Amnistía Internacional rechaza la reciente promulgación de la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), una norma que atenta contra la libertad de expresión, la libertad de asociación y el acceso a la justicia de cientos de víctimas en Perú.

 

Bajo el argumento de fortalecer el trabajo de la APCI, esta ley propone un control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que deja la puerta abierta a decisiones arbitrarias, discrecionalidad, así como a la censura de voces críticas e incómodas con el poder, lo cual puede afectar la rendición de cuentas del Estado.

 

Durante el acto de promulgación de esta ley, la presidenta Dina Boluarte declaró que la misma pondrá “bajo revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”.

 

“Nos preocupa que la presidenta de Perú promulgue una norma contraria a los derechos humanos, así como el lenguaje utilizado en el anuncio. La más alta autoridad del país nos deja el mensaje de que no aceptará críticas y voces discrepantes, en un discurso contrario a la libertad de expresión y a cualquier voz considerada como crítica a las políticas y decisiones estatales. Es lamentable que la presidenta estigmatice públicamente a las organizaciones de la sociedad civil”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

 

Actualmente las organizaciones de la sociedad civil están bajo procedimientos permanentes de supervisión y fiscalización, lo cual es esencial para la transparencia de su labor. No obstante, el control excesivo, propuesto bajo la modificación aprobada, dada la discrecionalidad que tendrán los funcionarios y funcionarias públicos sobre el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, puede promover la autocensura y limitar indebidamente los temas y estrategias que trabajan. 

La organización expresa también su preocupación por el acceso a la justicia de cientos de personas víctimas de vulneraciones de derechos humanos, pues la ley establece como falta “muy grave” el uso de recursos provenientes de la cooperación para asesorar, financiar o asistir acciones administrativas o judiciales en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano. Esta medida, además de atentar contra el derecho de acceso a la justicia de personas que no pueden asumir los costos asociados a procesos judiciales onerosos y largos, puede tener como consecuencia la imposición de sanciones que conlleven al cierre de organizaciones y atentar contra el derecho a defender derechos humanos.

 

“Recordamos que la reducción del espacio cívico pone en riesgo muchos avances logrados en materia de derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil pueden servir de contrapeso cuando el Estado viola derechos humanos, pues visibilizan las injusticias, defienden y prestan asistencia a las personas que lo necesitan y proponen soluciones concretas con conocimientos especializados desde la experiencia”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.   

La organización insta a las autoridades a derogar esta norma y a respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los que Perú es Estado parte.