Amnistía Internacional advierte que el cierre del espacio cívico también afecta al ámbito artístico y cultural, con censura de obras, cancelación de actividades y obstáculos para la circulación de expresiones críticas.
En los últimos años, el Perú ha experimentado un cierre progresivo del espacio cívico, es decir, de las condiciones que permiten a las personas ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la participación en la vida pública. Este proceso no solo afecta a periodistas, personas defensoras de derechos humanos o a quienes participan en protestas, sino también al ámbito artístico y cultural, donde se han registrado censura de obras, eliminación de contenidos y presiones contra expresiones críticas.
A partir de testimonios de personas afectadas y del análisis de diversos casos recientes, Amnistía Internacional advierte que estas restricciones no constituyen hechos aislados. Por el contrario, responden a prácticas que limitan la circulación de discursos críticos y afectan la posibilidad de preservar y debatir públicamente memorias sobre graves violaciones de derechos humanos.
El informe “El arte y las memorias que el Perú quiere borrar” documenta cómo diferentes formas de censura —directa, previa e indirecta— están siendo utilizadas para restringir la libertad de expresión artística en el país. Estas prácticas incluyen desde la cancelación de exposiciones o actividades culturales hasta la imposición de obstáculos administrativos que desincentivan la creación y promueven la autocensura.
El informe analiza diversos casos recientes que evidencian estas tendencias. Entre ellos se encuentra el retiro de dos obras finalistas del concurso “Puno en el Bicentenario, identidad y cultura” en 2024, que abordaban la represión ocurrida durante las protestas de 2022 y 2023. Las obras fueron excluidas de una exposición programada en la Biblioteca Nacional del Perú sin explicaciones formales ni criterios transparentes, en un contexto que evidenció presiones institucionales.
Asimismo, el informe documenta restricciones en la circulación del documental Uyariy, dirigido por Javier Corcuera, que recoge testimonios de familiares de las víctimas de la represión ocurrida el 9 de enero de 2023 en Juliaca, donde 18 personas murieron tras ser impactadas por proyectiles de arma de fuego durante protestas sociales. Aunque no existió una prohibición formal, cambios de última hora en su programación y difusión limitaron su acceso al público, particularmente en regiones directamente vinculadas a los hechos.
El informe también aborda la eliminación reiterada de murales realizados en memoria del artista Mauricio Ruiz, conocido como Trvko, quien murió tras recibir disparos durante la represión de una protesta el 15 de octubre de 2025. Los murales, realizados por colectivos de arte urbano en el distrito de La Victoria, fueron borrados en dos ocasiones en pocos días, sin notificación previa ni justificación pública. Durante su elaboración se reportó presencia constante de fuerzas del orden y posteriormente actos de hostigamiento administrativo contra integrantes del colectivo artístico.
El informe también examina las tensiones recientes en torno al funcionamiento del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), donde actividades vinculadas a memoria histórica fueron canceladas tras cambios en la dirección institucional, así como las disputas prolongadas en torno al monumento El Ojo que Llora, uno de los principales espacios de memoria sobre el conflicto armado interno en el Perú.
Para Amnistía Internacional, estos casos muestran que el cierre del espacio cívico, que ya afecta gravemente al derecho a la libertad de asociación y al periodismo, se ha extendido al ámbito cultural. La cancelación de actividades, la exclusión de obras y las restricciones a la circulación de contenidos constituyen patrones que reducen los márgenes del debate público y debilitan la pluralidad de voces en la sociedad.
En este contexto, Amnistía Internacional insta al Estado peruano a garantizar condiciones que permitan el libre ejercicio de la libertad de expresión artística, absteniéndose de interferir directa o indirectamente en la circulación de obras por razones vinculadas a su contenido.
Asimismo, recomienda al Congreso abstenerse de aprobar normas que introduzcan restricciones ambiguas o desproporcionadas a la libertad de expresión, y exhorta a las autoridades nacionales y locales a asegurar que los espacios culturales públicos operen bajo criterios de pluralismo, acceso y no discriminación.