La organización considera que esta decisión es excesiva e incrementaría el riesgo de violaciones de derechos humanos contra las personas manifestantes, tomando en cuenta el grave antecedente de siete muertes y cientos de personas heridas durante protestas contra el mismo proyecto en 2011 y 2015. En lugar de recurrir a medidas extremas de manera anticipada, el presidente Vizcarra debería buscar soluciones no violentas y priorizar la vida e integridad física de las personas por encima de intereses económicos.
Amnistía Internacional recuerda al Estado peruano que las normas internacionales de derechos humanos exigen asegurar que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sea estrictamente excepcional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas”, y ha establecido que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”.
La organización hace un llamado al gobierno del presidente Martin Vizcarra a que se permitan las protestas que de forma pacífica se realizan en el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión. Aún si algunas personas recurrieran a actos de violencia, las fuerzas de seguridad no deberían restringir las protestas pacíficas bajo la justificación de mantener el orden público. En estos casos, las autoridades deben asegurar que las personas que protesten de manera pacífica puedan continuar haciéndolo sin temor a represalias.
Amnistía Internacional, Perú: El presidente Vizcarra debe garantizar el respeto a los derechos humanos frente al proyecto Tía María, 18 de julio de 2019, AMR 46/0735/2019
Amnistía Internacional, Peru: The price of protest must not be death (Perú: El precio de la protesta no debe ser la muerte, disponible en inglés), 26 de mayo de 2015.
Amnistía Internacional, Perú: Tres personas muertas y cientos heridas durante protestas, 19 de mayo de 2015, AMR 46/1681/2015.
Amnistía Internacional, Dos muertos en enfrentamientos por un proyecto minero en Perú, 8 de abril de 2011.