FIRMA CONTRA LA IMPUNIDAD
Las autoridades peruanas quieren acallar a la sociedad civil. El Congreso recientemente ha aprobado el dictamen que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Bajo el argumento de querer fortalecer el trabajo de la APCI, la ley atenta contra el espacio cívico, esencial para la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las autoridades, y la justicia, incrementando el control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y dejando la puerta abierta a restricciones arbitrarias, discrecionalidad y censura.
Las organizaciones de la sociedad civil actualmente rinden cuentas y están bajo procedimientos permanentes de supervisión y fiscalización. Pero, lo que pretende la ley que se ha aprobado, es que todas las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, tengan que ser previamente aprobadas por el estado.
Entre otros puntos, esta ley puede atentar contra el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, como la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia machista, que en el pasado han logrado acceder a la justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley alimenta la impunidad de las autoridades que violan los derechos humanos.
18 marzo 2025
Amicus curiae sobre estándares internacionales aplicables al deber de investigar esterilizaciones forzadas
Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir, además de que las esterilizaciones forzadas o involuntarias constituyen violaciones de los derechos humanos, principalmente derechos sexuales y reproductivos, protegidos en tratados internacionales de los cualesComo parte del trabajo de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional acude a tribunales nacionales e internacionales, como institución amiga de la corte o amicus curiae, para presentar argumentos de facto y de iure sobre temas relevantes de derechos humanos. En ese sentido, hemos presentado al Poder Judicial el presente memorial en calidad de amicus curiae a fin de poner a su disposición elementos técnicos provenientes del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional en relación con el derecho de acceso a la justicia y el deber de investigar y sancionar las esterilizaciones forzadas.
04 julio 2024
Perú. Limitar el derecho de asociación pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos
Amnistía Internacional rechaza la aprobación del dictamen que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por poner en riesgo los derechos a la asociación y libertad de expresión en Perú, debilitando el espacio cívico y, por ende, la participación ciudadana, que son esenciales para la defensa de los derechos humanos.
13 junio 2024
Venezuela: Sociedad civil y voces disidentes enfrentan una incesante escalada de persecución
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ante el aumento de detenciones arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos humanos, activistas de oposición y la elaboración de leyes flagrantemente violatorias de derechos humanos.
16 abril 2024
Américas: Aumento del éxodo de personas venezolanas deja en evidencia el incumplimiento de obligaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Chile
En su nuevo informe publicado hoy, Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas, Amnistía Internacional evidencia que Colombia, Perú, Ecuador y Chile están incumpliendo sus obligaciones bajo el derecho internacional de proteger a quienes huyen de Venezuela para resguardar su vida, integridad y derechos humanos.
“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,71 millones de personas venezolanas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos. El informe analiza las medidas de protección temporal, regularización migratoria y los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado atendiendo a su accesibilidad, alcance y efectividad. En base a esos tres criterios, Amnistía Internacional concluye que ninguno de estos cuatro Estados cumple con sus obligaciones bajo el derecho nacional e internacional de ofrecer protección internacional o protección complementaria a personas venezolanas.
21 septiembre 2023
A 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR, el camino a la justicia es lento y revictimizante
En el vigésimo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Estado peruano, sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Perú, entre los años 1980 y 2000, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el lento y parcial cumplimiento de las recomendaciones formuladas, lo cual se expresa en miles de víctimas y familiares que continúan a la espera de justicia y reparación integral efectiva. Esta situación, sumada a que persisten las condiciones en las que se desarrolló el conflicto armado interno, no permite que se generen las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
28 agosto 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Situación de los derechos humanos de Perú en Examen Periódico Universal. Ante bajo cumplimiento de recomendaciones, Estado peruano no puede seguir retrocediendo
El 25 de enero el Perú será examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), que cada cuatro años evalúa la situación de los derechos humanos de los Estados miembros. Amnistía Internacional ha evaluado la aplicación de las recomendaciones formuladas a Perú en el EPU anterior (2017) y ha registrado un bajo cumplimiento, e incluso retrocesos en materia de derechos humanos. Desde este análisis, la organización ha formulado un conjunto de recomendaciones al Estado peruano.
24 enero 2023
Perú: Retrocesos en materia de derechos humanos: Información para el 42 Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU, 25 de enero de 2023
En este documento, preparado para el examen periódico universal (EPU) al que se someterá Perú el 25 de enero de 2023, Amnistía Internacional evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a Perú en el EPU anterior, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGBTI y defensores y defensoras de los derechos humanos.
08 septiembre 2022
Uso injustificado de estados de emergencia pone en riesgo derechos humanos en Perú
Amnistía Internacional reitera su preocupación por el uso de los estados emergencia en Perú, los cuales en los últimos meses se han decretado y ampliado sin cumplir con los criterios de proporcionalidad, transparencia y sustento. En ese sentido, demandamos su cese inmediato, pues dejan la puerta abierta a la violación de derechos humanos.
13 abril 2022
Convocatoria a jóvenes LGBTIQ+ para el proyecto Diversxs: Fórmate para defender derechos humanos
Decidir a quién amar, cómo te identificas, así como poder disfrutar de una vida libre de violencia y discriminación, son derechos humanos. Sin embargo, en Perú, al igual que en muchos otros países de América Latina y el Caribe, lxs jóvenes están siendo atacadxs por lo que aman, cómo se visten y, en última instancia, por lo que son.
07 febrero 2022
Charla interactiva Bi-sibilizando en la diversidad: retos de la comunidad bisexual
Perú es uno de los países más regresivos de la región y del mundo en materia de legislación y políticas públicas a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+. Dentro de la comunidad LGBTIQ+, uno de los grupos que ha crecido en fuerza, pero aún sigue siendo invisibilizado es la comunidad bisexual. La orientación sexual bisexual ha sido violentada, invisibilizada y excluida, dentro y fuera de la comunidad LGBTIQ+, invalidado sus problemáticas y pasando por desapercibida a negación de sus derechos humanos.
30 septiembre 2021
Ministro de Justicia se reunió con la directora de Amnistía Perú
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sostuvo una reunión con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas en defensa de los derechos humanos.
28 septiembre 2021