el debido proceso, vulnerando sus derechos fundamentales.
12 august 2022
Mostrar compasión hacia las personas refugiadas no debe ser delito
De Kumi Naidoo
Les ofreció comida, agua y un lugar donde quedarse. Pero, según la fiscalía estatal de Arizona, la acción compasiva del voluntario Scott Warren de proporcionar ayuda humanitaria básica a dos migrantes de Honduras, fue delictiva, hasta el extremo de que se abrió un controvertido proceso contra él que pudo acarrearle 20 años de cárcel.
Aunque el sonado proceso ha terminado en juicio nulo este mes, el gobierno no ha retirado los cargos y persiste la amenaza de un nuevo juicio.
Esta táctica cada vez más utilizada por los gobiernos de perseguir a quienes han mostrado compasión hacia personas refugiadas y migrantes no sólo es contraria a los valores humanos fundamentales de la bondad y la decencia, sino que además representa una preocupante escalada de la represión de los derechos de las personas en movimiento.
El caso particular de Scott Warren ha ocupado titulares en medios de comunicación de todo el mundo y es representativo de la hostilidad declarada del gobierno de Donald Trump hacia las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hay muchas personas en Estados Unidos que sienten consternación por la tragedia humana que está sucediendo ante su misma puerta. En palabras del propio Scott Warren, "está muriendo gente a las afueras de nuestra ciudad, y eso es lo que me mueve a actuar".
La muerte de personas que habían emprendido arriesgadas travesías por el árido desierto de Sonora (Arizona) no es un trágico accidente, sino la culminación de una política del gobierno federal aplicada desde hace años para disuadir de cruzar la frontera con Estados Unidos que consiste en cerrar las rutas migratorias existentes para obligar a la gente a tomar otras mucho más difíciles y peligrosas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han registrado 7.242 muertes en la frontera en los últimos 20 años, y Arizona es una de las zonas más letales, con casi 4 de cada 10 de estas muer
21 june 2019
No hay opción: Las Américas deben dar refugio y protección
Millones de personas en las Américas huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países buscando protección. Las personas refugiadas se encuentran sin otra opción que abandonar su mundo con la esperanza de hallar seguridad. Muchas de estas personas se encuentran con entornos hostiles, pero volver a casa podría poner en peligro sus vidas. Los Estados de las Américas deben proteger a quienes lo necesitan y promover la adopción de una respuesta regional coherente.
En Sudamérica, Venezuela atraviesa un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos que ha obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país. La mayoría de los Estados americanos han denunciado abiertamente esa crisis de derechos humanos y, en general, mantienen una política de puertas abiertas. Colombia ha recibido al mayor número de personas venezolanas (1,3 millones), mientras que Perú tiene la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas en todo el mundo (227.000 a marzo de 2019, de un total de más de 727.000 venezolanos y venezolanas en el país). Pese a esta realidad dramática y al clamor político reiterado, algunos Estados han retrocedido en su obligación internacional de recibir y proteger a las personas refugiadas venezolanas. El 15 de junio de 2019, en violación de sus obligaciones internacionales, Perú comenzó a solicitar que las personas venezolanas un “visado humanitario” para poder ingresar al país. Con otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional pidió a Perú que diera marcha atrás a esa decisión y siga recibiendo a quienes lleguen de Venezuela. En el Caribe, Trinidad y Tobago, que ha recibido a aproximadamente 40.000 personas venezolanas, cerró recientemente un proceso de inscripción de dos semanas para permitir a esas personas obtener el derecho a residir en el país legalmente. Pese a la solicitud de Amnistía Internacional, y pese a que solo alrededor de 14.000 personas participaron en ese proceso, las autoridades se negaron a ampliar el plazo de inscripción. En lugar de eso, decidieron volver a aplicar la legislación migratoria nacional y exigir visados a las personas venezolanas que lleguen al país. El riesgo de deportación o de que se les impida el ingreso deja ahora a miles de personas procedentes de Venezuela abandonadas y necesitadas de protección internacional.
20 june 2019
Los clubs de derechos humanos empoderan a niños y niñas en India
En 2018, más de 450 escuelas en India habían abierto clubs de derechos humanos para enseñar a estudiantes jóvenes valores y actitudes relacionados con los derechos humanos.
