“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ante el aumento de detenciones arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos humanos, activistas de oposición y la elaboración de leyes flagrantemente violatorias de derechos humanos.

Las filtraciones conseguidas por el colectivo Guacayama de varios servidores de las Fuerzas Armadas de diferentes países de la región ha mostrado un monitoreo de las actividades de organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, por parte de los ejércitos, por ahora, de México y Perú, evidenciando el deterioro del respeto a los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.

En el marco del actual proceso electoral, demandamos a los candidatos que postulan a la Presidencia de la República del Perú su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos en el país, así como su fortalecimiento.  Enfrentamos una crisis sanitaria y social sin precedentes, que ha costado la vida de miles de peruanas y peruanos, mostrando la desigualdad social, las enormes grietas del sector salud, y evidenciando que los derechos humanos no han estado en el centro de las políticas públicas. Ante ello, las nuevas autoridades deben desplegar todos los recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, a través del acceso a servicios gratuitos y oportunos.  En nuestro Informe Anual 2020-2021 hemos registrado un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Perú, destacando la falta de acceso a la salud, la intensificación de la violencia contra las mujeres, la discriminación y violencia contra personas LGTBI, las amenazas contra quienes defienden sus territorios y el medioambiente, la represión policial y la xenofobia.    Es fundamental que los candidatos presidenciales coloquen estos puntos como sus prioridades, dejando discursos y propuestas que se alejen de los derechos humanos, y garantizando también el respeto a la libertad de expresión, el espacio para las organizaciones de la sociedad civil y la vinculación del Estado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, estos espacios son fundamentales para su protección y acceso a la justicia. 

El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad única para que el Estado peruano recuperey fortalezca los lazos de confianza entre nuestras autoridades y las peruanas y peruanos, asícomo para afianzar el compromiso del sector empresarial en la gestión ambiental del territorionacional. Respetando nuestra soberanía, el Acuerdo de Escazú fortalecerá lo avanzado ennuestra legislación nacional y la cooperación entre nuestros países para un mejor cuidado denuestra casa común.

El gobierno nicaragüense debe poner fin a su estrategia represiva, la que mantiene desde el 18 de abril de 2018, y que en la actualidad incluye la implementación de medidas para cerrar, allanar o silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, dijo Amnistía Internacional hoy, al lanzar la campaña “Lo que dejamos atrás: huyendo de la represión en Nicaragua”.

QUÉ: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia HumanaCUÁNDO: Miércoles 18 y jueves 19 de septiembreDÓNDE: Greenberg Hall, Universidad de Nueva York, 40 Washington Square South, Nueva YorkEn el marco de una iniciativa sin precedentes, más de 100 representantes de pueblos indígenas, la esfera laboral, el mundo académico y grupos ambientalistas y de derechos humanos se reunirán en la Universidad de Nueva York para adoptar una visión conjunta sobre las acciones que hay que emprender para abordar la emergencia climática y hacer valer los derechos fundamentales de las personas.Lo harán durante la ceremonia inaugural de la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana. Los días 18 y 19 de septiembre, la Cumbre de los Pueblos intentará movilizar a la comunidad de derechos humanos para que intensifique con urgencia sus esfuerzos en favor de la justicia climática y emprenda acciones conjuntas con otros grupos y organizaciones de la sociedad civil para abordar la crisis climática.Organizan el evento Amnistía Internacional, Greenpeace Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Fondo Mundial Wallace y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York.

QUÉ: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana CUÁNDO: Miércoles 18 y jueves 19 de septiembre DÓNDE: Greenberg Hall, Universidad de Nueva York, 40 Washington Square South, Nueva York En el marco de una iniciativa sin precedentes, más de 100 representantes de pueblos indígenas, la esfera laboral, el mundo académico y grupos ambientalistas y de derechos humanos se reunirán en la Universidad de Nueva York para adoptar una visión conjunta sobre las acciones que hay que emprender para abordar la emergencia climática y hacer valer los derechos fundamentales de las personas.

