FIRMA CONTRA LA IMPUNIDAD
Las autoridades peruanas quieren acallar a la sociedad civil. El Congreso recientemente ha aprobado el dictamen que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Bajo el argumento de querer fortalecer el trabajo de la APCI, la ley atenta contra el espacio cívico, esencial para la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las autoridades, y la justicia, incrementando el control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y dejando la puerta abierta a restricciones arbitrarias, discrecionalidad y censura.
Las organizaciones de la sociedad civil actualmente rinden cuentas y están bajo procedimientos permanentes de supervisión y fiscalización. Pero, lo que pretende la ley que se ha aprobado, es que todas las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, tengan que ser previamente aprobadas por el estado.
Entre otros puntos, esta ley puede atentar contra el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, como la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia machista, que en el pasado han logrado acceder a la justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley alimenta la impunidad de las autoridades que violan los derechos humanos.
18 marzo 2025
Breve declaración de Amnesty Tech/Amnistía Internacional Estados Unidos que puede compartirse si se pregunta por la noticia de que Twitter ha aceptado la oferta de compra de Elon Musk.
“Amnistía Internacional ha llevado a cabo un seguimiento de la inquietante persistencia del discurso de odio en Twitter, en particular el discurso violento y abusivo contra mujeres y personas no binarias. Nuestro informe Toxic Twitter, de 2018, reveló que la plataforma incumplía su responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres en Internet, lo que inducía a mujeres a callar o a autocensurarse en la plataforma.
26 abril 2022
Israel/TPO: Profunda vergüenza por la anulación de la prohibición de Airbnb de incluir alojamientos en asentamientos ilegales
En respuesta al anuncio de Airbnb de que, tras una acción judicial colectiva entablada por abogados israelíes, ya no retirará todos los alojamientos en asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, ha declarado:
“La decisión de Airbnb de seguir permitiendo el listado de alojamientos en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada es un acto censurable y cobarde que supondrá otro devastador golpe para los derechos humanos de la población palestina”.
“Esta decisión constituye una abdicación, sumamente vergonzosa, de la responsabilidad de Airbnb como empresa de respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en todos los lugares del mundo en los que opera. Esto incluye los asentamientos ilegales de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados. También saca a la luz la vacuidad de sus afirmaciones respecto a ser una empresa que valora los derechos humanos.”
10 abril 2019