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Oriente Medio y el Norte de África
Afganistán: La comunidad internacional debe actuar decisivamente para evitar una tragedia mayor
Los gobiernos extranjeros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar una salida segura de Afganistán a todas las personas que están en el punto de mira de los talibanes. Esto incluye expedir visados, ofrecer apoyo a las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul, proporcionar plazas de reubicación y reasentamiento, y suspender todas las deportaciones y devoluciones. Pedimos a Estados Unidos que garantice seguridad permanente en el aeropuerto mientras se llevan a cabo las evacuaciones.
16 agosto 2021
No hay opción: Las Américas deben dar refugio y protección
Millones de personas en las Américas huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países buscando protección. Las personas refugiadas se encuentran sin otra opción que abandonar su mundo con la esperanza de hallar seguridad. Muchas de estas personas se encuentran con entornos hostiles, pero volver a casa podría poner en peligro sus vidas. Los Estados de las Américas deben proteger a quienes lo necesitan y promover la adopción de una respuesta regional coherente.
En Sudamérica, Venezuela atraviesa un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos que ha obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país. La mayoría de los Estados americanos han denunciado abiertamente esa crisis de derechos humanos y, en general, mantienen una política de puertas abiertas. Colombia ha recibido al mayor número de personas venezolanas (1,3 millones), mientras que Perú tiene la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas en todo el mundo (227.000 a marzo de 2019, de un total de más de 727.000 venezolanos y venezolanas en el país). Pese a esta realidad dramática y al clamor político reiterado, algunos Estados han retrocedido en su obligación internacional de recibir y proteger a las personas refugiadas venezolanas. El 15 de junio de 2019, en violación de sus obligaciones internacionales, Perú comenzó a solicitar que las personas venezolanas un “visado humanitario” para poder ingresar al país. Con otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional pidió a Perú que diera marcha atrás a esa decisión y siga recibiendo a quienes lleguen de Venezuela. En el Caribe, Trinidad y Tobago, que ha recibido a aproximadamente 40.000 personas venezolanas, cerró recientemente un proceso de inscripción de dos semanas para permitir a esas personas obtener el derecho a residir en el país legalmente. Pese a la solicitud de Amnistía Internacional, y pese a que solo alrededor de 14.000 personas participaron en ese proceso, las autoridades se negaron a ampliar el plazo de inscripción. En lugar de eso, decidieron volver a aplicar la legislación migratoria nacional y exigir visados a las personas venezolanas que lleguen al país. El riesgo de deportación o de que se les impida el ingreso deja ahora a miles de personas procedentes de Venezuela abandonadas y necesitadas de protección internacional.
20 junio 2019
Comunicado sobre la decisión del gobierno peruano con respecto a Venezuela.
En respuesta a las recientes medidas impuestas por el gobierno peruano, que exige a las personas venezolanas que deseen viajar al Perú contar con pasaporte y una visa válida a partir del 15 de junio de 2019, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, señala lo siguiente:
· Es lamentable la decisión del gobierno peruano de aplicar restricciones excesivas para el ingreso de personas venezolanas al Perú, quienes huyen del hambre y la violencia, en un país donde se cometen violaciones masivas a los derechos humanos, que incluye torturas, detenciones arbitrarias, e incluso, ejecuciones extrajudiciales, según lo ha documentado Amnistía Internacional.
· Invocamos al Estado peruano a revertir la decisión tomada, a combatir los discursos xenófobos, a buscar soluciones de responsabilidad compartida y activar estrategias que permitan a las personas refugiadas una participación activa, que contribuya con los países de acogida.
10 junio 2019
Los riesgos que asumen las mujeres para defender el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas
Margoth Escobar se encontraba en una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Puyo (Amazonas ecuatoriano) el pasado septiembre cuando una vecina llamó para avisar de que su casa estaba en llamas.
El fuego destruyó la vivienda de Escobar y artesanías valoradas en más de 50.000 dólares estadounidenses que, junto con otras mujeres, la activista tenía previsto vender durante el periodo navideño. El cuerpo de bomberos de la localidad afirmó que se trataba de un acto de incendio provocado contra Escobar, que es miembro de Mujeres Amazónicas, un colectivo de mujeres principalmente indígenas que se han unido para defender su tierra y el medio ambiente de la extracción petrolera y minera.
29 abril 2019
Afganistán: la CPI se niega a autorizar la investigación y cede a las amenazas estadounidenses
Amnistía Internacional ha declarado hoy que la decisión de la Corte Penal Internacional de no autorizar una investigación de los delitos cometidos en Afganistán en virtud del derecho internacional marca un sorprendente abandono de las víctimas y debilitará aún más la credibilidad del tribunal.
La decisión de la CPI se produce pocos días después de que Estados Unidos, que ya había emitido amenazas al tribunal, revocó la visa del fiscal principal porque la investigación involucró crímenes cometidos por las fuerzas estadounidenses.
