Las mujeres defensoras de derechos humanos en Perú están expuestas a diferentes peligros que colocan en riesgo sus vidas. Si bien el Estado no cuenta con un registro oficial de ataques o incidentes en su contra, son cada vez más evidentes y preocupantes los patrones de violencia y el ambiente hostil que enfrentan al defender los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente, los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, los derechos LGTBI, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras de derechos humanos. Por ello, el Estado peruano ha asumido compromisos internacionales y nacionales para asegurar que estas personas puedan realizar su labor en espacios más seguros y adecuados. A fines de abril de este año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Protocolo de Protección a personas defensoras de derechos humanos. Si bien es una herramienta importante, urge avanzar en su implementación para concretar las acciones y procedimientos dirigidos a proteger a quienes defienden los derechos humanos.

Amnistía Internacional hace un llamado al Estado peruano a intensificar sus esfuerzos para reconocer los desafíos y riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras, y garantizar que su labor sea reconocida y respaldada a fin de que puedan defender los derechos humanos sin temor a sufrir ataques y violencia.

“Las mujeres defensoras de los derechos humanos están en primera línea de los movimientos sociales que están impulsando cambios urgentes en nuestra sociedad. Están marcando el camino a seguir para luchar por los derechos humanos. Su labor es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Para ello, el Estado debe implementar, desde el más alto nivel, campañas de reconocimiento y protección para que sus voces no sean acalladas, asegurando que el sistema de justicia no deje impune estas agresiones y no se convierta en un factor más del hostigamiento hacia ellas”, sostuvo Navarro.

En 2017, Amnistía Internacional lanzó Valiente, una Campaña Global que busca que los Estados aseguren que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor en un ambiente seguro y libre de violencia. En Perú, la organización presentó en 2018 el informe “Una Receta para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay”, en el cual expone campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra personas que denuncian violaciones de derechos humanos. En esta fase de la campaña, la organización pone énfasis en el rol de las mujeres defensoras de derechos humanos en toda su diversidad y su aporte en la creación de una sociedad justa e inclusiva.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019, Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/310740/RM_159_2019_JUS.pdf

Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a:

• Establecer un mecanismo nacional de protección integral de los defensores y defensoras de derechos humanos, como se define en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en consulta con ellas
• Implementar un registro de denuncias e incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos con enfoque de género, y elaborar un reporte sobre situaciones de riesgo que permita conocer los patrones de ataques contra estas, con especial énfasis en los impactos diferenciados en las mujeres defensoras de derechos humanos.
• Implementar campañas para reconocer de forma explícita la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, con énfasis en los ataques diferenciados contra las mujeres defensoras.
• Ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe), que proporciona un marco seguro para proteger a las personas defensoras del medio ambiente.