Cuando Amnistía Internacional India empezó su programa de Educación en Derechos Humanos en 2002, sabía cuál era uno de sus principales objetivos: introducir en las escuelas el Proyecto Colegios Amigos de los Derechos Humanos. El primer paso fue ayudar a las escuelas a establecer clubs de derechos humanos. “Un club de derechos humanos es un espacio democrático que crean los estudiantes en las escuelas para aprender y actuar sobre temas de derechos humanos que son importantes para ellos”, explica Maria Soosai, coordinadora de Educación en Derechos Humanos en India.
El programa de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional en India colaboró con socios de todo el país para llevar los clubs de derechos humanos al mayor número de estados posible. Partiendo de 25 escuelas en 2012, el proyecto llegó a más de 450 escuelas en 2018, distribuidas entre 5 estados. Hoy, existen más de 450 clubs de derechos humanos en India. Su objetivo es “desarrollar valores y actitudes que sirvan para modificar conductas y emprender acciones que puedan impulsar cambios”, dice Soosai.
30 april 2019
Sri Lanka: Solidaridad con las víctimas, unidad contra las fuerzas del odio
El gobierno de Sri Lanka debe garantizar que todas las comunidades están protegidas y que hay rendición de cuentas por los desgarradores crímenes que el domingo de Pascua mataron a más de 250 personas, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La organización de derechos humanos ha pedido también a los líderes de Sri Lanka y de todo el mundo que demuestren su solidaridad con las víctimas y den muestra de unidad contra las fuerzas del odio responsables de esta tragedia.
“Pensamos ante todo en las víctimas de los horribles atentados del domingo, muchas de las cuales fueron atacadas debido a su fe cristiana cuando estaban rezando en la iglesia en uno de sus principales días sagrados. Han tenido que ser enterradas prematuramente, incluso en el caso de niños de sólo unos meses de vida”, ha señalado Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia meridional.
26 april 2019
Corea del Sur: En una victoria histórica para los derechos de las mujeres, el máximo tribunal ordena la reforma de la ley del aborto.
En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado:
“La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”
“Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.”
“Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva. Su dignidad debe ser la consideración primordial en cualquier nuevo marco jurídico sobre el aborto.”
Información complementaria
La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020.
Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables.
La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge.
El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante.
El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal.
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.
11 april 2019
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Arabia Saudí debe invertir en derechos humanos, no en campañas de comunicación
A lo largo de los últimos meses, han aparecido en los medios de comunicación internacionales titulares sorprendentes del tipo “Arabia Saudí permite conducir a las mujeres”, “la ofensiva saudí contra la corrupción” o “Arabia Saudí en el sendero de la reforma”. Entretanto, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, ha visitado Reino Unido, donde ha sido recibido con anuncios a toda página en los periódicos y con carteles en las vallas publicitarias de las calles de Londres, afirmando: “Éste es el rostro del cambio en Arabia Saudí”. La visita concluyó con un acuerdo de compraventa de aeronaves entre BAE Systems y Arabia Saudí, por valor de 10.000 millones de libras esterlinas. Asimismo, durante los primeros días de la visita del príncipe heredero a Estados Unidos, se informó de otro acuerdo de compraventa de armas por valor de 12.5000 millones de dólares, formalizado entre Estados Unidos y Arabia Saudí.
03 april 2018
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Israel: Mínimo histórico de permisos médicos en Gaza: 54 personas murieron en 2017 esperando el permiso israelí
El mínimo histórico de permisos emitidos por Israel para personas palestinas que necesitan tratamiento médico vital fuera de Gaza subraya la necesidad urgente de que Israel ponga fin a sus diez años de cierre de la Franja de Gaza”, han afirmado hoy en una declaración conjunta el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Medical Aid for Palestinians (MAP) y Physicians for Human Rights Israel (PHRI). El máximo histórico de las demoras en que ha incurrido la Autoridad Palestina en 2017 a la hora de emitir las aprobaciones necesarias y la continuación del cierre por Egipto del paso fronterizo de Rafá con Gaza limitan aún más la circulación y causan sufrimiento adicional.
14 february 2018
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Las autoridades israelíes deben poner en libertad a la activista palestina adolescente Ahed Tamimi
Todos los años, el ejército israelí procesa a centenares de niños y niñas palestinos ante tribunales militares de menores, a menudo tras detenerlos en redadas nocturnas y someterlos a malos tratos, como vendarles los ojos, amenazarlos, mantenerlos aislados e interrogarlos sin estar presentes sus abogados o familiares.
Según organizaciones locales de derechos humanos, actualmente hay unos 350 menores de edad palestinos en las cárceles y los centros de detención israelíes.
13 february 2018