“Afganistán ha sido testigo de crímenes atroces cometidos con impunidad casi absoluta, en todo el país, durante más de una década y media. La decisión de la CPI de hoy es un sorprendente abandono de las víctimas que debilitará la credibilidad ya cuestionable de la corte ", dijo Biraj Patnaik, Director de Asia Meridional en Amnistía Internacional.
15 abril 2019
Perú: Corte Interamericana resuelve que tribunales peruanos deben revisar el indulto concedido a Fujimori
La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada el 15 de junio de 2018, ha determinado que las cortes peruanas deben revisar si el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori constituye una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, marcando un histórico precedente en favor de los derechos humanos, manifestó Amnistía Internacional hoy
18 junio 2018
Malí: Se agrava la crisis de seguridad con el descubrimiento de una fosa común
La fosa común descubierta en el centro de Malí es la triste y más reciente confirmación de que la inseguridad en la región ya ha alcanzado el grado de crisis; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Testigos locales del pueblo de Dogo identificaron el 22 de marzo los cadáveres de seis personas que habían sido detenidas por los militares tres días antes.
Además, Amnistía Internacional documentó un aumento de los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados como Ansar Dine y GSIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans), y confirmó que 65 personas, incluidos menores de edad, habían muerto por artefactos explosivos improvisados desde el comienzo del año.
03 abril 2018
Amnistía Internacional ve con satisfacción los esfuerzos para despenalizar el aborto en Perú
Amnistía Internacional ve con satisfacción los pasos que se están dando hacia la despenalización del aborto en Perú y hace un llamado a las autoridades correspondientes para que estos esfuerzos sean pronto concretados en las normas penales. Las propuestas presentadas el pasado martes por la Comisión del Congreso encargada de revisar el Código Penal buscan despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, incluyendo por ejemplo, cuando una mujer o niña queda en estado de embarazo como resultado de una violación sexual.
Para poner fin a los abortos inseguros y a otras violaciones de los derechos humanos de las mujeres, deben derogarse todas aquellas normas que prevean penas de prisión u otras sanciones contra las mujeres y niñas por el simple hecho de haber buscado u obtenido un aborto. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de servicios de aborto seguros y legales; que sean accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los soliciten en caso de embarazo no deseado como consecuencia de una violación sexual o incesto, o cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer o conlleve un riesgo grave para su salud.
18 diciembre 2012
ACCIÓN URGENTE (BRASIL): JUSTICIA PARA FAMILIAS GUARANÍ KAIOWÁ
Dos días después de ser desalojada de sus tierras ancestrales, la comunidad de Laranjeira Ñanderu se enfrenta a nuevas penalidades después de que los granjeros hayan quemado sus casas y destruido las pertenencias que las familias guaraní kaiowá tenían intención de recoger más tarde.
Treinta y cinco familias guaraní kaiowá de la comunidad de Laranjeira Ñanderu, entre las que se encuentran unos 60 niños, fueron desalojadas el 9 de septiembre. Las familias habían reocupado sus tierras ancestrales en 2007. Ahora están acampadas junto a la carretera B-169, en el municipio de Rio Brilhante, estado de Mato Grosso do Sul, en condiciones extremadamente precarias, sin alimentos, agua corriente ni cobijo adecuado. La policía federal que supervisó el desalojo dijo al propietario que las familias regresarían a recoger sus pertenencias, incluidos los tejados de paja que necesitaban para reconstruir sus chozas junto a la carretera. El propietario de la tierra impidió a las familias regresar a las tierras para recoger sus pertenencias, y luego, dos días después, quemó sus casas y las pertenencias que allí había.
18 diciembre 2012
ACCIÓN URGENTE (FRANCIA): CIENTOS DE PERSONAS EN PELIGRO DE DESALOJO Y TRASLADO EN FRANCIA
Cientos de migrantes y solicitantes de asilo corren peligro inminente de desalojo forzoso de los campamentos próximos a Calais, en el norte de Francia, al haber afirmado las autoridades que la zona sería despejada antes del 25 de septiembre. Si los que solicitan asilo son objeto de devolución, podrían sufrir tortura u otros malos tratos.
Las autoridades francesas han programado varios desalojos forzosos de migrantes y solicitantes de asilo que residen en campamentos improvisados en torno a Calais. Si estas personas son desalojadas por la fuerza, quedarán expuestas a ser detenidas. Algunas podrían incluso enfrentarse a la perspectiva de devolución a Grecia u otro Estado Miembro de la UE, o a su país de origen. Esto puede suponer que no obtengan un examen justo de su solicitud de asilo y queden expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos en Grecia u otros países a los que sean devueltos. Se piensa que algunos de los residentes de estos campamentos proceden de Afganistán. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el gobierno o la policía local haya dado aviso oficial del desalojo.
18 diciembre 2012