Nosotras y nosotros, miembros de la sociedad civil, emitimos este pronunciamiento a raíz de las recientes declaraciones del congresista Gilmer Trujillo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, sobre el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú; y vemos con preocupación que la decisión de la comisión sea de NO ratificar el acuerdo.

El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad única para que el Estado peruano recupere y fortalezca los lazos de confianza entre nuestras autoridades y las peruanas y peruanos, así como para afianzar el compromiso del sector empresarial en la gestión ambiental del territorio nacional. Respetando nuestra soberanía, el Acuerdo de Escazú fortalecerá lo avanzado en nuestra legislación nacional y la cooperación entre nuestros países para un mejor cuidado de nuestra casa común.

Vemos con alerta que, a pesar de contar con pronunciamientos oficiales favorables de 10 ministerios, del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo; y después de haber realizado 13 sesiones virtuales con la intervención de 49 especialistas, la mayor parte de miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República demuestra, una vez más, no estar alineada con los esfuerzos comunes del Estado con el fin de asegurar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos ambientales de las peruanas y los peruanos. Ante los países hermanos de América Latina, sería muy lamentable que el Perú dé marcha atrás en la ruta de unidad y suma de esfuerzos en la región.

Por eso, desde la sociedad civil invocamos a los congresistas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que se oponen a la ratificación del Acuerdo de Escazú a replantear su posición, teniendo en especial consideración que, en este contexto de crisis sanitaria, no se han detenido los actos de violencia y asesinatos a personas defensoras ambientales y que ahora que debemos hacerle frente a un futuro climático incierto, necesitamos con urgencia que desde el Estado se respalden y promuevan los valores y principios de transparencia, diálogo y justicia efectiva y temprana, que permita un desarrollo sostenible.

La pandemia generada por el nuevo covid-19 ha demostrado que no existen soluciones individuales a problemas colectivos, especialmente cuando se trata de cuidar y defender el ambiente y nuestros recursos naturales.

El Perú, en particular nuestros pueblos indígenas u originarios, las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad necesitan que el Acuerdo de Escazú sea ratificado e implementado a fin de iniciar un nuevo camino hacia nuestro bicentenario.