Mientras los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad siguen quedando impunes en Siria, una campaña de Amnistía Internacional que marca el sexto aniversario de la crisis pide a los líderes mundiales que emprendan acciones inmediatas para ofrecer justicia, verdad y reparación a los millones de víctimas del conflicto.

La campaña Justicia para Siria pide a los gobiernos que pongan fin a la impunidad y hagan realidad la rendición de cuentas para el pueblo sirio, brindándole apoyo, financiando el mecanismo de investigación sobre Siria votado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2016 y aplicando el principio de jurisdicción universal para investigar y enjuiciar, en sus propios tribunales, a los presuntos autores de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en Siria.

“Tras seis terribles años, no hay excusa para permitir que los horrendos crímenes de derecho internacional que se están cometiendo en Siria queden impunes”, ha afirmado Samah Hadid, directora de Campañas de la Oficina Regional de Beirut de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos ya cuentan con las herramientas legales para poner fin a la impunidad que ha permitido matar a miles de personas sirias y desplazar a millones. Ha llegado la hora de utilizarlas.”

Cualquier Estado puede ejercer jurisdicción universal sobre los crímenes de derecho internacional, como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Dicho de otro modo, el principio de jurisdicción universal permite investigar y enjuiciar a los presuntos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, genocidio y desapariciones forzadas en Siria, con independencia del lugar donde se cometieron los crímenes y de la nacionalidad de los sospechosos o de las víctimas.

Hasta hoy, más de 147 países han previsto la jurisdicción universal para uno o más crímenes de derecho internacional. Actualmente, países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza están investigando crímenes cometidos en Siria.

La resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2016 también ha ofrecido al pueblo sirio un atisbo de esperanza de que la justicia es posible. Dicha resolución pedía el establecimiento de un mecanismo internacional independiente para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los más graves crímenes de derecho internacional cometidos en Siria desde marzo de 2011.

La resolución transmitió un firme mensaje al sortear a un Consejo de Seguridad de la ONU en punto muerto, que se ha mostrado incapaz de poner fin a la impunidad por los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en Siria. El mecanismo necesita ahora obtener de los Estados miembros de la ONU los fondos necesarios para empezar a funcionar.

“Al adoptar esta resolución, la comunidad internacional ha enviado un mensaje de esperanza al pueblo de Siria: una promesa de que el mundo no los ha olvidado, de que los responsables de su sufrimiento no quedarán impunes”, ha declarado Samah Hadid.

“Ahora es imperativo que los gobiernos que votaron a favor de este mecanismo adopten las medidas necesarias para conseguir los fondos y la cooperación que se precisan para que el mecanismo ofrezca justicia a las víctimas del conflicto en Siria.”

Información complementaria

Según el Enviado Especial de la ONU para Siria, la cifra de muertos desde que comenzó la crisis ha superado los 400.000, lo que significa que al menos 1 de cada 100 personas sirias ha muerto a causa del conflicto.

Más del 20% de la población siria vive como refugiada fuera del país, mientras que la mitad de la población que vive en Siria necesita ayuda humanitaria.

Desde el inicio de la crisis, Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos y las agencias de la ONU han documentado ampliamente los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto de Siria.

Entre estos crímenes figuran ejecuciones extrajudiciales, tortura y tratos crueles, y ataques deliberados contra la población civil, casas, centros médicos e infraestructuras civiles, así como ataques indiscriminados y desproporcionados, desapariciones forzadas, exterminio y toma de rehenes.