En el marco del 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares realizado en Ginebra, el Director Nacional de Migraciones anunció la decisión del Estado argentino de levantar la prohibición de reingreso que impedía que Vanessa regresara al país y pudiera reunirse con sus hijos de 6 y 14 años. Vanessa Gómez Cueva es una mujer migrante que había sido expulsada de la Argentina hacia Perú junto a su bebé y separada de sus otros dos hijos. A 7 meses de su expulsión y tras una larga lucha sostenida por organizaciones de la sociedad civil, parte de la sociedad y con apoyo internacional, finalmente Vanessa y su hijo de 2 años argentino pueden regresar y reunirse nuevamente toda la familia. La decisión de Estado es sumamente significativa ya que permite restituir los derechos vulnerados de los niños/as, considerando el interés superior de los mismos y garantizar el derecho a la unidad familiar.

En una declaración pública emitida hoy, una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos que han estado monitoreando y documentando la espiral de violaciones de derechos humanos de Venezuela durante años instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer una Comisión de Investigación sobre Venezuela durante su 42° periodo de sesiones en septiembre de 2019. “La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas Michelle Bachelet visitó Venezuela entre el 19 y 21 de junio de 2019. Durante su visita se reunió con víctimas de violaciones a derechos humanos y familiares, organizaciones de sociedad civil, y actores políticos. En su conferencia de prensa al finalizar dicha visita, Michelle Bachelet expresó haber alcanzado algunos acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro, y que incluye la permanencia de un equipo de dos personas de su oficina en el país para prestar asistencia y asesoría técnica, así como seguir monitoreando la grave situación de derechos humanos.

Millones de personas en las Américas huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países buscando protección. Las personas refugiadas se encuentran sin otra opción que abandonar su mundo con la esperanza de hallar seguridad. Muchas de estas personas se encuentran con entornos hostiles, pero volver a casa podría poner en peligro sus vidas. Los Estados de las Américas deben proteger a quienes lo necesitan y promover la adopción de una respuesta regional coherente.  En Sudamérica, Venezuela atraviesa un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos que ha obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país. La mayoría de los Estados americanos han denunciado abiertamente esa crisis de derechos humanos y, en general, mantienen una política de puertas abiertas. Colombia ha recibido al mayor número de personas venezolanas (1,3 millones), mientras que Perú tiene la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas en todo el mundo (227.000 a marzo de 2019, de un total de más de 727.000 venezolanos y venezolanas en el país). Pese a esta realidad dramática y al clamor político reiterado, algunos Estados han retrocedido en su obligación internacional de recibir y proteger a las personas refugiadas venezolanas. El 15 de junio de 2019, en violación de sus obligaciones internacionales, Perú comenzó a solicitar que las personas venezolanas un “visado humanitario” para poder ingresar al país. Con otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional pidió a Perú que diera marcha atrás a esa decisión y siga recibiendo a quienes lleguen de Venezuela. En el Caribe, Trinidad y Tobago, que ha recibido a aproximadamente 40.000 personas venezolanas, cerró recientemente un proceso de inscripción de dos semanas para permitir a esas personas obtener el derecho a residir en el país legalmente. Pese a la solicitud de Amnistía Internacional, y pese a que solo alrededor de 14.000 personas participaron en ese proceso, las autoridades se negaron a ampliar el plazo de inscripción. En lugar de eso, decidieron volver a aplicar la legislación migratoria nacional y exigir visados a las personas venezolanas que lleguen al país. El riesgo de deportación o de que se les impida el ingreso deja ahora a miles de personas procedentes de Venezuela abandonadas y necesitadas de protección internacional.

Aunque Taner está ahora en libertad, el juicio contra él, contra Ä°dil Eser y contra los otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos falsos de terrorismo continúa. Es uno de los muchos procesamientos infundados contra miembros de la sociedad civil emprendidos en el marco de la represión en Turquía.

Lo absurdo de estas acusaciones contra Idil Eser y las otras nueve personas no puede ocultar la gravísima naturaleza de este ataque a algunas de las organizaciones de la sociedad civil más destacadas de Turquía.   

Si alguien dudaba todavía del desenlace de la represión iniciada tras el intento de golpe de Estado de Turquía, no debería hacerlo ya. No va a haber sociedad civil, críticas ni rendición de cuentas en la Turquía de ErdoÄŸan.       

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

La represión de las voces disidentes es una amenaza para la independencia y la libertad.