Perú: Defensores del medio ambiente en riesgo ante posible indebido uso del sistema de justicia
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Amnistía Internacional expresa su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar el trabajo de las personas defensoras del derecho al medio ambiente en Perú.


La organización tiene serios indicios para considerar que los líderes comunitarios, Oscar Mollohuanca Cruz, ex – alcalde de Espinar, y Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, ex - presidente y ex - vicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), respectivamente, están siendo procesados penalmente por su rol como defensores de derechos humanos y su participación en las protestas de Mayo de 2012 para exigir la modificación de los compromisos asumidos con las comunidades campesinas, derivados de la operación de la mina Tintaya, ampliación Antapaccay.


Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario están siendo acusados de los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios. La Fiscalía solicita que se imponga a cada uno de ellos, penas de prisión efectivas de ocho años para el primer delito y de siete para los dos últimos, así como el pago de una reparación civil de 100,000 nuevos soles (USD 30,686). Inicialmente, los líderes también habían sido acusados de apología al delito. Sin embargo, dicha acusación fue declarada improcedente por el 1 Juzgado de Investigaciones de Ica en noviembre de 2014. Este mismo Juzgado declaró el sobreseimiento de la causa frente a un cuarto acusado de tenencia ilegal de municiones en el contexto de las mismas protestas, porque no había pruebas y las existentes “pudieron haber sido sembradas”.


Los hechos por los cuales son acusados los líderes comunitarios en mención, se remontan a 2012, cuando múltiples personas de Espinar salieron a las calles y se declararon en paro entre el 21 y el 29 de mayo, con el objetivo de modificar las condiciones de los acuerdos del Convenio Marco en el en tema medioambiental y servicios para la comunidad, entre otros, establecidos frente a la mina Tintaya, ampliación Antapaccay. Durante dicha manifestación, resultaron heridas y muertas varias personas. El 28 de mayo, el Presidente de la República declaró el estado de emergencia durante 30 días. En dicho contexto varios manifestantes fueron detenidos y Amnistía Internacional urgió a las autoridades a garantizar el respeto al debido proceso en las actuaciones judiciales contra Oscar Mollohuanca Cruz, detenido el 30 de mayo en el Palacio Municipal sin orden de detención alguna y sin que fuera informado de por qué motivo lo detenían. Oscar Mollohuanca Cruz habría sido llevado a una Comisaría de Policía en el campamento minero de Tintaya Marquiri, trasladado en helicóptero a la capital de la provincia, Cusco, y finalmente remitido a Ica, región en el norte del país que se encuentra a dos días de camino terrestre desde Espinar, y donde actualmente se celebra el juicio oral. Posteriormente Oscar Mollohuanca Cruz fue liberado.


De acuerdo con las piezas del expediente a las que Amnistía Internacional ha podido acceder, los tres líderes comunitarios son acusados de haber organizado, coordinado y convocado las marchas, así como por tener un nivel de organización previo. Con base en su participación en las mencionadas protestas de mayo de 2012, la Fiscalía ha considerado que cuando “el delito se comete a través del tumulto, se tiene que no puede identificarse a todos los intervinientes, sin embargo, todos los que son identificados responden como autores; en consecuencia forma parte del tumulto todos los que aparecen presentes dentro de la lucha iniciada contra la actividad minera y llevan a cabo el desorden a través de actos graves que atentan contra la integridad física o el patrimonio ajeno, aunque no hubieran realizado los hechos de propia mano”.


De acuerdo con la organización local Derechos Humanos sin Fronteras, a los líderes se les está enjuiciando bajo la figura de coautoría no ejecutiva que implica la asunción por parte de la Fiscalía, de que los tres líderes comunitarios pertenecen a una organización criminal generada previamente a las marchas, con permanencia en el tiempo y donde cada uno de los líderes tenía un rol asignado. Sin embargo, de acuerdo con la mencionada organización de derechos humanos, la Fiscalía no ha podido probar la existencia de la organización, ni el rol o participación de cada uno de los acusados en la supuesta organización criminal.


Amnistía Internacional expresa su preocupación en torno a las acusaciones de la Fiscalía en contra de los defensores de derechos humanos que se basan únicamente en su rol como líderes comunitarios, considerándolos automáticamente como organizadores de las manifestaciones y responsables por cualquier daño o delito causado, conducta que se contrapone a las normas internacionales de derechos humanos.


El próximo lunes 17 de julio, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica decidirá en primera instancia el caso contra Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario. Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a asegurarse de que el sistema de justicia penal garantice la presunción de inocencia, el debido proceso y que no sea utilizado para intimidar, hostigar o silenciar el derecho a defender derechos humanos.

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