En respuesta a la noticia de que la Fiscalía Provincial de Pattani cerrará oficialmente la causa por difamación penal contra la presidenta de Amnistía Internacional Tailandia, Pornpen Khongkachonkiet, y otros dos activistas de derechos humanos, Somchai Homla-or y Anchana Heemmina, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha manifestado:

“Aunque resulta alentador que se hayan retirado finalmente los cargos contra tres valientes defensores de los derechos humanos, el hecho es que nunca debieron ser acusados, para empezar. Pornpen Khongkachonkiet, Somchai Homla-or y Anchana Heemmina no hicieron nada más que defender pacíficamente los derechos de otras personas, y resulta indignante pensar que podrían haberse enfrentado a penas de prisión simplemente por sacar a la luz las torturas cometidas por el ejército.”

“Tailandia tiene que tomarse en serio su responsabilidad de crear un entorno en el que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias. Deben retirarse todos los cargos contra las personas que están encarceladas o que se enfrentan a procedimientos penales simplemente por ejercer sus derechos humanos de forma pacífica.”

“El gobierno tailandés debe asimismo despenalizar de inmediato la difamación, ya que las leyes sobre este delito se utilizan a menudo para procesar a quienes denuncian tortura y otras violaciones de derechos humanos. Incluso aunque un caso no llegue a juicio, la presentación de denuncias penales y cargos es una poderosa forma de acoso que tiene un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión.”

Información complementaria

En febrero de 2016, la Cross-Cultural Foundation y el Grupo Duay Jai (Apoyo Cálido) publicaron un informe conjunto que documentaba 54 casos de tortura y otros malos tratos a manos de la Real Policía Tailandesa y del Real Ejército Tailandés en las provincias del sur de Tailandia.

El 17 de mayo de 2016, el Mando de Operaciones de Seguridad Interna de la Región 4, responsable de las operaciones de seguridad de la zona, presentó cargos de difamación criminal y delitos informáticos contra los tres defensores de los derechos humanos, que editaron el informe. En marzo de 2017, tras una fuerte campaña por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, las autoridades militares anunciaron que retirarían los cargos. Sin embargo, en aquellos momentos sólo retiraron los cargos de difamación penal.

En los últimos años, las autoridades de Tailandia han acosado a numerosos activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil tailandesa como parte de una campaña de represión sistemática contra quienes critican al gobierno.